El Ayuntamiento olvida cobrar 187.240 euros a una comunidad
J.M. / Burgos - viernes, 07 de febrero de 2014
Prescrito. Los vecinos de Cicasa-Beyre y el Consistorio firmaron en 2004 un convenio para repartir el coste de la urbanización pero Hacienda no reclamó el pago hasta 2012 o 2013, por lo que podría perder otros 151.000 euros
Es conocido que la ciudad esta salpicado de numerosos espacios en los que existen comunidades de vecinos que son propietarios de una porción del suelo de la vía pública cuyo uso, pese a ser un terreno considerado como privado, es público. Por ello, en algunos casos, el Ayuntamiento de la capital ha exigido para el arreglo de estos rincones compartir los gastos que acarreaban las obras. Ese era el caso, al menos en teoría, de la plaza de Cicasa-Beyre (ubicada entre la avenida del Arlanzón y la calle Vitoria). Allí se realizó una actuación entre los años 2005 y 2006 valorada en 520.000 euros y se acordó, mediante un convenio firmado en 2004 entre las partes, que los residentes abonarían el 65% (339.106 euros) y el Consistorio el 35% restante (182.597).
Hasta ahí ningún problema si no llega a ser porque los años han pasado y no ha sido hasta 2012 o 2013 (según las distintas versiones) cuando la Concejalía de Hacienda ha reclamado a los vecinos que paguen todo aquello que, por el paso del tiempo, no ha prescrito (técnicamente caducado). Habida cuenta de que en el convenio se había acordado realizar los pagos durante 5 años, de 2004 a 2008, el Ayuntamiento reconoce que sobre los cuatro primeros ya no puede exigir nada y da por perdidos 187.242 euros de los 339.106 que debería haber ingresado.
Pero eso sería solo en el mejor de los casos ya que los letrados de la comunidad de vecinos que están llevando el caso, José Manuel Fernández y Víctor Andrés, sostienen que la primera noticia que tienen del Ayuntamiento es cuando en el año 2013 les envían, sin ninguna notificación previa, una providencia de apremio que alerta de un posible embargo de no producirse el pago. Consideran, por tanto, que ese escrito llega tarde y que no se les puede reclamar dinero alguno. Es decir, que el Ayuntamiento debería aceptar que no puede cobrar ni un euro de los 339.106 que el Consistorio ha entendido siempre que deberían abonar los residentes.
Los abogados no solo se apoyan en la caducidad de la deuda para defender que no deben pagar nada. Para empezar, consideran «nulo de pleno derecho» el convenio que se firmó en 2004 ya que, según defienden, se determinó que las obras costarían 360.000 euros y que «las variaciones al alza» de un posible encarecimiento de la actuación «debían producirse durante la efectiva realización de las obras». Nunca antes. Y lo que ocurrió fue que en julio de 2005 se adjudicaron a Tebycon por 521.703 euros. «De haber conocido ese desorbitado incremento del precio de licitación, jamás hubiesen suscrito el convenio», mantiene Fernández.
No contentos con esto, los letrados denuncian que el Ayuntamiento, consciente de que ha ‘olvidado’ exigir el pago durante tanto tiempo, ha tratado de hinchar al máximo la única anualidad que entiende que no ha prescrito. Así, mientras considera que en los cuatro primeros años deberían haberle abonado 187.200 euros (a 46.800 por ejercicio) solo por el último exigen 151.844. «Han metido todo lo que ha podido para poder recuperar algo», asegura Fernández.
Por si todas estas no fueran razones para no pagar, los abogados parten de la base de que la Ley de Bases de Régimen Local y el Código Civil, según la interpretación que hacen de la normativa, establece que «no se puede obligar a los ciudadanos a que sufraguen de su propio bolsillo obras de acondicionamiento de espacios públicos que le corresponde pagar en exclusiva al Ayuntamiento».
Con todos estos argumentos, presentaron un recurso del que ayer por la mañana recibieron contestación. Una resolución en la que la Administración municipal desestima la petición de los residentes y que hará, según avanzaron los abogados, que el caso se lleve a los tribunales (al Contencioso Administrativo).
El portavoz del equipo de Gobierno y entonces concejal de Hacienda, Ángel Ibáñez, reparte la culpabilidad al afirmar que «las dos partes están obligadas» a cumplir con la deuda ya que por lo que afecta a los residentes, la comunidad de vecinos debería haber abonado el importe pendiente aunque el Ayuntamiento no se lo hubiera exigido.
Preguntado por los motivos que hicieron que no se exigiera el pago, el concejal se defendió con un escueto «no sé lo que pasó. No sé por qué no se inicia la reclamación». Por el mismo motivo no supo concretar tampoco si el error se produjo en Fomento o en el parcela económica y lo que sí reconoció, aunque eximió de culpa a los responsables políticos, es que «ha podido haber una inacción» de la administración. Es decir, una especie de fallo multiorgánico como el que se esgrimió en el polémico caso Espolón.
Hasta ahí ningún problema si no llega a ser porque los años han pasado y no ha sido hasta 2012 o 2013 (según las distintas versiones) cuando la Concejalía de Hacienda ha reclamado a los vecinos que paguen todo aquello que, por el paso del tiempo, no ha prescrito (técnicamente caducado). Habida cuenta de que en el convenio se había acordado realizar los pagos durante 5 años, de 2004 a 2008, el Ayuntamiento reconoce que sobre los cuatro primeros ya no puede exigir nada y da por perdidos 187.242 euros de los 339.106 que debería haber ingresado.
Pero eso sería solo en el mejor de los casos ya que los letrados de la comunidad de vecinos que están llevando el caso, José Manuel Fernández y Víctor Andrés, sostienen que la primera noticia que tienen del Ayuntamiento es cuando en el año 2013 les envían, sin ninguna notificación previa, una providencia de apremio que alerta de un posible embargo de no producirse el pago. Consideran, por tanto, que ese escrito llega tarde y que no se les puede reclamar dinero alguno. Es decir, que el Ayuntamiento debería aceptar que no puede cobrar ni un euro de los 339.106 que el Consistorio ha entendido siempre que deberían abonar los residentes.
Los abogados no solo se apoyan en la caducidad de la deuda para defender que no deben pagar nada. Para empezar, consideran «nulo de pleno derecho» el convenio que se firmó en 2004 ya que, según defienden, se determinó que las obras costarían 360.000 euros y que «las variaciones al alza» de un posible encarecimiento de la actuación «debían producirse durante la efectiva realización de las obras». Nunca antes. Y lo que ocurrió fue que en julio de 2005 se adjudicaron a Tebycon por 521.703 euros. «De haber conocido ese desorbitado incremento del precio de licitación, jamás hubiesen suscrito el convenio», mantiene Fernández.
No contentos con esto, los letrados denuncian que el Ayuntamiento, consciente de que ha ‘olvidado’ exigir el pago durante tanto tiempo, ha tratado de hinchar al máximo la única anualidad que entiende que no ha prescrito. Así, mientras considera que en los cuatro primeros años deberían haberle abonado 187.200 euros (a 46.800 por ejercicio) solo por el último exigen 151.844. «Han metido todo lo que ha podido para poder recuperar algo», asegura Fernández.
Por si todas estas no fueran razones para no pagar, los abogados parten de la base de que la Ley de Bases de Régimen Local y el Código Civil, según la interpretación que hacen de la normativa, establece que «no se puede obligar a los ciudadanos a que sufraguen de su propio bolsillo obras de acondicionamiento de espacios públicos que le corresponde pagar en exclusiva al Ayuntamiento».
Con todos estos argumentos, presentaron un recurso del que ayer por la mañana recibieron contestación. Una resolución en la que la Administración municipal desestima la petición de los residentes y que hará, según avanzaron los abogados, que el caso se lleve a los tribunales (al Contencioso Administrativo).
El portavoz del equipo de Gobierno y entonces concejal de Hacienda, Ángel Ibáñez, reparte la culpabilidad al afirmar que «las dos partes están obligadas» a cumplir con la deuda ya que por lo que afecta a los residentes, la comunidad de vecinos debería haber abonado el importe pendiente aunque el Ayuntamiento no se lo hubiera exigido.
Preguntado por los motivos que hicieron que no se exigiera el pago, el concejal se defendió con un escueto «no sé lo que pasó. No sé por qué no se inicia la reclamación». Por el mismo motivo no supo concretar tampoco si el error se produjo en Fomento o en el parcela económica y lo que sí reconoció, aunque eximió de culpa a los responsables políticos, es que «ha podido haber una inacción» de la administración. Es decir, una especie de fallo multiorgánico como el que se esgrimió en el polémico caso Espolón.
Fuente: Diario de Burgos
