Más de 2,5 millones de euros al año para pagar los puestos "a dedo"

R. Travesi / Burgos - domingo, 28 de octubre de 2012

Ayuntamiento. Hay 19 personas con cargos de libre disposición y de confianza, los mismos que existían en 2010. Diputación. Son 13, que van desde el interventor y el tesorero hasta muchos jefes de servicio y el coordinador de residencias

Las administraciones requieren de personas para prestar los servicios. Es personal público. Funcionarios, laborales e interinos con una formación cualificada, que está al servicio de la institución y, por tanto, de los intereses de los ciudadanos. Además, desarrolla su labor con responsabilidad, imparcialidad y objetividad, independientemente del partido político que gobierne en cada momento. Hasta aquí todo normal pero el problema surge cuando hay puestos, casi siempre los más altos, que se rigen por otros criterios y son nombrados ‘a dedo’. Tal cual. La elección de los cargos de libre designación es un procedimiento legal recogido en la provisión de puestos de trabajos en el sector público y del que todas las administraciones, sean de color que sean, hacen uso. Una situación que siempre despierta malestar y críticas entre los partidos de la oposición pero también entre los propios ciudadanos y los sindicatos. Sobre todo, en un momento como el actual en que los recortes se ceban con el personal público, con rebaja de sueldos, amortización de plazas y despido de personal interino. Pero no siempre es fácil calcular el número de personas que ocupa un puesto de libre designación, pese a que la relación de puestos de trabajo del personal laboral y funcionario (RPT) de cada institución debe ser publicada en Boletín Oficial. El Ayuntamiento de Burgos cuenta con 19 cargos elegidos a dedo y de confianza mientras que en la Diputación son 13. En el caso de la institución provincial, son los que aparecen en la RPT, del Boletín de la Provincia del 1 de agosto. Mientras que en el Consistorio de la capital son cálculos de Comisiones Obreras (CC OO), puesto que no hay detalle alguno de los empleados municipales de libre designación. Ambas administraciones destinan cada año unas partidas que superan los 2,5 millones de euros para pagar a estos cargos. A esta cantidad hay que sumar las nóminas de los auxiliares administrativos del personal adscrito a cada partido político con representación y que también abonan el Ayuntamiento y Diputación. Bien es cierto que pese a que son otras 13 personas tienen un sueldo nada comparable con los altos cargos ya que son de poco más de mil euros al mes. El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, apuntaba en una reciente entrevista a este periódico que el tema de los puestos de libre designación no aportaba nada desde el punto de vista cuantitativo. «Las personas que ocupan estos cargos son funcionarios de carrera que cubren la plaza o por oposición o por libre designación. Si mañana cambiamos la relación de puestos de trabajo y donde pone LD (libre disposición) ponemos CO (concurso oposición) no cambia nada desde el punto de vista económico, porque el funcionario seguirá cobrando exactamente lo mismo», afirmaba. Y añadía que le parecía curioso que hablaran de estos asuntos personas que habían creado estos puestos. En cuanto a los cargos de confianza, Lacalle aseguraba que Burgos es de los ayuntamientos, con 180.000 habitantes, que menos tenía en Castilla y León y en España. Citaba solo los casos del Gabinete de Alcaldía y el jefe de Prensa. En cambio, el concejal del Partido Socialista, Carlos Mahamud, muestra su rechazo a este tipo de cargos porque su elección supone un incremento muy significativo de su salario respecto al de su puesto normal anterior, ya que ahí está el atractivo. A su juicio, en un momento actual de estrecheces económicas para las arcas locales prescindir de muchas de estas personas ahorraría importantes cantidades. Pero Mahamud ofrece más argumentos como que siempre hay un «peligro» del trabajador nombrado a dedo. «Cabe la posibilidad de que gente de confianza que nombra el equipo de Gobierno pueda perder la objetividad al existir esa relación», precisa. Además, considera que es un «desprecio» a los funcionarios que trabajan en el Ayuntamiento y una «falta de confianza» en la plantilla existente. De ahí que se pregunte por qué no abren un proceso interno que permita que los funcionarios opten a esas plazas. El Partido Castellano (PCAS-Burgos) calcula que los cargos de libre designación y de confianza rondan la treintena en el Ayuntamiento y que suponen un desembolso de 2 millones de euros. Hace unos meses, tal y como explica Domingo Hernando, solicitaron la eliminación de todos esos puestos ya que sus funciones podían ser realizadas sin la menor dificultad por el personal funcionario y laboral del Consistorio. Era una de las medidas de austeridad que exigía al equipo de Gobierno porque «Lacalle no puede reclamar a la ciudadanía austeridad, subida de tasas e impuestos municipales, o recortes en la prestación de los servicios municipales, mientras los privilegiados ediles del Ayuntamiento y los numerosos cargos de libre designación, elegidos a dedo por criterios políticos y no por razones técnicas o laborales, continúan disfrutando de prebendas y retribuciones muy alejadas del burgalés medio». El responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO, Ángel Citores, afirma que «no tiene sentido mantener esos puestos con esos salarios» y aboga porque esas plazas salgan en concursos reglamentarios y con un salario acorde. «El mantenimiento de cargos de libre designación casa muy mal con las bajadas de sueldos al personal público, el despido de interinos y el no cubrir vacantes», manifiesta. Es algo que viene de lejos y que su sindicato siempre ha criticado con los equipos de Gobierno de diferentes partidos, aunque reconoce que el número aumentó desde la etapa de Aparicio. En su momento, dice que la elección de estos puestos era para tener los mejores técnicos pero, añade, que no ve normal que haya tantas diferencias de sueldos entre los puestos básicos y los de alto rango.
Fuente: Diario de Burgos