Fomento ha pagado ya 115 millones por el desvío, 106 más de lo pactado
P.C.P. / Burgos - miércoles, 29 de abril de 2015
La factura subirá, debido a las sentencias ganadas por las constructoras. El convenio de 1998 fijaba una aportación estatal líquida de 9 millones y un presupuesto estimado de 114
La Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento ha pagado ya más de 115 millones de euros por el desvío ferroviario en Burgos, lo que supone 106 millones más de los que el Estado se comprometió a asumir en el convenio firmado en 1998 con la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento y cuya renegociación lleva pendiente años.
El desembolso incluye todas las obligaciones reconocidas desde 1997 hasta 2014, que concretamente suman 105.504.370 euros. Así se lo ha hecho saber el Ejecutivo central al senador socialistas Ander Gil, en respuesta a una pregunta formulada en la Cámara Alta. En los datos, desagregados por años, se puede comprobar que después de las conclusión de las obras se han seguido pagando cantidades importantes. El máximo desembolso se realizó en 2008, año de inauguración de la variante, con 19,5 millones; pero el segundo mayor se ha ejecutado en 2014, con 18,8 millones.
Y la cuenta termina ahí, puesto que este ejercicio deberá afrontar el pago de las cantidades que las empresas adjudicatarias han reclamado en los tribunales, aunque en los Presupuestos Generales del Estado de 2015 no se recoge cantidad alguna. Varias sentencias se han dictado ya en los últimos meses y quedan aún otras pendientes, por ejemplo la relacionada con la obra de la estación Rosa de Lima, por lo que la factura seguirá engordando, sin que nadie se atreva a cerrar una cifra final. Los tribunales responsabilizan de estos pagos a Fomento porque fue el organismo que contrató las obras, con independencia de que posteriormente pueda repercutir esas deudas contra las arcas municipales.
En 2008, el Ministerio calculaba la inversión necesaria para sufragar todo el proyecto en 242 millones, frente a los 114 que como cantidad límite se recogían en el convenio (19.000 millones de pesetas). El sobrecoste sería entonces de 128 millones, aunque estimaciones posteriores -no oficializadas- disparaba el mismo hasta los 150-200 millones.
Es de sobra conocido que el Ayuntamiento de Burgos tendrá -por aquel infausto acuerdo- que asumir todas las cantidades que superen esos 114 millones. Como también se sabe que la administración local dejó de hacer frente en 2008 a muchas de sus obligaciones, no solo las certificaciones de obra correspondientes a los contratos inicialmente adjudicados, sino con respecto a los muchos modificados posteriores, a la adaptación del proyecto a la alta velocidad, a la inclusión de la tercera vía...
LO FIRMADO EN 1998
El desembolso incluye todas las obligaciones reconocidas desde 1997 hasta 2014, que concretamente suman 105.504.370 euros. Así se lo ha hecho saber el Ejecutivo central al senador socialistas Ander Gil, en respuesta a una pregunta formulada en la Cámara Alta. En los datos, desagregados por años, se puede comprobar que después de las conclusión de las obras se han seguido pagando cantidades importantes. El máximo desembolso se realizó en 2008, año de inauguración de la variante, con 19,5 millones; pero el segundo mayor se ha ejecutado en 2014, con 18,8 millones.
Y la cuenta termina ahí, puesto que este ejercicio deberá afrontar el pago de las cantidades que las empresas adjudicatarias han reclamado en los tribunales, aunque en los Presupuestos Generales del Estado de 2015 no se recoge cantidad alguna. Varias sentencias se han dictado ya en los últimos meses y quedan aún otras pendientes, por ejemplo la relacionada con la obra de la estación Rosa de Lima, por lo que la factura seguirá engordando, sin que nadie se atreva a cerrar una cifra final. Los tribunales responsabilizan de estos pagos a Fomento porque fue el organismo que contrató las obras, con independencia de que posteriormente pueda repercutir esas deudas contra las arcas municipales.
En 2008, el Ministerio calculaba la inversión necesaria para sufragar todo el proyecto en 242 millones, frente a los 114 que como cantidad límite se recogían en el convenio (19.000 millones de pesetas). El sobrecoste sería entonces de 128 millones, aunque estimaciones posteriores -no oficializadas- disparaba el mismo hasta los 150-200 millones.
Es de sobra conocido que el Ayuntamiento de Burgos tendrá -por aquel infausto acuerdo- que asumir todas las cantidades que superen esos 114 millones. Como también se sabe que la administración local dejó de hacer frente en 2008 a muchas de sus obligaciones, no solo las certificaciones de obra correspondientes a los contratos inicialmente adjudicados, sino con respecto a los muchos modificados posteriores, a la adaptación del proyecto a la alta velocidad, a la inclusión de la tercera vía...
LO FIRMADO EN 1998
El convenio, que se firmó tras el acuerdo de todos los grupos con representación en el Ayuntamiento (hubo 3 abstenciones de concejales de IU)y con Valentín Niño de alcalde, establece que Fomento aporta los terrenos liberados por la construcción de la variante, valorados entonces en 48 millones de euros, más l parte correspondiente hasta llegar al 50% del coste total estimado de la obra. Esto es, 9 millones en dinero contante y sonante.El Ejecutivo regional y el municipal se dividen a partes iguales la otra mitad, lo que supone 28,5 millones cada uno.
Añadía que el valor de los terrenos cedidos por el Ministerio debía ser adelantado por el Ayuntamiento, que supuestamente iba a recuperarlo a medida que estos quedaran liberados.En 2008, la sociedad estatal Segipsa recalculó los ingresos que la ciudad podía obtener por ellos, para elevarlos a 135 millones. Con esas cuentas de la lechera, Burgos tenía suficiente para compensar el sobrecoste, sin incrementar su aportación neta (en euros).
Pero un informe encargado por el Ayuntamiento a Tinsa tasó esos suelos en 76 millones, casi 60 menos.Tras recibir el documento, la ciudad se plantó y dejó de pagar. Después, la burbuja inmobiliaria estalló, el mercado inmobiliario se durmió y la factura del desvío no ha cesado de crecer, pese a que la obra concluyó hace 7 años.
Añadía que el valor de los terrenos cedidos por el Ministerio debía ser adelantado por el Ayuntamiento, que supuestamente iba a recuperarlo a medida que estos quedaran liberados.En 2008, la sociedad estatal Segipsa recalculó los ingresos que la ciudad podía obtener por ellos, para elevarlos a 135 millones. Con esas cuentas de la lechera, Burgos tenía suficiente para compensar el sobrecoste, sin incrementar su aportación neta (en euros).
Pero un informe encargado por el Ayuntamiento a Tinsa tasó esos suelos en 76 millones, casi 60 menos.Tras recibir el documento, la ciudad se plantó y dejó de pagar. Después, la burbuja inmobiliaria estalló, el mercado inmobiliario se durmió y la factura del desvío no ha cesado de crecer, pese a que la obra concluyó hace 7 años.
Fuente: Diario de Burgos
