IU sospecha de la jefa de Protección Civil, que fue condenada por estafa
Á. M. / Burgos - jueves, 07 de agosto de 2014
La coalición muestra públicamente sus reparos a que Angélica Manrique haya «mediado en contratos menores del Ayuntamiento» y recuerda un fallo judicial del año 2001
Izquierda Unida continúa apuntando a los máximos responsables de la política municipal de seguridad ciudadana y se reafirma en que el Ayuntamiento debería abrir expediente tanto al intendente de la Policía Local, Fernando Sedano, como a la técnico responsable de Protección Civil, Angélica Manrique. Su concejal, Raúl Salinero, pidió que se iniciara este procedimiento en el último Pleno al considerar que ambos «mintieron» en sus explicaciones sobre el accidente de los fuegos artificiales, pero el PP tumbó su proposición mientras PSOE y UPyD se abstenían.
El edil, por contra, volvió a reiterar ayer que durante la ‘investigación’ del siniestro desde el uno de la Plaza Mayor «se demostró de forma clara que el Plan de Seguridad se había incumplido y que la distancia de seguridad que decían (Sedano y Manrique) que había que respetar (96 metros) contradecía la normativa porque era de 120 metros».
Salinero volvió sobre sus pasos antes de que el Instituto Municipal de Cultura celebrara su consejo, en el que se iban a aprobar las actas de la reunión extraordinaria en la que declararon los dos funcionarios aludidos (ver recuadro). Acto seguido trazó el perfil que, a juicio de la coalición, «define» a estos trabajadores. Así, sobre Manrique señaló que en el año 2001 fue condenada en Vitoria por una falta de estafa consumada y un delito de estafa en grado de tentativa después de haber cobrado «mordidas» a un empresario que la contrató para coordinar a los gremios que actuarían en una obra.
El caso vitoriano
Tal y como quedó plasmado en el fallo judicial, ratificado por la Audiencia Provincial de Álava, Manrique «se había compinchado para pegar mordidas» a los diferentes gremios, a los que exigió cantidades o incluso que inflaran en un 10% el coste de los trabajos (en el caso de los trabajos de calefacción eso equivalía a 132.000 pesetas) para entregarle a ella el dinero. El dueño del negocio tuvo conocimiento de los hechos y lo llevó a los juzgados. Se evitó así el pago del citado 10% y de otras comisiones, pero ya se había consumado uno relacionado con la pintura por valor de 30.000 pesetas. Manrique fue condenada a cuatro meses de cárcel por la estafa en grado de tentativa y a pagar una multa por la falta de estafa, además de a abonar las costas del procedimiento.
Preguntado sobre el motivo de hacer pública esta información, Salinero señaló que «tenemos sospechas de que ha intervenido en algunos contratos menores del Ayuntamiento y no nos sorprendería que siguiera dispuesta a pegar mordidas», pero aclaró que su Partido está todavía «investigando» y recibiendo información.
Respecto al intendente jefe, el concejal cree que el PP está comprando «su silencio» ya que, en su opinión, se ha «protegido» a un funcionario que «ha hecho un uso excesivo del coche oficial, que le lleva y le trae de casa todos los días; intentó comprar un vehículo de alta gama para su uso particular, planificó el cerrojazo, desobedeció al concejal de Seguridad, mintió en el caso de los fuegos artificiales, logró que su hija tuviera tres becas seguidas del Ayuntamiento, dos de ellas seguidas en Policía Local, y está imputado por el caso T-Systems».
Fuente: Diario de Burgos
