lunes, 7 de enero de 2013

LAS ADMINISTRACIONES LAS MÁS MOROSAS

Las pymes no se creen la ley 'antimorosos': la bola de impagos de las Administraciones asfixia a las empresas

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El año 2013 es, sobre el papel, el inicio del fin de la travesía del desierto que centenares de miles de pymes y autónomos llevan sufriendo años y años para normalizar los plazos de pago de sus servicios a las Administraciones Públicas. Amén de llegar a cobrarlos, claro.
La coincidencia de la entrada en vigor de dos normas legales, la última etapa de ley española de morosidad y la transposición en marzo de una directiva europea sobre el mismo aspecto, deberían de lograr que todas las Administraciones estuvieran pagando regularmente en 30 días a sus suministradores, con algunas excepciones para trabajos ligados a la construcción.
Pero las pymes y los autónomos consultados por elEconomista en las principales autonomías no se creen estas perspectivas. Más aún a tenor de los más de 13.700 millones de nuevas facturas impagadas que se acumulan sólo en los cajones de los gobiernos autonómicos -según datos del Ministerio de Hacienda a octubre pasado, que incluyen alguna cantidad para deuda financiera y nóminas-.
ATA, por su parte, cifra la deuda de comunidades, ayuntamientos y diputaciones con pymes y autónomos en 5.500 millones entre enero y noviembre de 2012. Y ello tras la ejecución de los planes de pago para autonomías y ayuntamientos que saldaron 27.303 millones de 2011 y años anteriores.
Esa cifra de nueva morosidad se refiere a productos y servicios contratados sólo en 2012. El propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que impulsó esos planes de pago, advirtió la semana pasada a las administraciones morosas de que les detraerá recursos procedentes de su participación en los ingresos del Estado para pagar a proveedores.
Estos podrán acudir directamente a Hacienda para reclamar el pago según un procedimiento aún por definir. A ello se suman los intereses de demora de ocho puntos sobre el tipo medio del Banco Central Europeo que prevé la citada directiva de la Comisión Europea para retrasos superiores a los 30 días.

Los pequeños empresarios no se fían

Pero los pequeños empresarios no se fían. En Aragón, por ejemplo, no se paga en los plazos previstos, "pero no hay tantos problemas y retrasos", según explica Rafael Zapatero, secretario general de Cepyme en la región. "No creo en los milagros y no creo que las administraciones puedan pagar a 30 días ni en 2013 ni en 2014" añade Rafael Zapatero, ya que prevé que "continúen las tensiones de liquidez" y no se flexibilizará el acceso al crédito para el sector público local.
En general, los mayores retrasos en el pago a proveedores se están produciendo en las grandes contratas como el transporte público, recogida de basura y residuos... En el Ayuntamiento de Zaragoza, en relación a las operaciones pendientes de pago de acuerdo con los últimos datos facilitados en octubre, el Registro Unificado de Facturas tiene registradas fuera del período legal más de 64 millones. No obstante, esta cifra puede variar hasta el cierre del último trimestre del año.
El consistorio zaragozano está pagando con una media de 74 días porque, según explican fuentes del ayuntamiento, el principal problema es que "se nos debe dinero desde el resto de administraciones central, autonómica y provincial".
Con todo, este tiempo se ha reducido, ya que en 2011 eran 192 días. Y, a falta de los datos definitivos del cierre de 2012, el Gobierno de Aragón ha finalizado la regularización de las deudas pendientes del anterior ejecutivo autónomo, que ascendían a 465 millones de euros y que no tenían consignación presupuestaria.

Últimos pasos para el plan a proveedores

Además también se han dado los últimos pasos para lanzar el plan de pago a proveedores para abonar otros 429 millones. Por su parte, Rafael Granados, presidente de la Federación de Autónomos de Galicia, reitera que existe falta de liquidez, no hay circulante y la deuda sigue creciendo, por lo que augura nuevas dificultades.
Además, considera "altamente improbable" que las Administraciones puedan cumplir los nuevos tiempos de pago que para el año 2013 estarán fijados en 30 días.

Incumplidores anunciados

Más claramente aún lo expresa el ayuntamiento de Madrid, que se acogió al plan de pago a proveedores y reconoce sin pudor que incumplirá el plazo legal fijado para este año. "La participación en ese plan de pago llevaba aparejada la elaboración de un Plan de Ajuste, en el que se establecen las condiciones necesarias para reducir progresivamente, y en un periodo de dos años, tanto los plazos de pago, que han pasado de 11 meses a seis meses, como la deuda, que a cierre de 2012 ya se ha reducido a más de la mitad.
"Los presupuestos aprobados para 2013 profundizan en este proceso de reducción de la deuda, de forma que en enero de 2014 se pueda pagar en 30 días".
El gobierno de la Comunidad de Madrid no ha respondido a las cuestiones planteadas por elEconomista en relación a los volúmenes de deuda pendientes con proveedores y si va a poder cumplir con los plazos de pago que establece la ley. Sin embargo, según Elena Melgar, presidenta de ATA Madrid, en la comunidad se deben 558 millones a los autónomos a diciembre de 2012.
La situación ha vuelto al mismo punto que antes del plan de pago. Esto es, a su juicio, sobre todo ilegal, ya que "no están cumpliendo la ley de morosidad".
"Entiendo que no deben tener mucho dinero y que pagar a los autónomos igual no entre en sus prioridades, pero es que la ley les obliga a pagar en 30 días".
La solución pasa, según Melgar, por que empiecen el año con buen pie y salden la deuda de 2012 y no dejen
que se acumule. "Si es sangrante que no te paguen las empresas privadas, lo es más el que no te paguen
las públicas. Si no tienen dinero, que no encarguen".

Andalucía no responde

Tampoco ha respondido la Junta de Andalucía, que pidió 2.700 millones para pagar a proveedores y que, según el PP andaluz, adeuda 630 millones a este colectivo a 30 de noviembre, más otros 1.704 millones en obligaciones reconocidas pendientes de pago relacionadas con inversiones.
En el caso del ayuntamiento de Valencia, fuentes de la concejalía de Hacienda reconocieron, en línea con lo manifestado desde Madrid, que "si no se puede cumplir
el plazo de 30 días, se cargarán los intereses de demora, como hasta ahora, pero por mucho que aprieten, si no hay dinero no se va a pagar antes".
Este consistorio tenía una deuda con proveedores de 58,8 millones a 30 de noviembre de 2012, según datos del concejal socialista Pedro Miguel Sánchez. Una cifra
abultada después de que gracias al plan de pago a proveedores enjugara deudas por 183 millones.
Desde el ayuntamiento de Sevilla, que se acogió al plan de pago a proveedores con una cantidad de 60 millones, se asegura: "Con los medios de que disponemos hoy en
día, estamos tratando en la medida de lo posible
de ajustarnos a ese plazo de 30 días y viendo dónde se  producen los mayores retrasos en la tramitación de las facturas para implementar los medios necesarios allí donde la tramitación consuma más plazo.
El objetivo es acortar allí donde se producen los retrasos para cumplir con el citado plazo". No obstante, hay ya varios ayuntamientos importantes que cumplen la ley y lo seguirán haciendo, como Bilbao, Málaga o Valladolid.

En Valencia

En cuanto a la Generalitat valenciana, el problema es que su caja está aún más vacía que la del Ayuntamiento de la capital. A pesar de los últimos pagos directos del Gobierno
central a proveedores, vía FLA -1.500 millones-, cientos de empresas continúan sufriendo los impagos del Ejecutivo de Alberto Fabra, que no ha facilitado la cifra que les  adeudaba a final de 2012. Se conoce lo que debe a las farmacias, las recetas desde julio, unos 400 millones, y lo que adeuda a las empresas gestoras de unas 170  residencias de la tercera edad, unos 61 millones por todo 2012. Sólo la Consejería de Sanidad, aparte de la deuda con farmacias, adeuda más de 700 millones a proveedores correspondientes a 2012.

Distinta situación en Cataluña

En Cataluña se produce una situación totalmente contraria entre las dos principales administraciones. Mientras el ayuntamiento de Barcelona pagaba el año pasado sus facturas a 40 días y se ha comprometido a abonarlas a 30 días este mes de enero, la Generalitat de Cataluña está pagando a los autónomos en un plazo de cinco meses y
medio, según ATA.
La deuda que arrastraba el gobierno de Artur Mas con este colectivo al cierre de 2012 ascendía a 922 millones.
Los retrasos en los pagos también los están sufriendo en Cataluña otros colectivos como los farmacéuticos, las escuelas concertadas y los principales hospitales que no son propiedad de la administración catalana, pero que trabajan casi en exclusiva para el sector público. 
Fuente: elEconomista.es