El Consultivo "juzgará" la anulación del pago de la factura de T-Systems
Á.M / Burgos - martes, 18 de junio de 2013
El PP aprueba en Hacienda remitir al Consejo la derogación de la orden dada por la Junta de Gobierno en 2010 de pagar 460.000 euros sin contrato ni proceso que justificara el abono
«Se tomó un acuerdo que era nulo e incumplía los preceptos económicos».
El actual concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, no oculta que
«nunca se debió llevar» a la Junta de Gobierno local, en diciembre de
2010, la orden del pago de 460.000 euros a la empresa T-Systems, un
hecho que ha abierto un caso por el que el PSOE anunció una querella
contra el vicealcalde, Ángel Ibáñez, que no ha presentado.
Como es sabido, la empresa reclama desde hace años el abono de esa cantidad por la ejecución de una serie de trabajos en materia informática para los que, como rezan los informes de los técnicos, había «falta de crédito» para pagar, hubo «falta total y absoluta de garantía de procedimiento de modificación del contrato» (se supone que dichos trabajo se hicieron a mayores y, según la versión de la empresa, por petición municipal) y «falta total y absoluta de procedimiento de fiscalización». Vamos, que no se respetó ni por aproximación lo que dicta la Ley.
Sin embargo, el por entonces concejal de Hacienda, Ángel Ibáñez, firmó un acta tras una reunión con la empresa en la que reconocía el pago, y posteriormente lo llevó para su aprobación a la Junta de Gobierno en diciembre de 2010. Y así se hizo: casi todo el Ejecutivo de Aparicio estaba allí.
La complicación
El problema vino cuando, a la hora de pagar, los funcionarios se negaron a acreditar que dicho abono fuera pertinente al carecer de un procedimiento que lo legitimara. La empresa reclamó, los técnicos se volvieron a reafirmar en que no se puede pagar algo al margen de la legalidad, la empresa volvió a reclamar... Y así hasta que, en mayo, el actual Ejecutivo inició el procedimiento para anular la factura.
T-Systems alegó a ese proceso. En su escrito, al que ha accedido DB, aseguran que los trabajos se hicieron, que los encargó el Ayuntamiento, que «la suspensión carece del debido fundamento legal», que ha habido «obstrucción» por parte del Consistorio, que se ha producido un «total, radical y absoluto desprecio al procedimiento establecido» y que «ahora pretende beneficiarse (el Ayuntamiento) de su irregular comportamiento», motivos por los que anuncian medidas legales para defender el cobro, los daños y perjuicios y los intereses.
Uno de los argumentos manejados para intentar la anulación es que el contrato no permitía ejecutar trabajos más allá de lo firmado. Sin embargo, T-Systems asegura que sí se le pagaron 50.000 euros por otros trabajos complementarios que tampoco estaban contratados. Hay, por tanto, un precedente.
Sea como fuere, el PP sigue adelante y acordó remitir el expediente de anulación al Consejo Consultivo, que deberá decir si procede o no anular el pago.
Fuente: Diario de Burgos
Como es sabido, la empresa reclama desde hace años el abono de esa cantidad por la ejecución de una serie de trabajos en materia informática para los que, como rezan los informes de los técnicos, había «falta de crédito» para pagar, hubo «falta total y absoluta de garantía de procedimiento de modificación del contrato» (se supone que dichos trabajo se hicieron a mayores y, según la versión de la empresa, por petición municipal) y «falta total y absoluta de procedimiento de fiscalización». Vamos, que no se respetó ni por aproximación lo que dicta la Ley.
Sin embargo, el por entonces concejal de Hacienda, Ángel Ibáñez, firmó un acta tras una reunión con la empresa en la que reconocía el pago, y posteriormente lo llevó para su aprobación a la Junta de Gobierno en diciembre de 2010. Y así se hizo: casi todo el Ejecutivo de Aparicio estaba allí.
La complicación
El problema vino cuando, a la hora de pagar, los funcionarios se negaron a acreditar que dicho abono fuera pertinente al carecer de un procedimiento que lo legitimara. La empresa reclamó, los técnicos se volvieron a reafirmar en que no se puede pagar algo al margen de la legalidad, la empresa volvió a reclamar... Y así hasta que, en mayo, el actual Ejecutivo inició el procedimiento para anular la factura.
T-Systems alegó a ese proceso. En su escrito, al que ha accedido DB, aseguran que los trabajos se hicieron, que los encargó el Ayuntamiento, que «la suspensión carece del debido fundamento legal», que ha habido «obstrucción» por parte del Consistorio, que se ha producido un «total, radical y absoluto desprecio al procedimiento establecido» y que «ahora pretende beneficiarse (el Ayuntamiento) de su irregular comportamiento», motivos por los que anuncian medidas legales para defender el cobro, los daños y perjuicios y los intereses.
Uno de los argumentos manejados para intentar la anulación es que el contrato no permitía ejecutar trabajos más allá de lo firmado. Sin embargo, T-Systems asegura que sí se le pagaron 50.000 euros por otros trabajos complementarios que tampoco estaban contratados. Hay, por tanto, un precedente.
Sea como fuere, el PP sigue adelante y acordó remitir el expediente de anulación al Consejo Consultivo, que deberá decir si procede o no anular el pago.
Fuente: Diario de Burgos
