Los "negocios" de Braceras ponen en jaque al Ejecutivo de Lacalle
Á.M / Burgos - jueves, 14 de febrero de 2013
Se le advirtió. Secretaría dictó que no estuviera en deliberaciones de contratos que trabajan con la empresa de sus hijos. No lo cumplió
La estabilidad del Gobierno de Javier Lacalle vuelve a estar
comprometida. En esta ocasión, y empujada por la inercia de las dos
legislaturas precedentes, la figura que está en cuestión es la del
concejal Santiago González Braceras. El PSOE volvió a solicitar ayer la
destitución del corporativo e IU anunció semanas atrás que trabaja en
poner en comunicación de la Fiscalía una serie de hechos puntuales y
otros sostenidos en el tiempo que cuestionarían que la gestión de
González no se haya visto contaminada por su condición de industrial,
que es la información profesional que se condensa en la propia web
municipal sobre el corporativo ‘popular’, y viceversa.
El reconocimiento explícito de que participó en al menos un viaje
privado para asistir a un partido de fútbol invitado por una empresa que
hizo el vicealcalde Ibáñez a este periódico (ver DB del 5 de febrero) y
de que destruyó los partes de esos usos él mismo (ver DB del 29 de
enero) le volvieron a situar en el epicentro de la tormenta que le
persigue desde hace años. Pero, ¿cuáles son verdaderamente los motivos
por el que la presencia de González Braceras, que actualmente disfruta
de un salario como concejal en dedicación exclusiva, en el equipo de
Gobierno ha sido puesta en cuestión de forma redundante?
Básicamente, sus críticos inciden en que la empresa que él fundó y que
en 2007 pasó a efectos jurídicos y administrativos a manos de dos de sus
hijos (Gopasa) se ha visto presuntamente beneficiada por la situación
de privilegio del edil en una Concejalía que maneja varios de los
contratos más cuantiosos de la ciudad. Esa ‘acusación’ llegó a ponerse
en voz alta en el año 2010, lo que desencadenó un proceso que se zanjó
con un informe de Secretaría General que ratificaba al menos tres
extremos. El primero es que los hijos del concejal pueden hacer cuantos
negocios consideren dentro de los márgenes que abre la ley. El segundo
es que González Braceras no puede tomar parte en decisiones que afecten a
los contratos con empresas que, a su vez, subcontraten con Gopasa. Y el
tercero es que, si la empresa era suya o de su cónyuge, debió
abstenerse en cuantos procedimientos similares pudieran haberse dado.
Luces y semáforos
De cómo se encendieron las primeras alarmas tras años de subcontrataciones.
En la Comisión de Licencias del 9 de febrero de 2010, el PSOE exigió
que se le entregara la lista de empresas subcontratadas por Urbalux
(alumbrado público) y, más en concreto, los trabajos entregados a
Gopasa, atendiendo a la obligación legal, hasta entonces incumplida en
este caso, de que los adjudicatarios de grandes contratos ofrezcan
periódicamente esta información a los municipios.
Aparicio cursó dos órdenes. Una a Secretaría para analizar las
consecuencias de esa vinculación, si es que existía, y otra a Urbalux (a
través del por entonces concejal de Hacienda, Ángel Ibáñez) para
conocer la cuantía de las subcontrataciones. Secretaría se manifestó en
los términos ya descritos, señalando que González Braceras estuvo
vinculado a la empresa puesto que su mujer y uno de sus hijos eran los
dos únicos socios, y está casado en gananciales, hasta septiembre de
2007.
En aquella fecha se cambió el domicilio social, la denominación
completa de la empresa y los dos administradores pasaron a ser sendos
hijos del concejal. Dado que la ‘denuncia’ del PSOE se produjo en 2010,
Secretaría advirtió de que no se incurría en incompatibilidad. Semanas
más tarde llegó el informe de Urbalux, en el que se decía que «el
promedio anual de facturación de la empresa Construcciones Gopasa XXI,
S.L. a Urbalux es de 97.589 euros anuales».
Se demostró que la subcontratación existía y que, de ser González parte
directa de Gopasa, la historia sería muy diferente. Pero Secretaría
también señaló que «en cualquier caso, el concejal Santiago González
Braceras no podrá participar en la deliberación, votación, decisión y
ejecución de los asuntos relativos al contrato de referencia del que es
adjudicatario la Empresa Urbalux». Y ocurre también que hasta 2007
González Braceras sí era parte directamente interesada. El contrato con
Urbalux se firmó el 27 de julio de 2005. El 20 de mayo de aquel año se
había constituido la mesa de contratación que dictaminó la mejor oferta.
El presidente de la mesa fue Santiago González Braceras.
Además, se tomó la decisión de que el contrato, en lugar de 6 años,
durara 10 más 5 de prórroga, algo que González justificó ante la
oposición en la amortización de las inversiones ofertadas por la
contratista. Entre 2005 y 2007 se produjeron numerosas comisiones de
Hacienda en las que se aprobaron revisiones de precios e incluso un
incremento de las partidas destinadas a este contrato para material.
Según consta en el expediente, González Braceras estuvo presente en
todas.
La relación entre ambas empresas radica en que Urbalux no dispone de
división de obra civil, de forma que cada vez que hay que hacer alguna
intervención que no se destine exclusivamente a elementos de
iluminación, ésta se subcontrata, por ejemplo, con Gopasa.
Lo mismo ocurre con la empresa encargada de la conservación,
mantenimiento y gestión del tráfico en Burgos, el Grupo Etra. Durante
años, se mantuvo un pulso en el equipo de Gobierno (por entonces de
Aparicio) por la distribución de las competencias de Tráfico. Una parte
entendía que debían estar bajo el paraguas de la Concejalía de Seguridad
Ciudadana (Policía Local), pero la otra parte, personificada en
González Braceras, peleó por mantenerlas bajo su dominio. Y ganó.
En la comisión de Hacienda del 31 de agosto de 2010 se aprobó el pliego
de condiciones para adjudicar el contrato por un importe de 2.015.000
euros anuales. González Braceras estuvo en la comisión. En la Junta de
Gobierno que procedió a la adjudicación, del 8 de febrero de 2011;
González Braceras estuvo presente. Secretaría había advertido un año
antes que no podría formar parte de ningún órgano que tomara decisiones
sobre adjudicaciones a empresas que subcontraten a Gopasa. En el año
2012, y según informe remitido por el propio Grupo Etra, se encomendaron
a Gopasa trabajos por valor del 1,72% del contrato. Unos 35.000 euros.
Parques y jardines
Un cambio de adjudicatario y al menos una obra encargada a gopasa
Otro de los contratos millonarios que ha dependido de la Concejalía de
González durante tres legislaturas es el de Parques y Jardines. En el
año 2008 se sacó a concurso este servicio y, tras muchos años en los que
la empresa Cespa venía desempeñando el cometido sin que se documentaran
incidencias relevantes, fue adjudicado a una Unión Temporal de Empresas
(UTE) bajo la denominación de ‘Jardines de Burgos’.
Desde entonces y hasta abril y mayo de 2012, las denuncias por falta de
mantenimiento fueron redundantes, llegando a convertirse en un asunto
grave cuando se secaron decenas de jardines por toda la ciudad. Entonces
se supo que los técnicos de Vías Públicas, departamento que también
dirige el concejal ‘popular’, habían puesto de manifiesto
incumplimientos de contrato desde comienzos del 2009. Casi desde el
primer día.
En agosto de 2012 la situación fue tan insostenible, a juicio de los
técnicos municipales, que se evacuó un informe en el que se decía,
literalmente, que «los incumplimientos son tan importantes y reiterados
que debiera rescindirse el actual contrato con la UTE Jardines de
Burgos». Sin embargo, dicha medida nunca se tomó.
Al recibir el contrato, la UTE se vio obligada a acometer una serie de
reformas en diversos locales de la ciudad para adaptarlos como
almacenes, vestuarios u oficinas y prepararlos para la nueva actividad.
Este periódico ha constatado que se realizó una reforma en una nave de
Villalonquéjar por valor de 58.133 euros, otra en Pentasa de 34.864
euros y otra más en la calle San Bruno por 36.187 euros. Todas se
gestionaron y ejecutaron entre septiembre de 2008 y enero de 2009.
Al menos en el tercer caso la empresa constructora era Gopasa. Un
informe de Policía Local por inspección de obras fechado a 30 de octubre
de 2008 señala que, al personarse en la obra, «nos presenta un
trabajador una licencia de la sección de obras menores, pero se observa
que la reforma es total, ya que incluso van sacando varios contenedores
de escombros al ir derribando muros, siendo el interesado la UTE
Jardines de Burgos, cediendo los trabajos de la obra a Gopasa, quien a
su vez lo da a una subcontrata (Efebedos)».
Y un supermercado
DÍA elige locales del concejal para abrir una nueva sede
Los tiempos también juegan un papel relevante en otro expediente
municipal en el que González Braceras es protagonista, aunque por
motivos diferentes a los expuestos en los casos anteriores. El 21 de
agosto de 2012 la Distribuidora Internacional de Alimentación (DIA)
firma un escrito que registra en el Ayuntamiento al día siguiente en el
que expone que tiene interés en la instalación de un supermercado en un
local sito en la calle San Zadornil, 16.
En realidad, el local no es tal, sino la unión de varios diferentes.
Adjunto a los proyectos y la solicitud de licencias, en el expediente
obran las escrituras que certifican las características de cada uno de
esos locales con la pretensión de unificarlos en un solo espacio y
proyecto y alcanzar así la superficie requerida por DIA para abrir el
supermercado pretendido (que de hecho ya está abierto).
En las escrituras se aprecia que tres de los cuatro locales a los que
se hace referencia en el expediente pertenecen a Santiago González
Braceras. El cuarto a un familiar directo. Pero también se refleja algo
más. Concretamente, que uno de los tres locales a nombre del edil no era
suyo 20 días antes de que se presentara la petición en dependencias
municipales, sino de otro familiar.
Según consta, uno de sus hijos ejerció la compra a fecha 2 de agosto,
pero la propiedad quedó escriturada a nombre de González Braceras, tal y
como está reflejado en el Registro de la Propiedad con la misma fecha.
Dado que no han sido ‘registralmente’ unificadas las propiedades y que
siguen constando como pertenecientes al edil ‘popular’ y uno de sus
familiares, todo parece indicar que DIA ha alquilado los espacios con la
finalidad de abrir el supermercado en San Zadornil.
La unidad administrativa que tramitó los proyectos es el servicio de
Licencias, aunque algunos escritos se dirigieron a Urbanismo.
Fuente: Diario de Burgos 