Balanzas fiscales, desequilibrios territoriales e injusticias históricas
El pasado miércoles, el Ministerio de Cristóbal Montoro hizo públicas las denominadas “Balances Fiscales de las Comunidades Autónomas con la Administración Central”, que aunque son variables según los criterios elegidos para su elaboración, pretenden medir la diferencia entre lo que reciben los residentes de cada Comunidad Autónoma española del Gobierno Central, y los impuestos que pagan para financiarla.
Los resultados son, en trazos gruesos, bastante conocidos desde hace tiempo; las Comunidades más pobres (noroeste, centro y sur) reciben un saldo fiscal positivo de aproximadamente 26.000 millones de euros, mientras que las más ricas (Cataluña, Valencia, Baleares y especialmente Madrid) mantienes un saldo fiscal negativo de casi 29.000 millones de euros. Y junto a este panorama global, destacan las excepciones del País Vasco y Navarra, que gracias a su sistema foral y a sus Conciertos Económicos, a pesar de ser los territorios con mayor renta per cápita del Estado (más de 30.000 euros al año, el doble que Extremadura), son beneficiarios netos de la caja central, por un importe superior a los 1.600 millones de euros anuales.
Una primera aproximación es obvia. Los territorios donde viven ciudadanos más ricos (salvo los casos citados del País Vasco y Navarra), pagan más impuestos y los territorios donde viven ciudadanos más pobres pagan menos; el Estado acaba por tanto realizando un proceso de redistribución de la riqueza. Aunque profundizando en los datos, parece que no lo hace tan bien, ya que tras 35 años de Estado Autonómico, las desigualdades de renta entre comunidades autónomas, lejos de haberse reducido, se han mantenido y en algunos casos, incluso han aumentado. Las inversiones y el efecto de reequilibrio territorial del Gobierno Central son manifiestamente ineficientes, si su objetivo es buscar una convergencia de la renta real de los ciudadanos españoles con independencia de donde vivan. Y ello a pesar de que, en los casi 30 años de nuestra pertenencia a la Unión Europea, nos hemos beneficiado de un saldo neto favorable de aproximadamente 90.000 millones de euros, que si han tenido un efecto de reequilibrio territorial importante dentro de España, ya que fondos estructurales y fondos de cohesión se han ejecutado de manera prioritaria en las comunidades españolas más desfavorecidas.
Sin embargo, la publicación de las Balanzas Fiscales, no aborda otros flujos entre las Comunidades y el Conjunto del Estado, que aunque no son de carácter fiscal, también pueden ser medidos en términos económicos. Así si hablamos de flujos interiores de población, de materias primas (agropecuarios, mineras, forestales), del agua, de la energía, de los depósitos bancarios, de la tributación de las empresas y sociedades, etc… observamos como a lo largo de los últimos 150 años (por lo menos), Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla, Extremadura y Galicia, a través de las políticas impulsadas unilateralmente por el Gobierno Central, derivaron esos recursos básicamente hacia el País Vasco, Cataluña y Madrid.
Resumiendo, territorios como Andalucía, Extremadura, las dos mesetas castellanas o Galicia, que hoy son directamente beneficiarios del saldo fiscal del Estado (originado fundamentalmente por Madrid y en menor medida por Cataluña), han contribuido con sus materias primas, su mano de obra, su energía o sus depósitos bancarios al desarrollo industrial y empresarial de Cataluña, País Vasco y Madrid, a sus elevadas rentas per cápita y a sus infraestructuras. Solo País Vasco y Navarra, nuevamente gracias a sus privilegios forales, han salido beneficiados durante estos 150 años, tanto de los flujos económicos como de los fiscales, procedentes de otros territorios más empobrecidos del Estado.
Sin embargo, a un castellanista como yo, le interesa sobremanera saber cuál ha sido el efecto de todo este proceso de movimientos económicos sobre Castilla, que comparte territorios empobrecidos como Castilla-La Mancha y Castilla y León, con comunidades prósperas económicamente como Madrid.
Si nos atenemos a las Balanzas Fiscales, el conjunto de las cinco comunidades autónomas castellanas, recibe del Estado Central 10.534 millones de euros menos de lo que aporta (sigue siendo el mayor contribuyente neto de toda España, por encima de los 8.455 millones de euros de Cataluña), pero además su saldo respecto a los flujos económicos no fiscales con el Estado es también claramente negativo. Así, el conjunto de Castilla, que en 1900 representaba el 27% de la población española, hoy solo alberga al 24% de la misma, es productor neto de energía, de materias primas agrarias, ganaderas y mineras, es un territorio exportador de agua a otras cuencas hidrográficas, (en los últimos 35 años, casi 20.000 hectómetros cúbicos) y cuenta con casi el 40% de la superficie forestal española, algo clave a la hora, por ejemplo de frenar emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar los efectos del cambio climático.
Castilla hoy, como lleva ocurriendo desde la derrota de Villalar en 1521, es el soporte en que se han impulsado económicamente los diferentes gobernantes de España para desarrollar sus políticas, y como entonces, Castilla sigue siendo un “enano político”, troceada en varias comunidades autónomas, de bajo nivel competencial, escasamente conflictivas y con un peso político nulo a la hora de poder condicionar las decisiones del Estado a favor de sus propios intereses.
Fuente: Blog de Luis Marcos
