Hacienda ignora cuántos concejales cobran sueldo y quiénes los asesoran
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda. Imagen:
Archivo
Con la reforma local a punto de echar a andar, el Gobierno reconoce que es
mucho lo que todavía desconoce de esa Administración. Uno de los pilares de la
renovación será asegurar que el 82 por ciento de los concejales no cobra por
ocupar su puesto, pero Hacienda todavía no tiene datos sobre cuántos de los
ediles ahora en ejercicio se verán afectados por esa medida.
Y de ese modo tiene difícil rebatir una de las primeras críticas que se han
dirigido contra la reforma, según la cual muchos concejales ya trabajan gratis y
no cabe esperar mucho más ahorro por esta vía.
Pero las cuentas de las entidades locales se muestran aún más opacas a los
ojos de Hacienda, tal y como reconocen fuentes del departamento que dirige
Cristóbal Montoro. Hasta el punto de que también ignoran cuántas personas
trabajan asesorando a los ayuntamientos, y cobran por ejercer esa función.
No es un dato de poca importancia, dado que otra de las líneas maestras de la
reforma local pasa por poner coto al llamado personal eventual que se encuentra
al servicio de los ayuntamientos, en muchos casos sin una función claramente
definida y con una remuneración que tampoco es transparente.
Un número de asesores desconocido
El número máximo de asesores municipales que el Ejecutivo está dispuesto a
tolerar es de 6.489 en toda España, lo que implica que muchos municipios (los
casi 7.000 que tienen menos de 5.000 habitantes) tendrán que prescindir
completamente de estos cargos en su plantilla.
Para comenzar la poda cuanto antes, y subsanar de paso sus lagunas de
información, Hacienda les ha dado un mes a los ayuntamientos para que pongan
en claro las cifras sobre el número de concejales a sueldo del que disponen y el
propio de los asesores que los complementan.
El hecho de no disponer todavía de toda la información no ha sido un
impedimento para que el Gobierno, la semana pasada, se aventurara a dar por
cerrado el cálculo sobre el ahorro que supondrá la reforma de la Administración
local en su conjunto, el cual quedó situado en 7.129 millones de euros, más de
lo doble de lo previsto en el primer borrador del anteproyecto de Ley.
Hay cifras agregadas
Desde Hacienda se defiende que, si hay tantas seguridades, es porque los
ayuntamientos sí han facilitado cifras agregadas de su gasto en personal. En
otras palabras, los consistorios dejan saber a Hacienda cuánto desembolso
suponen sus sueldos, aunque se resistan a explicar cómo lo reparten entre su
personal.
Partiendo de esos datos, argumentan, se ha podido hacer una estimación del
impacto que tendrá la eliminación del sueldo para la mayoría de los concejales,
la reducción del cuerpo de asesores y también el establecimiento de un tope
máximo para el sueldo de los alcaldes, cuya referencia será el 100% del salario
de un secretario de Estado para los regidores de las grandes ciudades.
La clave, delimitar funciones
Además, en Hacienda insisten en que el grueso del ahorro que supondrá la
reforma estriba en la delimitación de competencias y en fomentar que los
municipios de reducido tamaño, y las pequeñas corporaciones locales, dejen de
prestar servicios para los que no están capacitados y los deleguen en
instituciones mayores y más eficientes.
Con objeto de manejar un criterio objetivo a la hora de delimitar quién es o
no eficiente, los expertos de Cristóbal Montoro han calculado un "coste
estándar" para cada servicio, cuyas cuantías concretas no quisieron aún revelar.
Para ello han tenido en cuenta sobre todo la población que se encuentra a cargo
de cada entidad local, sin perder de vista otras variables como la dispersión de
la población o su grado de envejecimiento.
Todo lo que rebase ese coste estándar se considerará una prueba de
ineficacia y el servicio tendrá que ser delegado a un municipio de mayor tamaño,
a la correspondiente diputación provincial o al Gobierno autónomico, según los
casos.
A partir de entonces, las entidades locales que aspiren a ello tendrán un
plazo de cinco años para mejorar su ejecución, y así tener posibilidades de
recuperar el servicio que se les arrebató.
De este modo, en Hacienda dejan entrever que el despliegue completo de la
reforma de la Administración local va a ser lento. Su plena entrada en vigor
puede demorarse hasta 2014, ya que aún hay que esperar al dictamen del Consejo
de Estado y, después, se espera un debate parlamentario arduo.
Fuente: elEconomista.es
