Regeneración democrática o recortes electorales
Las consecuencias de las recientes elecciones europeas se suceden sin pausa, como es lógico en los momentos de fin de ciclo que nos toca vivir, que no solo supone el cambio de un modelo productivo especulativo que ha saltado por los aires por efecto de la crisis económica, sino también el descrédito de unas instituciones generadas en la Transición y que hoy se desmoronan fruto de la inoperancia, el amiguismo y la corrupción, y el ocaso de un modelo bipartidista, que bien engrasado con los poderes económicos dominantes, ha monopolizado la vida política de los últimos 35 años.
Y digo que las consecuencias de unas elecciones europeas se multiplican, porque todas las alarmas del sistema han saltado. Por vez primera los dos grandes partidos, y con una participación más que discreta, no han contabilizado ni el 50% de los sufragios emitidos, y para más escarnio, los beneficiarios de esta diáspora electoral han sido mayoritariamente opciones claramente rupturistas con el chalaneo político que ha caracterizado al PP y al PSOE. Así, los poderes dominantes, cada vez más alejados de los intereses reales de la ciudadanía, han apostado por intentar renovar –a espaldas del pueblo, eso sí- una de las instituciones más desgastadas como la Monarquía, coronando al nuevo Felipe VI, y maquinan además desde sus centros de poder, los mecanismos necesarios para que las previsibles debacles electorales en las cascadas de comicios que nos depara el calendario de 2015, minimicen su impacto en sus cuentas de resultados. La “gran coalición” entre PP y PSOE se mantiene como una opción, aunque quizás sus consecuencias, a medio plazo, puedan ser más devastadoras que los riesgos que pretende evitar. Mientras, la reforma de la Ley Electoral, parece un objetivo asequible, rápido y eficaz para intentar que los resultados de las elecciones se parezcan lo más posible a los sueños de quienes dominan realmente, tras la escena política, los resortes del poder económico en España.
El sistema electoral español, diseñado en sus líneas básicas en 1977, nunca se ha caracterizado por querer responder de verdad a la voluntad popular, por pretender ser un mero instrumento para el ejercicio democrático. No, ha apostado, de manera clara por ese eufemismo que tanto gusta a quienes de verdad mandan: “la gobernabilidad”; y lo ha conseguido de manera objetiva e inequívoca. Sin embargo son muchas las voces, primero desde los ámbitos académicos, después desde los partidos minoritarios o excluidos por las reglas de juego electorales y ya de manera masiva tras la explosión democrática del 15M, que han apostado por su reforma radical e integral, poniendo al sistema electoral al servicio de un proceso de regeneración democrática y participativa mucho más profundo.
Algunos de los aspectos más unánimemente criticados del sistema electoral español, se basan en su discutible proporcionalidad; por un lado lo “pequeña” de la circunscripción electoral, al elegirse un pequeño número de representantes por provincia, hace que el sistema se convierta en brutalmente mayoritario, anulando los votos de opciones que pueden llegar a obtener el 25% de los sufragios; y por otro lado su absoluta refractariedad a reconocer la legitimidad de los votos de formaciones que no consiguen representación, su rechazo a listas abiertas, que pueden agrietar el control monolítico de los partidos sobre los representantes elegidos, su olvido a cualquier método de control de la ciudadanía sobre sus representados o los pingües beneficios económicos que se reparten los partidos políticos con representación y sus fundaciones.
Ahora, el terror que Rajoy, el PP y las élites económicas a quienes defienden, sienten ante el previsible tsunami que se les avecina en los Comicios Municipales del 24 de Mayo de 2014, les ha llevado a desempolvar una contrarreforma electoral en el sistema de elección de los representantes locales de la ciudadanía, vendida –válgame el cielo- como una media de “regeneración democrática”.
Y es que la “elección directa de alcaldes” por los ciudadanos puede ser una medida discutible y hasta razonable, pero lo que Rajoy y sus asesores de comunicación entienden por dicho término, es lisa y llanamente un instrumento para minimizar daños electorales y para garantizar la conservación de amplias cotas de poder (y si puede ser poder absoluto, mejor que mejor) a las formaciones mayoritarias, aunque suponga caricaturizar los débiles hilos que todavía vinculan la voluntad del pueblo con el sistema democrático representativo. Y todo ello con una urgencia, carente de justificación, porque los consistorios españoles son un paradigma de gobernabilidad, donde los únicos problemas de estabilidad se han producido por dimisiones masivas asociadas siempre a casos de corrupción.
Así, para que sea alcalde “el más votado”, Rajoy puede acabar legislando que quién obtenga el 20% de los votos en unas elecciones muy plurales, gobierne –y lo haga con mano de hierro- aunque el 80% de los ciudadanos de esa localidad lo desaprueben. Supongo que a eso lo llamarán “democracia”. Para ello parece que no se habla mucho de una segunda vuelta, que es algo imprescindible en todos los sistemas de modelo “presidencialista” como el que ahora quiere impulsar el PP. Y para garantizar que un alcalde pueda gobernar, aunque el pueblo le rechace, las otras formaciones le rechacen y los concejales electos le rechacen, pues no pasa nada, le damos un “plus de representación para garantizar la gobernabilidad” que obviamente quitamos a los demás, que obviamente quitamos al pueblo.
El carácter tramposo de esta propuesta, la desnudez que evidencia y lo dañina que puede resultar para quienes aspiramos a una democracia más real, más participativa, más transparente, más próxima a la ciudadanía, más controlada y responsable, hace ver que el poder político y económico, cuando hablan de “regenerar la democracia” solo piensan en como extender y mantener sus prerrogativas y sus privilegios, por encima de la voluntad del pueblo o de las necesidades y aspiraciones de la gente.
Fuente: Blog de Luis Marcos
