El Ayuntamiento pierde 120.320 euros por no aceptar en 2011 una salida pactada con el café Espolón
El hostelero afirma que ofreció al Consistorio 350.000 euros por dejar el local en mayo de 2013 y que el Consistorio le pidió 450.000 y la salida inmediata del negocio
Jue, 21/02/2013
J. MAIQUES / Burgos
El arrendatario de la cafetería Espolón (antiguo Pinedo) no desiste en su batalla por seguir regentando este histórico negocio de la capital y hoy mismo presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en términos similares al interpuesto con anterioridad ante la Audiencia Provincial.
Si bien es cierto que esta posibilidad entraba dentro de lo previsto, lo que no había trascendido aún es que en noviembre de 2011 el Ayuntamiento ofreció al hostelero saldar la deuda con 450.000 euros. Y dado que es de intuir que, en ese momento, pensaba que podía recaudar más tras el paso por los tribunales, puso la condición de que debía de abandonar el local de inmediato. Al menos esa es la versión que ayer comunicó a este periódico el portavoz del empresario, quien además aseguró tener prueba documental de esa oferta.
En este sentido, las mismas fuentes añadieron que la defensa de Atalaya Fernández pidió al Ayuntamiento que justificara las cantidades que le reclamaba para «analizarlas». Sin embargo, la respuesta fue tajante: «esto o nada». Una postura que el entorno del hostelero calificó, como mínimo, de «intransigente» ya que, según interpretaron, el Consistorio pensaba que esto se iba a resolver «de otra forma muy distinta» a la que luego han dictado las sentencias.
Pero hay más. El portavoz de la cafetería Espolón no solo reconoció que el propio hostelero realizó en noviembre de 2011 una oferta de 300.000 euros a cambio de abandonar el local en 2015. Según su relato de las negociaciones, llegaron a ofrecer 350.000 euros y abandonar el establecimiento en mayo de 2013. Una fecha que ahora mismo ya está muy próxima (apenas quedan poco más de dos meses) y una cantidad muy por encima de los 229.680 euros que ha recuperado el Ayuntamiento tras las dos sentencias emitidas por los tribunales. Por tanto, se puede concluir, a día de hoy, que el Consistorio ha perdido 120.320 euros al no aceptar la propuesta presentada por Atalaya Fernández.
Para justificar por qué ahora se dan estas explicaciones y no antes, además de por no interferir en el proceso, el entorno del empresario entiende que no se ha conocido lo suficiente su versión de lo sucedido. Porque si bien admiten parte de culpa, en todo momento dirigieron sus ojos hacia el Ayuntamiento. Según su opinión, con una culpabilidad mayor en este caso de la que se les achaca a ellos.
Con todo esto, lo cierto es que ahora mismo, con el recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo, la situación continúa pendiente de lo que diga la Justicia. Así, el primer filtro que deberá superar es el de la Audiencia Provincial (encargada de enviarlo luego al Supremo). Un paso más formal que de fondo que se podría resolver en apenas 10 días y que no es difícil que la defensa pueda superar.
No obstante, si la Audiencia Provincial no lo acepta a trámite, el hostelero aún podría presentar un recurso de queja para que quede en manos del Supremo. Si ninguna de estas dos 'súplicas' prospera, la salida del hostelero se puede producir en apenas en cuestión de semanas o pocos meses.
En el caso de que se supere el primer trámite, una posibilidad para nada descartable, transcurrirá un periodo de unos 30 días hasta que el asunto llegue a su filtro más decisivo: el Tribunal Supremo. Un paso, este sí, que es mucho más difícil que prospere, pero que podría alargar el proceso alrededor de otros dos años y medio. Eso, sin contar con los aproximadamente dos meses y medio que se da de plazo para admitir (o no) si el caso vuelve a ser juzgado en el TS.
Así las cosas, si todos los pasos dados favorecen al empresario, éste tendría garantizada su continuidad en el local, como mínimo, hasta finales de 2015 o principios de 2016. Si no es así (lo más normal por el complicado filtro del TS), el desalojo podría llegar antes del verano.
Ejecución provisional
Mientras tanto, la estrategia del Ayuntamiento ha sido la de esperar a ver si el empresario presentaba recurso. Y a la vista de que el hostelero sigue plantando batalla, el Consistorio, tal y como ya avanzó el alcalde, pedirá una ejecución provisional de la última sentencia. Lo que es lo mismo, que el juzgado ordene la salida del arrendatario hasta que se resuelva el caso. Una postura que hay que ver si se adopta de inmediato o si se espera a escuchar lo que diga el Supremo. A lo que habrá que ver, por otro lado, si acepta o no.
Fuente: Correo de Burgos
