La jueza imputa y cita a declarar al exconcejal Santiago González
Á.M / Burgos - viernes, 21 de junio de 2013
El que fuera titular de Obras fue denunciado por el PCASen el mes de marzo a través de un escrito que le acusaba de malversación, apropiación indebida, estafa y prevaricación
El Juzgado de Instrucción número 1 de Burgos ha imputado al exconcejal de Obras y Vías Públicas, Santiago González Braceras, para tomarle declaración el próximo jueves 4 de julio en relación a la denuncia presentada en marzo por el Partido Castellano (PCAS) ante el Juzgado de Guardia.
La iniciativa fue posterior al abandono voluntario de González de su acta de concejal, algo que se produjo en febrero alegando motivos de salud pero reconociendo que había cometido errores por los que pidió perdón a la ciudadanía. Fue el vicealcalde, Ángel Ibáñez, quien leyó un escueto comunicado que ratificó la dimisión después de que durante varios meses el exconcejal estuviera bajo el foco tras verse implicado en una serie de actuaciones municipales de las que no se dieron explicaciones demasiado convincentes.
Aún así los castellanistas decidieron ir más allá y presentaron una denuncia en la que le acusaban de ser presuntamente responsable de haber incurrido en los delitos de malversación de fondos públicos, apropiación indebida, estafa y prevaricación. La imputación se produce para que pueda declarar con todas las garantías legales y después de que la misma Sala instruyera diligencias para solicitar al Ayuntamiento la remisión de diversa documentación.
Entre los hechos que PCAS señaló en su escrito figuraban el presunto uso irregular de los vehículos oficiales del Ayuntamiento para asuntos particulares, la desaparición del libro de registros que incluía la relación de usuarios y destinos de esos vehículos, la subcontratación de empresas vinculadas a sus familiares por parte de otras que recibían contratos de la Concejalía que dirigía, su intervención en las comisiones y órganos que decidieron aprobar esos contratos, la realización de obras por cauces no estipulados en la Ley y el presunto uso de información privilegiada para la adquisición de bienes inmuebles y su posterior enajenación con «sustanciosas plusvalías».
La magistrada dictó el auto de citación a fecha 30 de mayo, aunque a los denunciantes todavía no se les ha citado para que se ratifiquen y se personen en la causa. Se da la coincidencia de que es la misma Sala que imputó, investigó y ordenó el archivo de la denuncia también presentada por los castellanistas contra otro exconcejal del PP, Eduardo Villanueva, en ese caso por el sonado asunto de los duplicados de tarjetas telefónicas.
González entró en el Salón de Plenos en 2003 de la mano de Juan Carlos Aparicio, con quien continuó en la legislatura siguiente. Repitió con Lacalle en 2011.
La iniciativa fue posterior al abandono voluntario de González de su acta de concejal, algo que se produjo en febrero alegando motivos de salud pero reconociendo que había cometido errores por los que pidió perdón a la ciudadanía. Fue el vicealcalde, Ángel Ibáñez, quien leyó un escueto comunicado que ratificó la dimisión después de que durante varios meses el exconcejal estuviera bajo el foco tras verse implicado en una serie de actuaciones municipales de las que no se dieron explicaciones demasiado convincentes.
Aún así los castellanistas decidieron ir más allá y presentaron una denuncia en la que le acusaban de ser presuntamente responsable de haber incurrido en los delitos de malversación de fondos públicos, apropiación indebida, estafa y prevaricación. La imputación se produce para que pueda declarar con todas las garantías legales y después de que la misma Sala instruyera diligencias para solicitar al Ayuntamiento la remisión de diversa documentación.
Entre los hechos que PCAS señaló en su escrito figuraban el presunto uso irregular de los vehículos oficiales del Ayuntamiento para asuntos particulares, la desaparición del libro de registros que incluía la relación de usuarios y destinos de esos vehículos, la subcontratación de empresas vinculadas a sus familiares por parte de otras que recibían contratos de la Concejalía que dirigía, su intervención en las comisiones y órganos que decidieron aprobar esos contratos, la realización de obras por cauces no estipulados en la Ley y el presunto uso de información privilegiada para la adquisición de bienes inmuebles y su posterior enajenación con «sustanciosas plusvalías».
La magistrada dictó el auto de citación a fecha 30 de mayo, aunque a los denunciantes todavía no se les ha citado para que se ratifiquen y se personen en la causa. Se da la coincidencia de que es la misma Sala que imputó, investigó y ordenó el archivo de la denuncia también presentada por los castellanistas contra otro exconcejal del PP, Eduardo Villanueva, en ese caso por el sonado asunto de los duplicados de tarjetas telefónicas.
González entró en el Salón de Plenos en 2003 de la mano de Juan Carlos Aparicio, con quien continuó en la legislatura siguiente. Repitió con Lacalle en 2011.
Fuente:Diario de Burgos
