Los inmigrantes auguran un colapso del Servicio de Urgencias
Creen que será la principal consecuencia de la supresión de las tarjetas sanitarias y solicitan a la Junta que valore alternativas como la atención vinculada al padrón
Dom, 02/09/2012
L. B. / Burgos
La Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados de España (Ferine) lo tiene claro. La principal consecuencia de la entrada en vigor ayer del decreto que anula las tarjetas sanitarias a los extranjeros en situación irregular será el colapso del Servicio de Urgencias, al que acudirán para percibir la atención gratuita que se les negará en los centros de salud.
Así lo auguró el máximo representante de esta agrupación en Burgos, Moustapha Cisse, que tildaba de «injusta» la medida ya que «vulnera el derecho fundamental de acceso a la salud».
Cisse hacía estas declaraciones antes de dirigirse a la Subdelegación del Gobierno donde lideró una concentración de protesta a la que se sumaba medio centenar de personas, representantes de diversos colectivos sociales de la ciudad.
Además, desde Ferine -de la que Cisse es también vicepresidente nacional- lamentan la «confusión» que aún existe sobre cómo se aplicará la normativa. Más allá de las diferencias entre comunidades autónomas, la agrupación de inmigrantes considera que en Castilla y León no está definido el mecanismo a seguir. «Dicen que la factura se va a pasar al país de origen pero eso no tiene mucho sentido porque para hacerlo se necesitan convenios bilaterales y en el caso del continente africano apenas existen con un par de estados», señaló Cisse, que invitó a la Administración regional a dialogar «para buscar un punto intermedio».
Incluso se mostró partidario de medidas como las anunciadas en otras regiones que suavizan el decreto al vincular la atención gratuita a un plazo mínimo de empadronamiento. «Quizá sea una buena fórmula para evitar esos abusos que denuncian», valoró.
Con todo, recordó que la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria estima que el volumen de inmigrantes en situación irregular que acuden a Atención Primaria apenas alcanza el 5% del total.
Cisse mostró también su agradecimiento a los profesionales que se han declarado objetores de conciencia, un centenar en Castilla y León. No obstante, aseguró en este sentido que tampoco está claro cómo acceder a los que sí están dispuestos a prestar asistencia médica sin emitir una factura.
La Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados de España (Ferine) lo tiene claro. La principal consecuencia de la entrada en vigor ayer del decreto que anula las tarjetas sanitarias a los extranjeros en situación irregular será el colapso del Servicio de Urgencias, al que acudirán para percibir la atención gratuita que se les negará en los centros de salud.
Así lo auguró el máximo representante de esta agrupación en Burgos, Moustapha Cisse, que tildaba de «injusta» la medida ya que «vulnera el derecho fundamental de acceso a la salud».
Cisse hacía estas declaraciones antes de dirigirse a la Subdelegación del Gobierno donde lideró una concentración de protesta a la que se sumaba medio centenar de personas, representantes de diversos colectivos sociales de la ciudad.
Además, desde Ferine -de la que Cisse es también vicepresidente nacional- lamentan la «confusión» que aún existe sobre cómo se aplicará la normativa. Más allá de las diferencias entre comunidades autónomas, la agrupación de inmigrantes considera que en Castilla y León no está definido el mecanismo a seguir. «Dicen que la factura se va a pasar al país de origen pero eso no tiene mucho sentido porque para hacerlo se necesitan convenios bilaterales y en el caso del continente africano apenas existen con un par de estados», señaló Cisse, que invitó a la Administración regional a dialogar «para buscar un punto intermedio».
Incluso se mostró partidario de medidas como las anunciadas en otras regiones que suavizan el decreto al vincular la atención gratuita a un plazo mínimo de empadronamiento. «Quizá sea una buena fórmula para evitar esos abusos que denuncian», valoró.
Con todo, recordó que la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria estima que el volumen de inmigrantes en situación irregular que acuden a Atención Primaria apenas alcanza el 5% del total.
Cisse mostró también su agradecimiento a los profesionales que se han declarado objetores de conciencia, un centenar en Castilla y León. No obstante, aseguró en este sentido que tampoco está claro cómo acceder a los que sí están dispuestos a prestar asistencia médica sin emitir una factura.
Fuente: Correo de Burgos
