El ciudadano paga el despilfarro: ¿será 2013 otro año marcado por la corrupción y el inmovilismo de los políticos?
La austeridad, enfocada únicamente a lograr los objetivos de
déficit, es la estrategia fundamental sobre la que gira la política
económica del Gobierno. Las empobrecidas familias, las arruinadas pymes y
los esquilmados autónomos seguirán sufriendo durante 2013 los terribles
efectos de esta contraproducente e ineficaz estrategia económica, que
además constituye un engaño para todos los ciudadanos.
Desvalijar
a la clase media, a las pymes y a los autónomos, que es lo único que se
ha hecho hasta la fecha, no solucionará la crisis. Sin clase media, el
elemento estabilizador de España, y sin pymes ni autónomos, la base del tejido empresarial español, nuestro país se acerca al tercer mundo.
Sin embargo, la estructura de la Administración (y el sector público
empresarial) ha permanecido prácticamente intacta durante el primer año
de mandato del actual Gobierno. Igualmente, los cientos de miles de
empleados públicos sin oposición (enchufados en la Administración por
los partidos políticos), asesores políticos y personal político sobrante
siguen en sus cómodos puestos de trabajo cobrando unos sueldos tan
inmorales como innecesarios, entorpeciendo, además, el trabajo de los
funcionarios y propiciando la corrupción.
¿Qué motivación puede tener un emprendedor, un autónomo o un
profesional si percibe que la riqueza que genera con su trabajo solo
sirve para mantener a millones de parásitos instalados plácidamente en
la Administración? ¿Se enfrentará el Gobierno en 2013 al principal problema que está deteriorando a la economía española?
Indudablemente, este problema no es otro que la existencia de una casta política parasitaria y corrupta
(más de 300 políticos están actualmente imputados en casos de
corrupción) que no tiene intención de reducir el Estado, puesto que ello
significaría una pérdida de privilegios y de clientelismo político y,
por tanto, de poder.
¿Están de acuerdo el Gobierno y la oposición en mantener el
sobredimensionamiento de la Administración aunque quiebre España? La
deuda de las Administraciones Públicas sigue creciendo un 15% y el
déficit de 2012, sin contar el rescate financiero, podría situarse en
torno al 7,5% del PIB una vez maquillada la contabilidad y guardadas
muchas facturas en los cajones. Pero la banca, el socio perfecto de la casta política, sigue financiando nuestra deuda.
¿Seguirá el juego si finalmente el Gobierno de España solicita un
rescate global? La desconfianza que produce el círculo vicioso de
impagable deuda pública y el insostenible déficit pueden abocar a
nuestro país a un rescate global que los mercados tienen descontado.
A las familias, a los autónomos y a las pymes únicamente les
convendría un rescate que lleve implícito una reforma del Estado de las
autonomías y un recorte radical del gasto público (y político)
improductivo de la Administración. Por el contrario, a la casta política
le favorecería un rescate light que no tocara la estructura
autonómica y que se centrara en recortes a los ciudadanos, es decir, una
continuación de la política económica del Gobierno. Los intereses de la casta política no coinciden con los de los ciudadanos productivos.
Pero la economía española, sobre todo, debería librarse en 2013 del
lastre que supone la corrupción política. Nuestra Administración, en
todos sus niveles, está sumida en un pozo de corrupción. Los
funcionarios públicos de carrera no son los responsables del altísimo
grado de corrupción que sufre la Administración. Los verdaderos
culpables son los políticos y los empleados enchufados por estos, que
sin sentido del deber ni de la ética han corrompido el Estado.
El Gobierno no parece desear la solución a este problema, puesto que
para ello debería despolitizar la Justicia y eso dejaría desprotegida a
la casta política. Y eso no es una cuestion baladí porque la corrupción estrangula la economía de cualquier país.
El PP lleva un año en el poder y parece que todavía está gobernando
Zapatero. La subida de impuestos es una de las consecuencias de la
corrupción y el despilfarro.
Lucio A. Muñoz es socio director de Eurogroup Human Resources.
Fuente: elEconomista.es
