ESTOS DÍAS SON MUCHOS los que han hecho cuentas. Según el estudio ‘think tank’ de Civismo los españoles dedican de media 6 meses para cumplir con sus obligaciones fiscales. En concreto 184 días de trabajo de un español, de media, son para la gestión de lo público. Lo dividen en 102 días de labor para las aportaciones a la Seguridad Social, 41 para pagar el IRPF, 25 para el IVA, 11 para impuestos especiales y cinco días para otro tipo de impuestos.
No es criticable tener impuestos altos si estos redundan en unos servicios públicos de calidad. Es un modelo que en el norte de Europa no funciona tan mal. El problema quizás radique en la gestión que se hace de la cosa pública donde en algunas ocasiones el ciudadano ocupa un papel secundario tanto para los gestores como para los propios ciudadanos que hasta que no han visto menguados algunos de sus servicios no se han planteado qué se hace con sus impuestos.
Recordar de dónde proceden quizás también lo olvidaron en tiempos de bonanza los gestores y políticos que iniciaron proyectos megalómanos que hoy no hubieran tenido el rotulador rojo de urgencia. Es cierto que el paro es un lastre para las familias, pero también para el Estado del Bienestar que ve reducidas sus aportaciones y por tanto sus fondos. La elección del destino es política y puede gustar más o menos y de ahí el espíritu de protesta continua de un ciudadano que trabaja medio año para cumplir con sus obligaciones pero solo cuenta con unas pocas ocasiones para decidir algo, la elecciones para elegir a los gestores cada cuatro años en las diferentes administraciones.
El ciudadano ve cómo aumenta su carga fiscal pero el número de médicos o profesores se recuce. Qué decir tiene la reducción de aportaciones en otras áreas. Por ejemplo en investigación. Es triste ver que científicos formados en España se ven obligados a irse a otro país a investigar. Tras los muchos fondos públicos destinados a su formación acaban aportando riqueza en su nuevo destino, pongamos por cado que Alemania donde ingenieros y enfermeras españoles están muy bien cotizados. Fondos públicos, del medio año que aporta de media un español que trabaja, de los que se benefician otros ciudadanos que no han puesto un duro. Mejor dicho un euro.
No es criticable tener impuestos altos si estos redundan en unos servicios públicos de calidad. Es un modelo que en el norte de Europa no funciona tan mal. El problema quizás radique en la gestión que se hace de la cosa pública donde en algunas ocasiones el ciudadano ocupa un papel secundario tanto para los gestores como para los propios ciudadanos que hasta que no han visto menguados algunos de sus servicios no se han planteado qué se hace con sus impuestos.
Recordar de dónde proceden quizás también lo olvidaron en tiempos de bonanza los gestores y políticos que iniciaron proyectos megalómanos que hoy no hubieran tenido el rotulador rojo de urgencia. Es cierto que el paro es un lastre para las familias, pero también para el Estado del Bienestar que ve reducidas sus aportaciones y por tanto sus fondos. La elección del destino es política y puede gustar más o menos y de ahí el espíritu de protesta continua de un ciudadano que trabaja medio año para cumplir con sus obligaciones pero solo cuenta con unas pocas ocasiones para decidir algo, la elecciones para elegir a los gestores cada cuatro años en las diferentes administraciones.
El ciudadano ve cómo aumenta su carga fiscal pero el número de médicos o profesores se recuce. Qué decir tiene la reducción de aportaciones en otras áreas. Por ejemplo en investigación. Es triste ver que científicos formados en España se ven obligados a irse a otro país a investigar. Tras los muchos fondos públicos destinados a su formación acaban aportando riqueza en su nuevo destino, pongamos por cado que Alemania donde ingenieros y enfermeras españoles están muy bien cotizados. Fondos públicos, del medio año que aporta de media un español que trabaja, de los que se benefician otros ciudadanos que no han puesto un duro. Mejor dicho un euro.
Por Marta Casado
Fuente: Correo de Burgos
