Archivan las denuncias del cerrojazo porque no hubo violencia o coacción
Á.M - J.N. / Burgos - sábado, 07 de septiembre de 2013
El sindicato mayoritario en Policía Local, Izquierda Unida y Las Eras de Gamonal habían acudido a la Justicia señalando la presunta comisión de un delito de detención ilegal
No hubo delito de detención ilegal ni tampoco de coacciones. Sin el menor titubeo, el Juzgado de Instrucción número 4 se ha pronunciado sobre el polémico cerrojazo del Ayuntamiento que se produjo el pasado 10 de mayo y concluye el fallo decretando el archivo de la causa iniciada tras las denuncias presentadas por Izquierda Unida, la asociación vecinal Eras de Gamonal y el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME).
En su argumentación, la magistrada recuerda que el artículo 172 del Código Penal deja claro que para que exista un delito de coacciones es necesario que el acto esté acompañado «de una conducta violenta, de intimidación o fuerza en las cosas». Algo, según sostiene, que «no concurrió» en el cierre temporal del Ayuntamiento.
Del mismo modo, respecto a la posible detención ilegal, que la parte denunciante argumentaba en el hecho de que el acceso principal estuvo bloqueado durante más de una hora y las puertas de emergencia se amarraron con cadenas y con un candado, el fallo aclara que debe existir un interés deliberado por encerrar o detener a una persona privándola de su libertad». Es más, incluso añade que «el derecho de la libertad deambulatoria o de circulación no es absoluto, sino que puede ser sometido a limitaciones». Eso sí, según algunos supuestos que permite la Ley. En cualquier caso, zanja toda duda al señalar que ese delito «exige que se actúe intencionada y dolosamente con plena conciencia» y sabiendo que la retención practicada es ilegal. En este sentido, apunta también que los hechos del cerrojazo «no han revelado una conducta coactiva».
Con todo esto, el archivo de la causa provocará que de forma inmediata se tenga que reabrir e expediente que, tras iniciarse las diligencias judiciales, quedó en suspenso en la Concejalía de Personal. Es decir, el cierre de la vía judicial implica retomar la vía administrativa. En cualquier caso, parece poco probable que exista interés en el equipo de Gobierno por dejar viva la polémica.
Las tres denuncias, que han sido enjuiciadas de forma conjunta, iban dirigidas contra el alcalde, Javier Lacalle, el concejal de Seguridad Ciudadana, Salvador de Foronda, la Subdelegación del Gobierno, los más altos cargos de la Policía Local y contra el cuerpo de la Policía Nacional.
Cabe recordar que el conflicto se produjo con motivo de la celebración de un Pleno en el Ayuntamiento en el que se montó un dispositivo inédito para prohibir el acceso de los agentes de la Policía Local fuera de servicio. Estos protestaban por la decisión de Personal de modificar sus condiciones laborales. El equipo de Gobierno justificó la actuación como una medida preventiva para garantizar la celebración de la sesión plenaria. El intento de los manifestantes por penetrar en la Casa Consistorial propició la orden de cierre del intendente jefe.
Fuente: Diario de Burgos
