Una década de polémica y falta de información sobre el proceso
Los detractores del modelo de concesión de obra pública siguen defendiendo su rescate
En febrero de 2003 se inicia el expediente para contratar el proyecto arquitectónico del nuevo hospital de Burgos. Es el primer paso por parte de la Junta de Castilla y León en un proceso de que alargaría hasta mediados de 2012 y que supondría la inversión de cientos de millones de euros en una infraestructura tan reclamada en Burgos como polémica.
El rechazo primero llegó en mayo de 2005 cuando el presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, anunció que el centro hospitalario se llevaría a cabo a través de un sistema de concesión de obra pública por el que se contrataría la obra de construcción, el equipamiento sanitario y el mantenimiento durante 30 años a quien resultara ganador de un concurso de adjudicación.
Un año después, en abril de 2006, el consejero de Sanidad, César Antón, presidía en la Delegación de la Junta en Burgos la firma del contrato entre la gerencia regional de Sacyl, que encargaba el proyecto, y el presidente de la sociedad concesionaria ‘Nuevo Hospital de Burgos’, José María Arribas.
En esa sociedad aparecían entidades financieras como Caja de Burgos, Cajacírculo, Caja España a través de una de sus sociedades, Caja de Ávila, Caja Duero, Santander Infraestructuras, Gerens Management Group, Obrascón-Huarte-Laín, Corsán Corviam, Grupo Norte y Urbanizaciones Burgalesas, una empresa local integrada por las principales firmas constructoras de Burgos tales como Arranz Acinas, Río Vena, Aragón Izquierdo, Gonorsa, Prosegón y Grupo Asuari, participada por Grupo Antolín.
Las obras se retrasaron una y mil veces por problemas de diseño, planteamiento y ejecución, encareciendo el proyecto y postergando la fecha de entrega. A mayores, ya con las obras encarrilladas llegó una nueva modificación para mejorar el equipamiento sanitario previsto para actualizarlo a las necesidades finales del centro; lo que la Consejería de Sanidad siempre ha denominado como ‘la carta a los Reyes Magos’ que escribieron los médicos del centro’.
De ahí procede la mayor parte del sobrecoste del proyecto que se iba a ejecutar por 242 millones y que, según el PSOE, salió por 528 después de sucesivos modificados. La Junta pecó de falta de información y dio alas a la especulación sobre las razones que motivaron que la factura se fuera engrosando. Esto fue así tanto en los primeros momentos del trámite como durante la construcción y el equipamiento del hospital. Es por ello que el Partido Socialista de Burgos llevó el caso ante el Tribunal de Cuentas, cuya Fiscalía abrió una investigación y concluyó que los modificados al proyecto «fueron tramitados cumpliendo todos y cada uno de los requisitos procedimentales exigidos», aunque dejó abierta la puerta a que fuera otro tribunal quien determinara si se produjeron otras responsabilidades.
Los socialistas burgaleses, con Luis Tudanca -ahora secretario regional- a la cabeza, aseguraron en la campaña electoral de las Autonómicas que acudirán a la vía penal para pedir responsabilidades por las presuntas irregularidades en los modificados de la obra y equipamiento del nuevo Hospital Universitario.
En esas fechas Tudanca denunció que acababa de averiguar que se produjo un nuevo modificado presupuestario, por 218,4 millones de euros, aprobado por el Ejecutivo regional en el mes de diciembre. Además, prometió que si llegaba a ser presidente regional su primera medida habría sido ordenar el rescate de la concesión del hospital de Burgos.
El rechazo primero llegó en mayo de 2005 cuando el presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, anunció que el centro hospitalario se llevaría a cabo a través de un sistema de concesión de obra pública por el que se contrataría la obra de construcción, el equipamiento sanitario y el mantenimiento durante 30 años a quien resultara ganador de un concurso de adjudicación.
Un año después, en abril de 2006, el consejero de Sanidad, César Antón, presidía en la Delegación de la Junta en Burgos la firma del contrato entre la gerencia regional de Sacyl, que encargaba el proyecto, y el presidente de la sociedad concesionaria ‘Nuevo Hospital de Burgos’, José María Arribas.
En esa sociedad aparecían entidades financieras como Caja de Burgos, Cajacírculo, Caja España a través de una de sus sociedades, Caja de Ávila, Caja Duero, Santander Infraestructuras, Gerens Management Group, Obrascón-Huarte-Laín, Corsán Corviam, Grupo Norte y Urbanizaciones Burgalesas, una empresa local integrada por las principales firmas constructoras de Burgos tales como Arranz Acinas, Río Vena, Aragón Izquierdo, Gonorsa, Prosegón y Grupo Asuari, participada por Grupo Antolín.
Las obras se retrasaron una y mil veces por problemas de diseño, planteamiento y ejecución, encareciendo el proyecto y postergando la fecha de entrega. A mayores, ya con las obras encarrilladas llegó una nueva modificación para mejorar el equipamiento sanitario previsto para actualizarlo a las necesidades finales del centro; lo que la Consejería de Sanidad siempre ha denominado como ‘la carta a los Reyes Magos’ que escribieron los médicos del centro’.
De ahí procede la mayor parte del sobrecoste del proyecto que se iba a ejecutar por 242 millones y que, según el PSOE, salió por 528 después de sucesivos modificados. La Junta pecó de falta de información y dio alas a la especulación sobre las razones que motivaron que la factura se fuera engrosando. Esto fue así tanto en los primeros momentos del trámite como durante la construcción y el equipamiento del hospital. Es por ello que el Partido Socialista de Burgos llevó el caso ante el Tribunal de Cuentas, cuya Fiscalía abrió una investigación y concluyó que los modificados al proyecto «fueron tramitados cumpliendo todos y cada uno de los requisitos procedimentales exigidos», aunque dejó abierta la puerta a que fuera otro tribunal quien determinara si se produjeron otras responsabilidades.
Los socialistas burgaleses, con Luis Tudanca -ahora secretario regional- a la cabeza, aseguraron en la campaña electoral de las Autonómicas que acudirán a la vía penal para pedir responsabilidades por las presuntas irregularidades en los modificados de la obra y equipamiento del nuevo Hospital Universitario.
En esas fechas Tudanca denunció que acababa de averiguar que se produjo un nuevo modificado presupuestario, por 218,4 millones de euros, aprobado por el Ejecutivo regional en el mes de diciembre. Además, prometió que si llegaba a ser presidente regional su primera medida habría sido ordenar el rescate de la concesión del hospital de Burgos.
Fuente: Correo de Burgos.
