Los sótanos de Juan XXIII que invaden calle son sancionables

Á.M / Burgos - viernes, 24 de mayo de 2013

Un informe de Licencias advierte que aquellos que se ciñeron a la huella del edificio cometieron una irregularidad pero ya está prescrita. Sin embargo, los que se metieron bajo el dominio público deben restaurar la legalidad

No por estar ‘cantado’ deja de ser necesario que lo acrediten los técnicos municipales, pero los resultados de un primer informe encargado por Licencias para saber cómo se ha de proceder con los sótanos ilegales detectados en multitud de bajos comerciales de Juan XXIII oficializa lo que era más que previsible: no tienen licencia, y por tanto son ilegales, pero ha transcurrido tanto tiempo desde que se hicieron que poco margen de maniobra hay. Pero hay.

Las estancias, horadadas de forma artesanal porque jamás formaron parte del proyecto inicial, lograron doblar el espacio disponible de los locales. En la mayoría de los casos son utilizadas como almacén y no están abiertas al público, pero precisamente por haberse ejecutado fuera de proyecto pueden constituir un riesgo, dado que, tal y como este periódico pudo comprobar accediendo a varios de ellos, alcanzaron, e incluso superaron, las zapatas (cimientos) y la huella de los edificios.

Lo curioso es que nadie en el Ayuntamiento tenía constancia de su existencia hasta que los técnicos vinculados a la pretendida obra del bulevar de calle Vitoria comenzaron a elaborar los trabajos previos. Eso ocurrió el 14 de marzo de 2013, y fue entonces cuando se supo que no valdría tomar como buenos los planos originales de la barriada porque tenían premio. Se estudió su ubicación y se determinó que no constituyen un riesgo inminente, pero para no tentar a la suerte se modificó el proyecto del párking subterráneo alejando los accesos del lugar.

Solventadas las dudas arquitectónicas, restaba saber cómo proceder en el plano legal, y de ahí que la titular de Licencias, Dolores Calleja, pidiera asesoramiento a sus técnicos.

Sanciones
Lo primero que despeja el informe es si las actuaciones en materia de restauración de la legalidad han prescrito o no, y la conclusión es que en el caso de aquellos sótanos que limitaron sus dimensiones a la huella del edificio sí han prescrito, puesto que resulta obvio que todos se construyeron hace más de cuatro años, que es el límite temporal para exigir responsabilidades.

Sin embargo, eso no alcanza a aquellos propietarios cuyos bajos exceden la huella del edificio y se meten en el subsuelo público. Es claro que existir existen, puesto que, como demuestran las imágenes, los respiraderos, en algunos casos, están muy alejados de los muros del edificio.

Para esos supuestos de afección al dominio público, los técnicos concluyen que «debería tramitarse un procedimiento de restauración de la legalidad, así como iniciarse procedimiento sancionador sin perjuicio de la reposición de los bienes afectados a su estado anterior, en todo caso a costa de los responsables». Pero, ¿y si nadie responde?

Pues entonces hay que acudir a dos vías, destacadas por los funcionarios. La primera es la ejecución subsidiaria: que lo encargue el Ayuntamiento y se lo cobre a la propiedad. La segunda es «imponer multas coercitivas hasta conseguir que se ejecuten las medidas de restauración de la legalidad».

Visto lo que dice la Ley, resta saber quién debe actuar, y eso también queda meridianamente claro. «Las atribuciones para la restauración de la legalidad de aquellas actuaciones que afecten al dominio público municipal corresponderían con la Concejalía de Patrimonio Municipal», tal y como quedó acreditado en el último reparto de competencias. Allí manda Salvador de Foronda, al que le cae otro ‘premio’
Fuente: Diario de Burgos