El Ayuntamiento estudia un rescate para evitar el embargo de Villalonquéjar
Á.M / Burgos - jueves, 14 de noviembre de 2013
Ultimátum del TSJ. Avisa al Consorcio de que si no paga a los expropiados antes del 1 de enero decretará la subasta de los bienes (parcelas) del polígono
El Consorcio de Villalonquéjar (Ayuntamiento y CaixaBank) está en una situación extrema que obliga a encontrar contrarreloj una solución para pagar a los expropiados el sobrecoste del suelo que les fue reconocido por sentencia firme del TSJ en el año 2012. Como consecuencia de aquel dictamen, el coste de las parcelas ocupadas para ampliar el polígono industrial a través de su cuarta fase se disparó en 12,5 millones de euros a repartir entre todos los que recurrieron.
Algunos han solicitado meses atrás (y otros lo están haciendo ya) la ejecución de la sentencia. Es decir, que se les pague. Sin embargo, el Consorcio está en quiebra técnica porque ni siquiera puede afrontar sus propias deudas con las entidades financieras (CaixaBank y el ICO). De hecho, se está tratando de renegociar la deuda porque el ente es incapaz de hacer frente a los pagos de sus créditos.
Urbanizar la ampliación costó más de 100 millones de euros (que se deben en su práctica totalidad) y en los últimos meses no ha cuajado ni una sola operación de venta, lo que equivale a cero ingresos. El TSJ concedió en mayo un plazo de dos meses para que se pague a los expropiados que solicitaron ejecución de sentencia, pero tampoco eso se ha cumplido. De lo contrario, advirtió, procedería a aceptar la solución planteada por los acreedores: embargar y subastar parcelas del polígono hasta satisfacer las deudas.
La propia Sala ha incumplido su auto y a fecha de hoy sigue sin ordenar la ejecución del embargo, pero sabe que camina sobre un alambre muy fino y el pasado lunes citó a las partes (Consorcio, Ayuntamiento y acreedores) a una vista ‘informal’ para saber si existe una solución alternativa a un embargo que, además de farragoso, arruinaría el valor de los terrenos que tanto costó poner en el mercado y podría suponer un problema muy, muy, muy grave para el Ayuntamiento de Burgos.
Porque sí, el TSJ advirtió el lunes que hay sentencias que sientan jurisprudencia (concretamente referidas a las radiales de Madrid) que cargan la deuda con los expropiados sobre las costillas del agente expropiador, y en este caso es el Ayuntamiento de Burgos. Por si el Ejecutivo local se hacía el duro de tímpano, los magistrados advirtieron varias veces en la vista, algo que ha podido contrastar este periódico, que al Ayuntamiento le conviene, y mucho, no forzar medidas extremas porque podría acabar cargando toda la deuda sobre los ciudadanos de Burgos si el Consorcio no logra refinanciarse, algo que está intentando.
Al límite
A la reunión del pasado lunes le seguirá otra el próximo, en este caso con los representantes de los acreedores que ya han pedido que se ejecute el embargo, y hasta entonces no se tomará una decisión definitiva. Pero el mensaje del TSJ fue tan diáfano que el Ayuntamiento ha convocado de urgencia a los abogados de todos los expropiados para verse hoy mismo y tratar de lograr un acuerdo que paralice el embargo y la posterior subasta.
¿Y cuál es la propuesta? Pues tiene una doble vertiente. Por un lado, el Ayuntamiento se comprometería a afrontar el pago a los expropiados a través de aportaciones voluntarias al Consorcio (algo estipulado en el artículo 13 de los estatutos del ente), de forma que se paralizaran las solicitudes de ejecución de sentencia y, por tanto, el embargo del polígono.
Por otro, el Consorcio deberá cuajar las negociaciones emprendidas para obtener una refinanciación de su deuda que dé ciertas garantías al Ayuntamiento de que no se va a acabar ‘comiendo’ toda la deuda subsidiaria de una gestión que en el Ejecutivo local adjudican a la parte financiera y que está siendo muy cuestionada. Esa sería la que se denominó el lunes «solución global», entendido como tal que los acreedores obtienen garantías de cobro del Ayuntamiento y el Consorcio hace lo propio con la administración local logrando refinanciarse.
Para lograr ese acuerdo la Sala ha marcado un límite verbalmente: el uno de enero. Si para esa fecha no se pone sobre su mesa una salida negociada entre todas las partes, ordenará iniciar el procedimiento de embargo y la subasta de las fincas. Tal y como dejaron muy claro los magistrados, su interés reside en que los acreedores cobren, no en los problemas comerciales
Fuente: Diario de Burgos
