La policía destapa las prácticas de financiación ilegal en el PP
“Transformaron donaciones nominales por encima del límite legal en ingresos anónimos fraccionados por valor inferior”, señala un informe de la UDEF remitido al juez
La Brigada de Blanqueo de Capitales de la policía, la UDEF, apunta en
un informe sobre los llamados papeles de Bárcenas que el PP, entre 1990
y 2008, se financió con donaciones ilegales que le entregaron grandes
empresarios españoles. El informe, que ocupa 131 folios y que ya está en
manos del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, confirma que el ex
tesorero del PP Luis Bárcenas ingresó en un banco parte de las
donaciones ilegales, y lo hizo troceándolas en pequeñas cantidades para
evitar que superasen los 60.000 euros y que el Tribunal de Cuentas
pudiera advertir que incumplía la Ley de Financiación de los Partidos
Políticos. Además, la policía recuerda en su informe que las empresas
donantes (OHL, Sando, Sacyr, Azvi, Aldesa o Contructora Hispánica, entre
otras) recibieron contratos de administraciones públicas, algunas
gobernadas por el PP y otras por el PSOE y otros partidos.
El informe de la UDEF abunda en la autenticidad de los papeles
manuscritos de Bárcenas que publicó EL PAÍS el pasado 31 de enero (están
escritos de su puño y letra, según el informe policial caligráfico) y
destaca que existen abrumadoras coincidencias entre los apuntes de
Bárcenas, la contabilidad oficial del PP y los extractos que figuran en
la cuenta especial del Banco de Vitoria (luego Banesto) en la que se
ingresaban esas donaciones en aras de la transparencia que imponía la
Ley de Financiación de Partidos Políticos.
Los papeles de Bárcenas reflejan una supuesta caja B del PP en los
últimos 20 años. Una contabilidad paralela que recoge donaciones
ilegales al partido de grandes empresarios y supuestos pagos o
sobresueldos con ese dinero a la cúpula dirigente del partido. Pagos a
políticos (“complementos”, los define Bárcenas en su declaración ante la
Fiscalía Anticorrupción) que también serían ilegales porque algunos de
los beneficiarios ya cobraban sueldos como cargos de la Administración y
tenían prohibido recibir cualquier otro tipo de remuneración.
Los donativos que Bárcenas fue registrando en esa contabilidad
secreta no hubieran podido entregarse por vías oficiales, dado que su
importe superaba el tope legal fijado para una misma persona física o
jurídica o bien porque procedían de personas o empresas a las que les
estaba prohibido hacer aportaciones a los partidos por ser contratistas
de la administración. La Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos
Políticos, que estuvo vigente desde 1987 hasta julio de 2007
—prácticamente toda la etapa que recogen los manuscritos de Bárcenas—,
señalaba que “los partidos no podrán recibir, directa o indirectamente,
aportaciones procedentes de una misma persona física o jurídica
superiores a la cantidad de 10.000.000 de pesetas al año”. Y añadía:
también estaban prohibidas las aportaciones procedentes de “empresas
que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras o
suministros para alguna Administración Pública”.
El documento policial analiza las donaciones hechas por estos
empresarios y las coteja con las cuentas oficiales del PP, que consta en
la causa. Entre ellas, con la cuenta del Banco de Vitoria que por
imperativo legal abrió el partido para depositar las donaciones. La
policía señala en el informe, tal como adelantó este periódico, que en
los papeles de Bárcenas “existen 14 apuntes relativos a la salidas de
fondos con destino a la cuenta de donativos (anónimos) en la entidad
financiera Banco Vitoria/banesto” por importe de casi 7,5 millones de
euros. Y que este dinero provenía “de empresas privadas y personas
física” que fue ingresado en esa cuenta en fechas similares a las de su
recepción en el partido. “Si bien se observa”, señala la UDEF, que estas
cantidades, superasen o no el tope de los 60.000 euros, “se ingresan de
forma fraccionada, diviendo la cantidad en lotes en cuantías más
pequeñas”. Es decir, que las donaciones ilegales iban a la cuenta de
donaciones del PP de manera fraccionada y en cantidades inferiores al
tope de los 60.000 euros. La UDEF destaca que hay un total de “21
donaciones que superan el límite de los 60.000 euros”. “Se observa por
tanto”, asevera, “una actuación persistente en el tiempo consistente en
transformar donaciones nominales por encima del límite legal en ingresos
en la cuenta de donativos anónimos, dividiendo la cuantía en múltiples
partes por valor inferior, con lo que es imposible verificar si se
incumplen los límites máximos de aportación”.
La policía destaca una donación nominativa que, en realidad,
corresponde a aportaciones ilegales de los empresarios que constan en
los papeles de Bárcenas como donantes. "En la cuenta del banco Vitoria/
Banesto número 781000 se observa, por ejemplo", señala la UDEF, "un
apunte fechado el 31 de marzo de 2008 por importe de 60.000 euros
relativo a una salida de fondos bajo el concepto asociado Alv. Lapuerta [antecesor de Bárcenas como tesorero del PP] a cambio de talón ingresado hoy
con destino a la cuenta de donativos (nominativos) en la entidad
Banesto. A renglón seguido”, añade la UDEF, “en la cuenta de donativos
nominales contra una entrada de fondos ese mismo día por ese importe y
referido a la misma persona mediante talón a nombre de Álvaro Lapuerta
[entonces tesorero del PP, mientras Bárcenas era gerente] . De igual
manera que en el caso anterior”, añade la policía, “la generación de los
fondos obedece a 23 entradas con origen en empresas privadas o personas
físicas, ocho de las cuales superaban los 60.000 euros. De esta forma",
concluye la policía, "donaciones nominativas vinculadas a empresas
privadas o personas físicas anotadas en los estadillos de control
financiero, ocho de las cuales superaban el umbral de los 60.000 euros,
se transforman en un ingreso nominativo a nombre de Álvaro Lapuerta
Quintero en la cuenta de donativos nominales, con lo que es imposible
verificar si se incumplen los límites máximos de aportación”.
La policía avala sus conclusiones con la propia declaración de
Bárcenas ante la Fiscalía Anticorrupción, hecha el pasado 6 de febrero.
Un abogado le preguntó a Bárcenas si la ley permitía hacer donaciones en
efectivo. Barcenas señaló: "(...) Es de sentido común (que) si llega un
señor y dice yo quiero dar 300.000 euros, pues evidentemente siempre
existiría una fórmula que es decirle al cajero, toma 50.000 que han
venido como anónimos, que han venido en mano, pasado 50.000 tal…”.
La UDEF señala en el informe que “existe una correspondencia entre
apuntes y salidas contenidos en la documentación objeto de estudio (los
papeles de Bárcenas) y la recepción de dichos fondos por sus
beneficiarios”. Beneficiarios de ese dinero fueron supuestamente casi
todos los miembros de la cúpula del PP de los últimos 20 años. En los
cuadernos del extesorero figuran, apunta la policía, salidas de fondos
destinadas a “determinadas personas del ámbito de la formación política
que han manifestado públicamente o aportado documentación en relación a
dichas anotaciones que permiten verificar la realidad de las mismas..
Por ejemplo, una entrega al exdiputado Jaime Ignacio del Burgo, que
figura vinculado a una salida de fondos de 3.005 euros en julio de 2001.
Esta persona “realizó un acta de manifestación de hechos ante notarios
donde declaró (...) los pormenores de dicha entrega y reconoció la
veracidad de la misma. Además, dispone de un recibí de esa cantidad y
admite que no practicó retención en el IRPF porque no era una
retribución”. La policía enumera seis entregas a altos cargos del PP.
Entre otros al diputado Eugenio Nasarre. Señala la policía que hay dos
salidas en octubre de 2003 y enero de 2004 con destino a Nasarre, quien
ha manifestado que esos pagos “eran donativos del partido a la Fundación
Humanismo y Democracia, de la que es patrón”. El informe recoge otras
seis salidas entre diciembre de 1991 y octubre de 1992 por importe total
de 19.833,39 euros con destino a Calixto Ayesa, quien, por su lado,
manifestó que el dinero obedecía “a una compensación transitoria que la
dirección nacional del partido decidió darle”.
La Ley de Financiación de Partido Políticos prohibía, además, que las
empresas donantes pudieran contratar con la Administración. La policía
ha analizado las contratas que mantuvieron con Administraciones
públicas, si bien matiza que no dispone de toda la documentación. Cita
varios ejemplos de empresas cuyos gestores dieron donativos y recibieron
contratas públicas, aunque en ningún caso llega la policía a relacionar
las entregas de dinero con la adjudicación de contratos, pues en muchos
casos recibieron obras de administraciones gobernadas por distintos
partidos políticos y la policía no puede acreditar que la adjudicación
se hubiera hecho a cambio de la donación. El juez Ruz ha citado a ocho
grandes empresarios relacionados como donantes en los papeles para
finales de este mes, si bien en los papeles de Bárcenas constan otros
empresarios donantes que, al menos de momento, no han sido citados.
Según la UDEF, sobre la entidad Obrascón Huarte Lain figura que,
entre 2002 y 2009, obtuvo un total de 619 contratas de todas distintas
administraciones públicas por importe de 7.758 millones de euros, de los
cuales 215 procedieron de órganos gobernador por el PP por importe de
4.600 millones. “Por tanto”, señala la policía, ”obtuvo el 34,73% de los
contratos de gobiernos del PP, lo que representan el 60% del volumen de
contratación total de la empresas. Juan Miguel Villar Mir, su
presidente hizo aportaciones al partido por un montante de 530.000
euros, que se producen mediante tres entregas en los años 2004 (100.000
euros), 2006 (180.000) y 2008 (250.000 euros). Existe por tanto una
continuidad en las entregas en periodos de tiempo donde obtiene
adjudicaciones de órganos del PP”, señala el informe de la UDEF.
La policía indica, sobre el grupo empresarial Sando, que recibió 222
contratas de todas las administraciones por importe de 1.900 millones
entre 2002 y 2012. El 23% de los contratos fueron de gobiernos del PP.
“Las aportaciones de fondos que figuran anotadas a nombre de José Luis
Sánchez, presidente de la compañía, alcanzó los 1.250 millones de euros,
que se producen en trece entregas entre los años 2002 y 2008. En este
caso, 12 de las trece entregas fueron por un importe superior a los
100.000 euros”, siempre según el informe. La entidad Sacyr Vallehermoso
recibió, por su lado, 377 contratas del conjunto de las
administraciones, que le reportaron 4.700 millones. 117 de esas
contratas fueron adjudicadas por administraciones gobernadas por el PP.
Las aportaciones de Luis Fernando del Rivero Asensio, presidente de
Sacyr, entre 2002 y 2011 fueron de 480.000 euros en cuatro entregas (la
mayor, de 200.000 euros) en 2007. También en este caso la policía
también advierte “continuidad en las entregas en periodos de tiempo
donde obtiene adjudicaciones de órganos gobernados por el PP”. Lo mismo
ocurre con el grupo de empresas Azvi, donde figuran aportaciones de sus
responsables Manuel y Guillermo Contreas Ramos por importe de 858.000
euros en trece entregas. La mayor, de 390.000 euros, en 2003 también se
producen por órganos gobernados por el PP, señala la policía.
Otra de las firmas analizadas es la firma Sedesa, a la que le constan
contratas con el Estado por importe de 426 millones de euros, de los
que 272 millones procedían de administraciones del PP. “En este caso las
aportaciones de fondos [donaciones], 200.000 euros, las realiza Juan
Cotino”, actual presidente de las Corte de Valencia y vinculado a este
grupo, que pertenece a su familia. La mayoría de adjudicaciones de
Sedesa proceden de administraciones de la Comunidad de Valencia La UDEF
señala al respecto: “El año en que se registra esa entrada, 2004, se
produjo la adjudicación de los siguientes contratos: Consorcio Valencia
2.007, Contrato AL/2004/17006. Base y cantiles. Importe, 44.666.550
euros. Contratista UTE Dragados, Sedesa Obras y Servicios y
Construcciones Especiales Dragados”.
Algo similar sucede con las sociedad Copasa, Constructora Hispánica,
con Copisa Construcciones Pirenáicas, Aldesa, FCC Construccción SA,
Urazca o Rubau, donde Antonio Vilella, apoderado de Rubau, hizo una
aportación de 100.000 euros en dos entregas en el año 2004. Destacala
UDEF que, si bien en 2003 obtuvo un único contrato por importe de
1.925.525 euros, sin embargo, al año siguiente, en 2004, obtuvo cuatro
contratos por valor de 76 millones de euros que se redujeron en 2007 a
un único contrato de 1,4 millones. “Entre los cuatro contratos
adjudicados en 2004 figura uno del Ministerio de Fomento por importe de
52.608.950 euros”.
La UDEF concluye: “El conjunto de sociedades mercantiles han recibido
en el periodo de tiempo objeto de estudio, 2002-2012, adjudicaciones de
contratos públicos de Administraciones gobernadas por el PP. Aunque no
todas han sido adjudicatarias de contratos cada año, conviene indicar
que la realización de las obras se difiere en el tiempo durante la
ejecución del proyecto, por lo que el plazo durante el que están en
vigor se extiende en el tiempo. Las fórmulas de entregas varían de unas
cantidades a otras, si bien se observa una continuidad en las
aportaciones durante el periodo en el caso de las sociedades
Constructora Hispánica, OHL, Sando, Sacyr, Azvi y Aldesa; y en otros
casos existe una concentración en un momento determinado, como es el
caso de Sedesa, en el año 2004; Copasa, en 2007, y Rubau en 2004. En
algunos casos se observa que coincide con el de mayor volumen de
contratación, como el caso de Rubau; o uno de los mayores, como el caso
de Copasa en 2004; o el inmediatamente siguiente a uno de valor elevado
de la serie como en los casos de Urazca, FCC o Copisa”.
La policía propuso al juez el interrogatorio de ocho de estos
empresarios y de algunos altos cargos del PP que han reconocido haber
recibido dinero del partido salido supuestamente de estas donaciones.
También pidió al juez que declare Luis Molero, cajero del PP, quien,
según Bárcenas, participó en el proceso de ingreso de donativos. También
propuso que declare Milagros Puente, jefa del departamento del
contabilidad del PP. Ruz también la ha citado para finales de este mes.
Además, al UDEF pide que se investiguen las adjudicaciones recibidas por
empresas vinculadas a empresarios como Ramón Aige Sánchez (Sorigue-Acsa
y Sorigue ,SA); José Antonio Romero Polo; Joaquín Molpeceres (Licuas y
Desprosa); Ignacio Javier López de Hierro Bravo (Metrovacesa y
Constructora Continental; López de Hierro es el marido de la secretaria
general el PP María Dolores de Cospedal); Antonio Pinal (Bruesa) y
Camilo José Alcalá (Cyopsa).
Fuentes próximas al juez Ruz otorgan gran valor a este “informe
preliminar” de la policía. Lo califican de “concienzudo” y “exhaustivo”,
informa F. J. Pérez. Desde que se hizo con la
investigación, el juez Ruz se marcó como objetivo contrastar la
veracidad de los llamados papeles de Bárcenas. Esta presunción se basa
ahora en tres grandes patas: la primera es el este último informe de los
especialistas policiales, que desvela una “persistencia en el
fraccionamiento” de fondos. La segunda es el estudio caligráfico que
determinó que la letra de la contabilidad secreta era del tesorero.
Finalmente, el juez cuenta como indicio con las declaraciones de los
distintos políticos del PP que admitieron haber recibido sobresueldos de
Bárcenas en las fechas consignadas en la contabilidad.
Fuente: El País
