domingo, 18 de octubre de 2015

EL AYUNTAMIENTO SE GASTA EL DINERO EN EL PABELLÓN ARENA Y NO EN PAGAR LO QUE DEBE.

Burgos tiene 100 días para pagar 40 millones o el Consorcio del tren explotará

Á.M. / Burgos - domingo, 18 de octubre de 2015
El Ayuntamiento mantiene abiertas «negociaciones muy duras» con los acreedores para evitar que la ciudad cargue con un lastre de 167 millones en cuestión de meses • La refinanciación de 2014 activó una bomba que puede dinamitar la Hacienda local
El jueves entra en fase crítica la cuenta atrás que puede detonar la mayor bomba financiera de la historia de la ciudad. Será entonces cuando al Consorcio para la Variante Ferroviaria le queden 100 días, y ni uno más, para encontrar 39.172.892 euros con los que saldar parte de los créditos contraídos entre los años 2003 y 2008 para afrontar la parte que Burgos se comprometió a pagar de la obra del desvío y la urbanización (bulevar) de los terrenos liberados con la salida del tren.
Son cifras mayúsculas, pero representan únicamente una parte menor de la deuda real. Porque el hongo de la explosión alcanza unas dimensiones de 166.855.870 euros y los que están debajo son los ciudadanos de la capital, a razón de 953 euros por habitante. Echen cuentas.
Como es sabido, el Consorcio asumió la totalidad de la deuda generada con cargo a la ciudad por la operación de la salida del tren y, a cambio, se quedó con el terreno liberado: 870.000 metros cuadrados. Entre esos activos cotizaban decenas de miles de metros de suelo edificable con cuya venta se esperaba ir devolviendo el dinero prestado por las entonces cajas locales (hoy CaixaBank e Ibercaja) y Dexia Sabadell.
Pero se pinchó la burbuja del ladrillo y las ventas de suelo se redujeron a cero, lo que desencadenó la nula entrada de ingresos mientras vencían las obligaciones de pago. La consecuencia fue que en el año 2014 el Ayuntamiento de Burgos firmó un convenio con las fundaciones herederas de Caja de Burgos y CajaCírculo que permitía soslayar el impago en el que había incurrido el ente... Hasta el 29 de enero de 2016.
Ese acuerdo estableció, por primera vez y de forma diáfana, la obligación de proceder a la «disolución ordenada» del Consorcio «no más tarde del 31 de marzo de 2016» si no se cumplían unas condiciones concretas. Llegados a ese punto, la ciudad asumiría la totalidad de la deuda y se quedaría, a cambio, con un suelo que quizás algún día valga mucho dinero, pero ese día no es ni hoy, ni mañana, ni pasado. ¿Cuáles fueron las condiciones? Pues, fundamentalmente, dos. 
La primera, que «el valor de los activos debe ser superior al importe de la deuda viva del Consorcio en el día 31 de diciembre de 2015». Por tanto, hay que proceder a la oportuna tasación del suelo, pero la última vez que se hizo se reveló un desfase negativo multimillonario y la situación no ha cambiado mucho. La segunda, que «los ingresos generados por el Consorcio deben ser suficientes para pagar los intereses» de las operaciones financieras que se aceptaba reestructurar.
Y todo eso supeditado a otra fecha: el 29 de enero de 2016. Fruto del convenio, las entidades aceptaron cobrar únicamente los intereses de la deuda vencida en los años 2014 y 2015, algo que ha sido posible gracias al rescate municipal que comprometió fondos del Ayuntamiento, pero a 29 de enero de 2016 el Consorcio debe pagar 36.858.870 millones por las ‘letras’ atrasadas y las de 2016, además de 2.314.022 euros en concepto de intereses del próximo ejercicio. En total, 39.172.892 euros. Si no paga incurrirá en causa de disolución y, de nuevo, la deuda irá contra las costillas del Ayuntamiento. De todos los burgaleses, en definitiva. Pues bien, no hace falta ser un lince para saber que el Consorcio no va a pagar.
 
A cara de perro. Hay, por tanto, una doble evidencia. La primera es que las dos condiciones de obligado cumplimiento a fecha 31 de diciembre de 2015 no se van a ver satisfechas, y la segunda es que el impago, con fecha 26 de enero de 2016, es un hecho. ¿Qué salida hay? «Negociar», contesta un lacónico Salvador de Foronda. Al concejal de Hacienda se le nombró ‘delegado’ municipal para renegociar con los acreedores la deuda y buscar una salida que evite un colapso cuyas consecuencias son impredecibles.
Esas conversaciones ya están en marcha tanto en Madrid (con Dexia), donde consta la presencia del edil y del director técnico del Consorcio el pasado 16 de septiembre, como en Burgos a nivel territorial con CaixaBank e Ibercaja. Más difícil resulta saber qué se ha puesto sobre la mesa, pero De Foronda admite que «las negociaciones están siendo muy duras». Los acreedores ya firmaron una novación que ha permitido mantener vivo el Consorcio durante dos años, pero los plazos se agotan.
El ‘delegado’ municipal guarda mutismo sobre su ‘oferta’ a la banca, pero acepta varias realidades. Por ejemplo, que «es urgente» alcanzar un acuerdo. También que «ni voy a engañar a nadie ni voy a dejar que me engañen» y, lo más importante, asegura que «no voy a firmar una reestructuración de la deuda con un plan financiero en el que no creo». Es decir, nada de retrasar los problemas otro par de años como se hizo en el 14, lo que desató las críticas de la oposición al considerar que se salvaban las elecciones pero se activaba una peligrosa cuenta atrás.
De Foronda busca, por tanto, una salida real al túnel en el que está metida la ciudad a cuenta de esta mora, que supera con creces la deuda financiera de todo el Ayuntamiento (en torno a 110 millones actualmente) y se aproxima al presupuesto de todo un año (190 millones). El concejal considera que Burgos no está en condiciones pagar «más de 2,9 millones al año»; esto es, cree que se podría firmar una operación de larga duración porque, incluso en el milagroso caso de que se pagara el compromiso de 2016, en 2017 y 2018 habría que hacer frente a la misma cantidad, además de a 11 millones en 2019 y a 44,6 entre 2020 y 2028. Un imposible.
A pesar de tapar con ocho alfombras de plomo su propuesta, el responsable de la Hacienda municipal cree que «si son inteligentes (los bancos) dirán que sí». Porque esa es otra. ¿Qué pasa si no hay acuerdo? «Iremos a los tribunales, entregaré las cuentas del Ayuntamiento a un juzgado y allí se determinará cuánto tenemos que pagar cada año; igual tardan 40 años en cobrar». Es obvio que caricias, las justas. Sí está descartada una opción manejada años atrás como alternativa al abono de los créditos: la ‘dación en pago’.
Fuente: Diario de Burgos