EL DOBLE RASERO
Imputado
No parece que los partidos políticos se vayan a poner de acuerdo en
establecer un criterio único sobre qué hacer cuando hay una persona de
sus respectivas formaciones políticas que está imputada en un
procedimiento judicial. Sería bueno, incluso obligado, que todos
firmaran un pacto en el que dejaran constancia de qué pasos se deben
seguir, qué se debe hacer cuando hay un político imputado.
Por
supuesto, y esto es lo más sorprendente de todo, no es igual el imputado
del partido rival que el del propio partido. Con ese pacto, estas
diferencias para establecer la gravedad de una imputación se
eliminarían, pues habría un criterio unitario. Así podrían responder a
preguntas que han surgido estos días sobre si una concejal, pongamos que
hablo de Madrid, debe dejar o no su cargo por una imputación anterior
al desempeño de su responsabilidad. O qué se hace, como también ha
sucedido estos días, cuando los tribunales han absuelto a un político
acusado de un supuesto chantaje, en este caso vinculado a Caja Navarra,
que dimitió cuando comenzó el caso.
Es prácticamente imposible que
ese hipotético pacto se pudiera firmar porque las imputaciones de los
integrantes de un partido son, en realidad, las oportunidades de sus
contrarios, pese a que ese debería ser uno de los principales objetivos
de un partido político, cuidar y vigilar hasta el extremo la honestidad
de quienes lo forman, no solamente la del resto de partidos.
No
obstante, y en esto sí que pueden y deben ponerse de acuerdo los
partidos, sería necesario que hubiera un pacto de mínimos que
permitiera, y obligara a la vez, llevar a cabo medidas cautelares dentro
de los partidos cuando aparecieran imputaciones. Porque igual de justo
es que se aparte a un político cuando se le va a sentar en el banquillo
de los acusados, igual de injusto es cuando su caso se sobresee o se le
absuelve de todos los cargos y se actúa como si no hubiera pasado nada.
No
sé si tendrá futuro ese cambio propuesto de llamar investigado al
imputado, pero no parece que sea un término muy riguroso con la
situación procesal de quien tiene que acudir ante el juez, con la
asistencia de un abogado, para responder sobre una serie hechos,
posiblemente delictivos, que se le achacan. Precisamente es fruto de esa
investigación judicial y policial la que le ha llevado a esa situación.
Fuente: Correo de Burgos
