Telefónica dice que no conserva los datos de la línea duplicada
Á.M / Burgos - jueves, 01 de noviembre de 2012
Responde así a la petición del alcalde para saber en qué empleó Villanueva las tarjetas
Ninguna sorpresa. La contestación de Telefónica al requerimiento del
alcalde, Javier Lacalle, para conocer el uso concreto que el ex concejal
Eduardo Villanueva hizo de los duplicados de una tarjeta de datos
municipal indica que tampoco por esa vía se logrará saber qué pudo hacer
el edil dimitido para mover un volumen de datos que oscila entre los
200 y los 700 gigabytes en periodos de un mes.
En un escrito de contestación a la petición formal de esa información que Lacalle envió a un directivo de Telefónica el pasado viernes, la operadora señala que sus servicios jurídicos han indicado que «en virtud del artículo 3.1 de la Ley 25/2007 de conservación de datos, que regula los datos que deben ser objeto de conservación por los operadores, Telefónica Móviles España no conserva los datos de navegación en internet de las direcciones IP desde las que se realizan descargas por no estar obligada a ello». Es decir, que no archivaron información sobre el qué se hizo con los duplicados.
A más, la compañía abunda que «en ningún caso puede conocer el contenido de esas descargas pues el artículo 3.2 de dicha Ley 25/2007, en concordancia con su artículo 1.3, señala que los operadores no pueden conservar ningún dato que revele el contenido de una comunicación (telefónica o a través de internet)».
Así las cosas, parece que la única forma de conocer algo creíble sobre el ingente tráfico de datos que facilitó la línea en cuestión es que la Justicia determine que se investigue a fondo lo sucedido. Las explicaciones dadas por Villanueva fueron, en palabras de su propio partido, «confusas e insuficientes». Tampoco existe documento alguno que acredite lo que se ‘transfirió’ o descargó por ese cauce.
Lacalle pretendía una respuesta para satisfacer a la oposición, que ha manifestado que no considerará cerrado el caso hasta que se conozca el detalle de esos usos. El PSOE, por ejemplo, dijo esta misma semana que si la compañía no facilitaba los datos la obligación municipal es la de requerirlos judicialmente. Pero, si el argumento de Telefónica es sólido y esas pruebas no existen, los únicos cauces que quedan pasan por otro tipo de investigaciones que únicamente podría ordenar un juez.
Paralelamente, resta saber qué sucedió exactamente para que se pagaran dos veces numerosas facturas que contenían el ‘impacto’ de la línea, traducido en miles de euros, y por qué se abonó a Telefónica otra de 128.000 (122.000 de ellos cargados al duplicado de Villanueva) si supuestamente no debía ser abonada.
Fuente: Diario de Burgos
En un escrito de contestación a la petición formal de esa información que Lacalle envió a un directivo de Telefónica el pasado viernes, la operadora señala que sus servicios jurídicos han indicado que «en virtud del artículo 3.1 de la Ley 25/2007 de conservación de datos, que regula los datos que deben ser objeto de conservación por los operadores, Telefónica Móviles España no conserva los datos de navegación en internet de las direcciones IP desde las que se realizan descargas por no estar obligada a ello». Es decir, que no archivaron información sobre el qué se hizo con los duplicados.
A más, la compañía abunda que «en ningún caso puede conocer el contenido de esas descargas pues el artículo 3.2 de dicha Ley 25/2007, en concordancia con su artículo 1.3, señala que los operadores no pueden conservar ningún dato que revele el contenido de una comunicación (telefónica o a través de internet)».
Así las cosas, parece que la única forma de conocer algo creíble sobre el ingente tráfico de datos que facilitó la línea en cuestión es que la Justicia determine que se investigue a fondo lo sucedido. Las explicaciones dadas por Villanueva fueron, en palabras de su propio partido, «confusas e insuficientes». Tampoco existe documento alguno que acredite lo que se ‘transfirió’ o descargó por ese cauce.
Lacalle pretendía una respuesta para satisfacer a la oposición, que ha manifestado que no considerará cerrado el caso hasta que se conozca el detalle de esos usos. El PSOE, por ejemplo, dijo esta misma semana que si la compañía no facilitaba los datos la obligación municipal es la de requerirlos judicialmente. Pero, si el argumento de Telefónica es sólido y esas pruebas no existen, los únicos cauces que quedan pasan por otro tipo de investigaciones que únicamente podría ordenar un juez.
Paralelamente, resta saber qué sucedió exactamente para que se pagaran dos veces numerosas facturas que contenían el ‘impacto’ de la línea, traducido en miles de euros, y por qué se abonó a Telefónica otra de 128.000 (122.000 de ellos cargados al duplicado de Villanueva) si supuestamente no debía ser abonada.
Fuente: Diario de Burgos
