El PSOE llevará a Ibáñez a los tribunales por la factura de T-Systems
Entiende que ha expirado el plazo que le concedió para asumir responsabilidades e irse
Mar, 19/03/2013
J. MAIQUES / Burgos
El PSOE entiende que el tiempo que dio al vicealcade, Ángel Ibáñez, para que asumiera responsabilidades sobre los presuntos delitos cometidos al intentar abonar una factura de 460.000 euros sin el respaldo de ningún técnico municipal, ha expirado. Y por ello, el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Luis Escribano, indicó ayer que su partido no se ha tirado ningún farol y que «el Grupo Municipal Socialista ha acordado acudir a los tribunales para delimitar las responsabilidades, de cualquier orden, que pudieran concurrir en el señor Ibáñez por su actuación en este asunto».
Si bien es cierto que Escribano no aportó ayer detalles sobre el momento exacto en el que se presentará la denuncia ni sobre los delitos que se le pretenden imputar al vicealcalde, la semana pasada, el concejal socialista Antonio Fernández Santos apuntó una presunta comisión de los delitos de falsedad documental y prevaricación en el intento de pago de la factura a la empresa T-Systems ITC Ibérica S.A.U.
El problema, originado en la anterior legislatura, surge porque el contrato que se firma con la empresa se rubrica por un importe de 200.000 euros y la cuantía que al final reclama asciende a 460.000 euros. Después de que, según defiende la empresa, se produjera «un compromiso verbal» para que dos consultores siguieran acudiendo al Ayuntamiento a realizar unos trabajos por los que había que abonar 600 euros por jornada. Y aunque nadie en la Casa Consistorial niega que los empleados de T-Systems hayan acudido a realizar esas 'horas extra', tampoco nadie, al menos hasta la fecha, admite que haya solicitado que se realizaran esas tareas adicionales.
En cualquier caso, sea como fuere, el PSOE recuerda, y es ahí donde ve el posible delito, que el entonces concejal de Hacienda, Ángel Ibáñez, eleva a la Junta de Gobierno Local del 30 de diciembre de 2010 (la última del año) la propuesta para el pago de la factura en los importes reclamados por la empresa. Sin embargo, y después de que por esas fechas Fernández Santos denunciara el intento por pagar este recibo que nadie en el Ayuntamiento está dispuesto a avalar con su firma, se retuvo. Hasta el punto de que aún no se ha abonado. No obstante, Escribano recordó ayer que solo el intento de pagar ya es constitutivo de un presunto delito. Y es por ello por lo que ayer anunciaron su intención de acudir a la Justicia.
El PSOE entiende que el tiempo que dio al vicealcade, Ángel Ibáñez, para que asumiera responsabilidades sobre los presuntos delitos cometidos al intentar abonar una factura de 460.000 euros sin el respaldo de ningún técnico municipal, ha expirado. Y por ello, el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Luis Escribano, indicó ayer que su partido no se ha tirado ningún farol y que «el Grupo Municipal Socialista ha acordado acudir a los tribunales para delimitar las responsabilidades, de cualquier orden, que pudieran concurrir en el señor Ibáñez por su actuación en este asunto».
Si bien es cierto que Escribano no aportó ayer detalles sobre el momento exacto en el que se presentará la denuncia ni sobre los delitos que se le pretenden imputar al vicealcalde, la semana pasada, el concejal socialista Antonio Fernández Santos apuntó una presunta comisión de los delitos de falsedad documental y prevaricación en el intento de pago de la factura a la empresa T-Systems ITC Ibérica S.A.U.
El problema, originado en la anterior legislatura, surge porque el contrato que se firma con la empresa se rubrica por un importe de 200.000 euros y la cuantía que al final reclama asciende a 460.000 euros. Después de que, según defiende la empresa, se produjera «un compromiso verbal» para que dos consultores siguieran acudiendo al Ayuntamiento a realizar unos trabajos por los que había que abonar 600 euros por jornada. Y aunque nadie en la Casa Consistorial niega que los empleados de T-Systems hayan acudido a realizar esas 'horas extra', tampoco nadie, al menos hasta la fecha, admite que haya solicitado que se realizaran esas tareas adicionales.
En cualquier caso, sea como fuere, el PSOE recuerda, y es ahí donde ve el posible delito, que el entonces concejal de Hacienda, Ángel Ibáñez, eleva a la Junta de Gobierno Local del 30 de diciembre de 2010 (la última del año) la propuesta para el pago de la factura en los importes reclamados por la empresa. Sin embargo, y después de que por esas fechas Fernández Santos denunciara el intento por pagar este recibo que nadie en el Ayuntamiento está dispuesto a avalar con su firma, se retuvo. Hasta el punto de que aún no se ha abonado. No obstante, Escribano recordó ayer que solo el intento de pagar ya es constitutivo de un presunto delito. Y es por ello por lo que ayer anunciaron su intención de acudir a la Justicia.
Fuente: Correo de Burgos