No es un polígono, es una amenaza
H.J. / Burgos - lunes, 18 de febrero de 2013
Tras un año esperando a recibir el precio que les reconoció el TSJ, propietarios expropiados de Villalonquéjar IV estudian cómo exigir los pagos • El Consorcio no tiene soluciones
El desayuno del sábado 4 de febrero de 2012 se le atragantaría a más de un responsable municipal y del Consorcio formado por el Ayuntamiento y Caja de Burgos para gestionar el suelo de Villalonquéjar. Ese día este periódico publicó la primera de las sentencias por las que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla yLeón casi duplicaba el precio de los terrenos de la cuarta fase de ampliación del polígono industrial.
A los expropiados se les había pagado 12,166 euros por cada metro cuadrado pero la Sala de lo Contencioso Administrativo establecía que el precio debía ser de 23,05 más un 5% en concepto de premio de afección. Los 1,8 millones de metros cuadrados empleados por la administración para crear el mayor área industrial de Castilla y León podían costar 20,5 millones más si todos los propietarios recurrían siguiendo la jurisprudencia.
Por fortuna para el Consorcio no todos lo hicieron, y los cálculos que poco después hizo el Ayuntamiento estableció en 13 millones de euros lo que debe a los expropiados, teniendo en cuenta además que al precio establecido por el TSJ había que aplicarle los intereses legales desde el año 2006, cuando se llevó a cabo la ocupación de los terrenos. La administración recurrió ante el Supremo en un intento por salvar los muebles. Lo hizo en varios casos, pero su pretensión fue rechazada en el mes de septiembre, incluso condenado en costas, y acabó desistiendo de hacerlo en el resto. El encarecimiento de las expropiaciones del polígono se ha convertido en más que un problema, en toda una amenaza, para las arcas locales como en su día ya ocurrió tanto con el desvío del ferrocarril como con la ampliación del aeropuerto, y ninguno de los precedentes están resueltos.
De la primera sentencia se cumple ahora un año y el Consorcio no ha pagado. Los propietarios empiezan a perder la paciencia, y fuentes del despacho de abogados Martín Saiz, el que ganó la primera resolución judicial y uno de los que lleva más asuntos de este proceso, recuerdan que es precisamente cuando transcurren 12 meses cuando los letrados suelen dar un paso más allá en la defensa de sus representados. A la vista de la inacción pública, es más que probable que lleven a cabo una demanda ejecutiva para obligar al Ayuntamiento a pagar.
La administración local es quien figura en las demandas previas. De hecho, el Consorcio no ha aparecido por ningún sitio en el proceso judicial. Y por eso ahora los abogados se plantean ir contra él, porque además en el presupuesto de 2013 no ha consignado la partida necesaria para acometer los pagos. El concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, admite que las cuentas municipales simplemente recogen una partida genérica de 500.000 euros para expropiaciones, sin especificar para qué, y otra de 400.000 euros bajo el epígrafe «expropiaciones bulevar». Pero a su juicio, la responsabilidad del pago no es del Ayuntamiento, pues si bien la administración era quien tenía la facultad para expropiar y ella ha sido la demandada durante el proceso judicial, el convenio firmado en su día para el desarrollo del polígono de Villalonquéjar hace recaer en el Consorcio este tipo de obligaciones.
Fuentes del organismo que el Ayuntamiento comparte con Caja de Burgos explican que «en su voluntad de afrontar el pago de las cantidades fijadas por Sala» se han desarrollado varias iniciativas. En primer lugar, se ofreció a los expropiados el pago en especie mediante parcelas «por ser éstas los únicos activos de los que puede disponer el Consorcio», cosa que fue rechazada. Posteriormente impulsó una búsqueda a nivel nacional de empresas que pudieran estar interesadas en implantarse en el polígono contratando a dos consultoras externas. Y finalmente solicitó a la administración (con su beneplácito) las condiciones de parcelación del llamado sector S-26 para poder vender terrenos de 2.500 metros cuadrados en lugar de los 5.000 establecidos inicialmente. Pero tras todas estas medidas, la realidad es que no parece tener dinero para afontar sus obligaciones y queda a merced de las futuras acciones judiciales de los expropiados.
La concejala que representa al PSOE en el organismo bilateral, Carmen Hernando, considera que el equipo de Gobierno municipal «simplemente mira para otro lado» ante el problema generado por el encarecimiento de las expropiaciones. «No están haciendo nada, adoptan una actitud como si el problema no existiera y lo único que hace es agravarse». De hecho, y mientras el tiempo corre, los intereses de demora se van encareciendo a razón de una media del 4% anual.
A su juicio, el Ayuntamiento debía haber al menos reservado una parte de su presupuesto para hacer frente a las deudas. «Están creando partidas nuevas que por separado no suponen grandes cantidades de dinero pero que sumadas podrían generar algo más importante, y utilizarlo para pagar lo que se debe». Sería casi tanto como que el Ayuntamiento viviera para pagar las nóminas de sus trabajadores y las expropiaciones de proyectos arrastradas en los últimos años.
Fuente: Diario de Burgos
