Un vertedero lleno y «secuestrado»
Á.M-H.J./ Burgos - viernes, 04 de octubre de 2013
Abajas se llenará en diciembre y todavía no se ha acometido la ampliación porque los terrenos están embargados
La ampliación del vertedero de Abajas, que a finales de 2012 cumplió su primera década de uso y está a punto de alcanzar su capacidad máxima de vertido (solo tiene espacio hasta diciembre), sigue enfangada en un complicado proceso en el que convergen intereses económicos y condicionantes técnicos.
Con el vaso de vertido prácticamente colmatado, al Ayuntamiento (y a toda la provincia porque se vierten los rechazos de todo Burgos) le urge una ampliación que pensaba acometer con sus propios medios pero que ahora ha cambiado de planteamiento: será la empresa adjudicataria de la explotación la que aborde unos trabajos que permitirán ganar un 15% (algo autorizado sin que se considere una «modificación sustancial» de la licencia ambiental inicial)y dos años de margen hasta abordar la ampliación final.
Según explica la concejala de Medio Ambiente, Carolina Blasco, esto permitirá al Ayuntamiento ahorrarse los 300.000 euros previstos para la actuación provisional y mientras tanto la UTE Valle del Lora (compuesta por Arranz Acinas, Copsa y Acciona) seguirá cobrando un canon por el vertido mediante un acuerdo de continuidad en la prestación del servicio, por mucho que el contrato esté finalizado desde noviembre de 2012. Pero esa decisión no ha sido ni voluntaria ni espontánea.
A finales de julio este periódico reveló la existencia de una deuda con la Hacienda estatal de la Unión Temporal de Empresas que gestiona el vertedero. Según reconocen todos los agentes implicados, concretamente sería Arranz Acinas (las otras dos empresas son Copsa y Acciona) la firma que catalizó el embargo. Pero, además de Hacienda, la Seguridad Social y un Juzgado de Burgos (el de lo Social) también están intentando cobrar de la empresa, y lo que ha sucedido es que Abajas ha quedado embargado. Eso impide cumplir el contrato (que expiró en noviembre de 2012) y revertir la propiedad al Ayuntamiento, donde trabajan en aclarar que se trata de «bienes de dominio público» y, por tanto, «inembargables».
Tarde y mal. Mientras se intentaba dar con una solución el tiempo ha ido pasando y la ampliación del vertedero implica la obtención de una acreditación ambiental de la Junta que tardaría más de un año en tramitar. Podría haberse hecho en tiempo «si se hubiera trabajado con previsión, porque el contrato acabó hace un año y el vertedero se embargó en junio», explica José María Jiménez, portavoz del PSOE municipal en la comisión de Medio Ambiente.
Así que, más que una elección, la decisión tomada para hacer un ‘avance’ del 15% y aliviar el vaso actual (que según algunas fuentes estará saturado en cuestión de días), ha sido una obligación. Eso supondrá «que la UTE continuará prestando el servicio sin contrato y, además, prácticamente hasta que le dé la gana», continúa Jiménez, para quien el Ayuntamiento «debería llevar a Arranz a los tribunales para obligarles a saldar las deudas que han generado el embargo y así disponer del vertedero para hacer las cosas como deberían haberse hecho hace más de un año». En su opinión, lo que ha ocurrido es un «secuestro de un bien público con el que la UTE está encantada porque sigue cobrando cada mes por unos trabajos que no tiene legalmente adjudicados».
En los mismos términos se manifiesta el edil de IU, Raúl Salinero, para quien «la empresa ha jugado magistralmente sus cartas forzando al Ayuntamiento a prolongarles un contrato al que ya no tenían derecho», y vaticina que en «un año y medio, que es lo que va a durar esa ampliación del 15%, volveremos a estar igual».
Fuente: Diario de burgos
