El Plan Montoro permite el pago de 2.800 facturas
R. Travesi / Burgos - domingo, 18 de noviembre de 2012
El alivio al Ayuntamiento de Burgos llegó en marzo con las líneas de crédito que abrió el Ministerio de Hacienda para abonar 23 millones de euros a los acreedores
La crisis económica ha dejado múltiples damnificados pero hay quien ha sufrido y sufre los problemas por los que atraviesan las administraciones públicas. Son empresas -grandes y, sobre todo, medianas y pequeñas- que tienen como clientes a los ayuntamientos y que comprueban como el abono de sus facturas no cumple los plazos estipulados. Las estimaciones de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) eran que el tiempo medio de cobro por parte de las instituciones era de 129 días en Castilla y León.
De ahí que si hay que quedarse con lo más positivo del primer año de la legislatura de Mariano Rajoy, eso sería el Plan de Pago a Proveedores. Un alivio para los consistorios de toda España y una tabla de salvación para las empresas. El Ayuntamiento de Burgos fue uno de los que se acogió al también conocido como Plan Montoro, lo que permitió dar salida a facturas pendientes por un importe total de 23 millones de euros.
El Consistorio de la capital envió en marzo pasado al Ministerio de Hacienda 2.846 facturas, que correspondían a 494 suministradores, que fueron las seleccionadas para beneficiarse del Real Decreto 4/2012. La diligencia del Gobierno facilitó que las empresas y autónomos recibieran a primeros de junio los ingresos en sus cuentas.
Uno de cada dos ayuntamientos españoles que presentaron facturas por impagos a los proveedores previas al 31 de diciembre de 2011 recibieron el visto bueno del Ejecutivo de Rajoy al Plan de Ajuste Económico que incluía medidas para poder hacer frente al crédito, así como la aceptación del préstamo en sí. Al final, se enviaron 2 millones de facturas por valor de 9.750 millones de euros. Casi todas las peticiones recibieron el visto bueno porque venían acompañadas con planes de ajuste. También hubo otros ayuntamientos en la Comunidad Autónoma, como fueron los casos de Valladolid y Segovia, que no recurrieron a ninguna de las vías extraordinarias habilitadas por el Gobierno central, al considerar que tenían sus cuentas saneadas.
El concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, firmó a finales de mayo un préstamo con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con una docena de entidades. Una operación que obligará a las arcas locales a desembolsar más de 30 millones de euros durante los próximos años, puesto que el Ministerio fijó un interés del 5,9% para el primer periodo de amortización, que será revisado cada tres meses.
Entre las condiciones establecidas por el Gobierno, destacan que las obligaciones de pago debían corresponderse con contratos prestados al Ayuntamiento, vencidos, líquidos y exigibles, que contaran con el conforme de los técnicos municipales y registradas como máximo hasta el 31 de diciembre de 2011. Por tanto, no se podían incluir obligaciones derivadas de convenios, líneas de subvención y colaboraciones con otras administraciones públicas.
Ley de morosidad. El retraso a la hora de cobrar los servicios que una empresa presta a una administración pone en peligro la viabilidad del negocio, porque causa verdaderos problemas para salir adelante y cumplir con el pago de sus créditos y de las nóminas de la plantilla. La Ley de Morosidad contempla que el límite para el pago de los acreedores es de 40 días para este año mientras que reduce ese periodo a los 30 días para el ejercicio de 2013.
La falta de ingresos extra de los ayuntamientos así como la reducción de las transferencias de dinero que antes llegaban del Estado y de las Comunidades Autónomas asfixian a las maltrechas arcas municipales. El único alivio, que permite hacer frente al pago de facturas acumuladas sin pagar, llega con la recaudación de los impuestos más importantes como son la tasa de basuras, el impuesto de vehículos de tracción mecánica y, en especial, el de Bienes Inmuebles (IBI).
Fuente: Diario de Burgos
