El Consorcio de Villalonquéjar no puede pagar las expropiaciones
Á.M / Burgos - martes, 13 de noviembre de 2012
El ente se muestra insolvente para ejecutar las sentencias que dan la razón a los dueños del suelo ocupado y que implican afrontar un desembolso por valor de 12,5 millones
La fórmula de ‘consorciar’ los grandes proyectos tiene ventajas pero
también inconvenientes. Permite afrontar inversiones que un municipio de
tamaño medio, como el de Burgos, difícilmente podría afrontar sin el
apoyo de entidades de ahorro que adelanten el coste íntegro de las obras
y fíen su reembolso (con intereses) a la venta de los activos
resultantes. Por contra, siempre cargan a la parte pública con la
herencia (de los activos, sí, pero también de las deudas) si el ente se
extingue sin haber cumplido sus objetivos.
Pero aparte de esa carga, en un contexto económico hostil como el actual, los municipios asumen otros riesgos. En Burgos el caso claro se localiza ahora en el de la ampliación del polígono industrial de Villalonquéjar. Porque fue el Ayuntamiento (que forma el ente junto con Caja de Burgos) quien actuó como agente expropiador (y el sentenciado a pagar) para obtener todos los terrenos del S-26 sobre el que se ha urbanizado, tras invertir más de 100 millones, la cuarta fase del complejo.
El problema ha venido cuando, tras varias sentencias (del TSJ), se ha reconocido judicialmente a los propietarios el derecho a cobrar las expropiaciones a un precio más elevado del que recibieron. En total, la reclamación asciende ahora a 12,5 millones de euros. Pero, ¿quién paga? En el Consorcio se recuerda que lo que tiene encomendado el ente es la gestión y que ya se incrementó el precio del suelo para amortiguar el impacto de esas sentencias, pero el hecho es que no hay dinero en caja para pagar y se están solicitando las ejecuciones.
Como no había dinero, y según explica el vicealcalde, Ángel Ibáñez, «se ofreció a los propietarios cobrar en especie, en parcelas». Pero la respuesta ha sido, en la mayoría de los casos, que no. Que quieren el dinero y que lo quieren ya. Ante eso, Ibáñez se limita a declarar que «en la voluntad municipal está el hacer frente a esos pagos tan pronto como sea posible, pero el Consorcio, ahora mismo, no puede pagar». Es decir, hasta que no se vayan vendiendo las parcelas no se podrá satisfacer el derecho de los recurrentes. Mientras, corre el tiempo y crecen los intereses de demora.
Dada la coyuntura, algunos de los propietarios están valorando la posibilidad de querellarse contra el Ayuntamiento, y el tema puede ser serio. Al haber actuado como agente expropiador, la reclamación se hace al Consistorio y se exige que en el presupuesto municipal de 2013 exista una partida vinculada a estos pagos. Si no la hay, y es obvio que no es la intención del equipo de Gobierno contemplarla por derivar hacia el Consorcio toda responsabilidad, podría producirse una querella por un supuesto caso de prevaricación.
Fuente: Diario de Burgos
Pero aparte de esa carga, en un contexto económico hostil como el actual, los municipios asumen otros riesgos. En Burgos el caso claro se localiza ahora en el de la ampliación del polígono industrial de Villalonquéjar. Porque fue el Ayuntamiento (que forma el ente junto con Caja de Burgos) quien actuó como agente expropiador (y el sentenciado a pagar) para obtener todos los terrenos del S-26 sobre el que se ha urbanizado, tras invertir más de 100 millones, la cuarta fase del complejo.
El problema ha venido cuando, tras varias sentencias (del TSJ), se ha reconocido judicialmente a los propietarios el derecho a cobrar las expropiaciones a un precio más elevado del que recibieron. En total, la reclamación asciende ahora a 12,5 millones de euros. Pero, ¿quién paga? En el Consorcio se recuerda que lo que tiene encomendado el ente es la gestión y que ya se incrementó el precio del suelo para amortiguar el impacto de esas sentencias, pero el hecho es que no hay dinero en caja para pagar y se están solicitando las ejecuciones.
Como no había dinero, y según explica el vicealcalde, Ángel Ibáñez, «se ofreció a los propietarios cobrar en especie, en parcelas». Pero la respuesta ha sido, en la mayoría de los casos, que no. Que quieren el dinero y que lo quieren ya. Ante eso, Ibáñez se limita a declarar que «en la voluntad municipal está el hacer frente a esos pagos tan pronto como sea posible, pero el Consorcio, ahora mismo, no puede pagar». Es decir, hasta que no se vayan vendiendo las parcelas no se podrá satisfacer el derecho de los recurrentes. Mientras, corre el tiempo y crecen los intereses de demora.
Dada la coyuntura, algunos de los propietarios están valorando la posibilidad de querellarse contra el Ayuntamiento, y el tema puede ser serio. Al haber actuado como agente expropiador, la reclamación se hace al Consistorio y se exige que en el presupuesto municipal de 2013 exista una partida vinculada a estos pagos. Si no la hay, y es obvio que no es la intención del equipo de Gobierno contemplarla por derivar hacia el Consorcio toda responsabilidad, podría producirse una querella por un supuesto caso de prevaricación.
Fuente: Diario de Burgos
