Las visitas al Arco de San Juan son inviables y carecen de interés
Á.M. / Burgos - lunes, 12 de octubre de 2015
Eran la contraprestación de la sociedad del exconsejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, por haber pagado con dinero municipal la mitad del arreglo de su propiedad
El Ayuntamiento le debe medio millón de euros a 30 comunidades de vecinos que vieron reconocidas subvenciones a la rehabilitación de sus edificios. Dicho así suena mal. Pero añadiendo que las concesiones (y las obras) datan de los años 2011 y 2012, suena peor. Porque cobrar una ayuda municipal a la restauración de inmuebles en el centro histórico es un imposible desde hace un lustro, salvo para casos especiales. O para un caso especial, mejor dicho.
Mientras la nueva titular de Licencias, Ana Bernabé, trabaja para pagar lo prometido por otros a las comunidades afectadas, algo que probablemente no sucederá por completo hasta el año 2017, hay quien sí ha cobrado. Incluso más de lo previsto, aunque no es menos cierto que ha reintegrado el ‘sobrante’ a las arcas municipales de forma diligente y a petición propia.
El ‘afortunado’ ha sido el exconsejero de Sanidad de Madrid Manuel Lamela. En puridad, lo ha sido la sociedad mercantil Inversiones Lamela Campos, pero nadie en el uno de Plaza Mayor niega quién fue el interlocutor en la negociación previa. Por ambas partes, por cierto.
La cosa es que a finales de 2013 se desató una tormenta política al comprobar que los 60.000 euros que figuraban en el presupuesto municipal para el arreglo del Arco de San Juan, la única subvención a la restauración de una propiedad privada, irían destinados a sufragar el 50% de las obras previstas en la antigua puerta de Burgos. Máxime tras hacerse público que el inmueble en cuestión está a nombre de una sociedad del político, madrileño de adopción y burgalés de cuna, que fue imputado por presuntos delitos de prevaricación y cohecho.
De aquella se abrieron las aguas de la política local. En un lado quedaron quienes consideraron la subvención un favor político incoherente con la eliminación de las ayudas al resto de los mortales y, en el otro, quienes defendían que el Arco era la única de las tres puertas antiguas sin rehabilitar. Un BIC al que, gracias a este apoyo económico, podrían acceder los ciudadanos una vez al mes para «visualizar los conjuntos históricos de las plazas de San Lesmes y de San Juan desde las galerías del precitado inmueble». La cita es literal del convenio firmado ad hoc.
Es más, el PSOE llevó el caso a la Fiscalía. Acusaba al PP de «revestir de legalidad» una decisión no soportada en una convocatoria pública (se trató, en todo momento, de una subvención a efectos administrativos), pero la Fiscalía archivó la denuncia invitando a los socialistas a acudir a la vía administrativa y abandonar la penal. Mientras, las obras se ejecutaron y, a 24 horas de expirar el año 2014, se dieron por terminadas.
Dinero de vuelta.
La administradora de la mercantil escribió al Ayuntamiento para anunciar la culminación inminente de la reforma y mostrando su plena disposición «para dar cumplimiento a lo pactado». Esto es, a permitir visitas «con un régimen y horarios que no perturben el uso privado y la intimidad de los titulares del inmueble y de sus viviendas».
Ese tour se celebraría al menos 20 veces al año «siempre que hubiera demanda al respecto» aunque, eso sí, se establecía claramente en las cláusulas que «el plazo máximo de duración de este acuerdo será de un año a desde la finalización de las obras, sin perjuicio de que las partes puedan decidir de común acuerdo su renovación una vez evaluado el resultado de esta primera experiencia».
O lo que viene a ser igual: en un par de meses la propiedad quedará liberada de la obligación de abrir sus puertas a los ciudadanos, en el supuesto de que alguien quiera entrar a los miradores, y no estará obligada a ello salvo que lo admita motu proprio. Cabría preguntarse cuál ha sido el éxito de la iniciativa, pero para eso deberían haber existido las visitas. Lo cierto es que se pidió al IMC que tomara la iniciativa, pero cuando los técnicos revisaron el lugar «señalaron la imposibilidad de organizar las visitas turísticas y la escasez de interés de las mismas», explican fuentes del Instituto. En el interior se toparon con una vieja vivienda colmatada de enseres y muebles.
Al margen, resultó que las obras no costaron 120.293 euros. A partir de esa cantidad (la prevista en el proyecto original) se calculó una subvención equivalente al 50% y se pulieron los decimales para dejarla en 60.000 euros. La propiedad advirtió en tiempo y en forma esta circunstancia e hizo todo lo posible para proceder a la devolución del dinero entregado a cuenta (el 70% de la subvención total).
Así fue. En junio de este año quedó liquidado el reintegro al Ayuntamiento de 17.089 euros, además de 1.002 en concepto de intereses. Finalmente, la obra del Arco de San Juan costó 49.940 euros, de los que la ciudad ha pagado 24.910, aunque recuperó algo con los citados intereses. De lo que nunca más se sabrá es de ‘visitar’ algo que nadie pidió ‘visitar’.
Fuente: Diario de Burgos
