IU lleva al juzgado el caso T-Systems y acusa a Ibáñez de cometer varios delitos
Á.M / Burgos - sábado, 07 de septiembre de 2013
Registró ayer la denuncia en la que atribuye al actual vicealcalde los delitos de «prevaricación y malversación en grado de tentativa»
Lo que el PSOE dijo hace medio año que haría y todavía no ha hecho sí lo hizo ayer Izquierda Unida. La coalición registró en los juzgados una denuncia contra el actual vicealcalde de Burgos, Ángel Ibáñez, por el denominado ‘caso T-Systems. En ella, acusa al número dos de Lacalle de haber cometido los «presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación», si bien en el texto se amplían esos supuestos a los de «estafa y falsedad documental».
El asunto arraiga en el año 2006, cuando el equipo de Gobierno de Juan Carlos Aparicio, del que Ibáñez era el titular de Hacienda, decidió adjudicar por procedimiento negociado sin publicidad un contrato de suministro de software, mantenimiento y formación a la citada empresa (por entonces TAO-Gedas). El acuerdo impedía sobrepasar esa cantidad y tampoco permitía modificaciones salvo que se iniciara el oportuno procedimiento administrativo, según se recoge en la denuncia, que se acompaña de los expedientes en los que se sustenta.
Sin embargo, T-Systems reclamó al Ayuntamiento el pago de más de medio millón de euros «en concepto de jornadas realizadas para trabajos de ampliación del contrato de gestión tributaria». En noviembre de 2009 se produjo una reunión bilateral «en la que se produjeron dos hechos relevantes». Por un lado se acordó la devolución de la fianza, algo «que no era pertinente teniendo en cuenta que según los informes técnicos no se había realizado la prestación de la totalidad del servicio», mientras que por otro lado «se acuerda abonar a la empresa la cantidad de 460.000 euros de los 505.035 de la factura presentada».
El texto considera que Ibáñez tomó esta decisión «de forma unilateral, como si fuera el propietario del Ayuntamiento y tuviera potestad para tomar esta clase de decisiones». Un año más tarde, y a propuesta del concejal, se llevó a la Junta de Gobierno un acuerdo para abonar la factura y liberar la partida presupuestaria que permitiera hacer efectivo el pago, pero eso nunca sucedió porque ningún técnico avaló el abono e Intervención se negó a hacerlo.
La anulación
La denuncia considera que difícilmente se pudo cometer un error en el cálculo («un 200% más») de lo que habría que pagar a la empresa suministradora de estos servicios, motivo por el que incide en que limitarlo a 200.000 euros permitía, conforme a la normativa, adjudicarlo a quien se considerara oportuno «aún a sabiendas de que el presupuesto del trabajo contratado habría de ser forzosamente superior».
En marzo de este año el PSOE anunció la interposición de una querella contra Ibáñez por estos hechos, pero, al menos que conste, nunca llego a registrarla. El equipo de Gobierno inició entonces los trámites para anular la factura (que T-Systems sigue reclamando) y se emitieron diversos informes por parte de los funcionarios que podían arrojar algo de luz sobre lo sucedido. De esos informes se desprende nuevamente que nadie firmó esos trabajos, lo que a juicio del letrado de la coalición «podría dar lugar a un presunto delito de estafa en connivencia con los responsables municipales».
La Junta de Gobierno acordó anular el acuerdo de 2010 reconociendo explícitamente que «puede causar un importante perjuicio económico a las arcas municipales». Pasó por el Pleno en mayo.
Fuente: Diario de Burgos
