El Procurador del Común pide explicaciones sobre los consorcios de Burgos
Á.M / Burgos - jueves, 24 de abril de 2014
Solicita información para saber si se deben acoger a la nueva Ley de Sostenibilidad • Sería la sentencia de muerte para las arcas locales
En junio de 2013 un ciudadano de Burgos elevó al Procurador del Común de Castilla y León (Javier Amoedo) una queja en la que, según recogió el organismo, se ponía de manifiesto la «presunta falta de transparencia» de las cuentas de los dos grandes consorcios de la ciudad: el del desvío ferroviario y el de Villalonquéjar. Eso, continúa el escrito, impedía saber con certeza a cuánto ascienden las deudas de ambos entes y cuál es su verdadera situación financiera.
No ha sido necesario esperar mucho tiempo para tener respuesta a esas preguntas: ambos han tenido que ser rescatados por el Ayuntamiento (con dinero del presupuesto municipal) para poder, simplemente, seguir existiendo. Sin embargo, la queja fue presentada conforme a los requisitos establecidos y el Procurador decidió dar trámite a la cuestión, solicitando la documentación oportuna para radiografiar los consorcios.
A pesar de que el plazo para contestar era de un mes, en noviembre los datos seguían sin obrar en manos del Procurador y lo más que se le había remitido era un escrito en el que se pedía a los consorcios que contestaran. Amoedo advirtió que la documentación debía obrar sí o sí en el Ayuntamiento y volvió a requerir su envío. Finalmente, y con fecha 4 de diciembre de 2013, se remitió una respuesta en la que se señalaba que ninguno de los dos consorcios eran personalidades jurídicas propias independientes del Ayuntamiento de Burgos.
Pero llegó un cambio sustancial: la entrada en vigor, a finales de ese mismo mes, de la denominada Ley de Racionalización y Sostenibilidad, que entre otras muchas cosas pretende poner coto a los entes instrumentales utilizados por las administraciones para ventilar inversiones multimillonarias sin estar sujetos a los estrictos procedimientos de la administración pura.
Así que, en marzo de 2014, Amoedo contraatacó explicando algo que en el Ayuntamiento ya saben: la Ley ha cambiado y no permite fiestas. Para empezar, ahora exige que los consorcios estén adscritos a una administración (en este caso la municipal por ser la única vinculada), y eso obliga a modificar los estatutos antes de finales de este año.
Pero lo verdaderamente peligroso es que eso obligaría a que pasaran a estar, desde el uno de enero, bajo el régimen presupuestario, contable y de intervención del, en este caso, Ayuntamiento. Teniendo en cuenta que el de Villalonquéjar debe 96 millones y el del desvío 167, el impacto de la aplicación de esta Ley sería brutal para la ciudad.
Esos más de 260 millones pasarían a computar como deuda municipal, lo que colapsaría toda capacidad de inversión y casi de gestión durante años. Quizás durante décadas. Además, obligaría a incrementar exponencialmente los ingresos (más impuestos) y se entraría en una situación de práctica ingobernabilidad.
La única salida
La tabla de salvación que hay en ese mar de dudas jurídicas es una disposición adicional (la decimocuarta) que exime de acoplarse a esta Ley a los consorcios que no sean administración a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, estén participados por entidades locales y entidades privadas (esto dejaría de ocurrir si se disolvieran) y no estén incursos en pérdidas durante dos ejercicios consecutivos ni hayan recibido subvenciones públicas en los cinco años anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Sostenibilidad.
¿Están los consorcios de Burgos en ese contexto de exención? Pues eso es, precisamente, lo que el Procurador del Común no tiene claro y quiere saber. Son dudas, dicho sea de paso, que comparten en el área de Intervención del Ayuntamiento de Burgos y no pocos juristas especializados en la materia.
«Para que continúen rigiéndose por lo previsto en sus estatutos deberán cumplir todas las condiciones expresadas, todo lo cual no puede deducirse de la información facilitada por ese Ayuntamiento», advierte Amoedo en su último escrito, al que ha tenido acceso este periódico.
Por ese motivo, terminó solicitando que se promueva en ambos consorcios un examen de concurrencia de los requisitos exigidos por la Ley. Por el momento, todo lo que se ha hecho es contestar desde el ente que gestiona la ampliación del polígono de Villalonquéjar que se elevó una consulta a la Dirección General de Tributos de la Junta de Castilla y León que, a su vez, la cotejó con la «oficina virtual para la coordinación financiera con las entidades locales» de la que todo lo que se desprende es que dicho consorcio «no aparece dentro de las entidades adscritas al Ayuntamiento de Burgos», algo que no contesta a las muchas dudas que planean sobre esta cuestión. Incluyendo las del Procurador del Común.
Fuente: Diario de Burgos
