El vicealcalde señala que se aprobó en la última Junta de Gobierno de 2010, sin percatarse de si había motivos para hacerlo, para agilizar los pagos a los proveedores
Sab, 11/05/2013
J. MAIQUES / Burgos
La reclamación de T-Systems al Ayuntamiento para cobrar los 460.000 euros de un trabajo que ningún técnico municipal está dispuesto a firmar (en el contrato solo se contemplaba abonar la mitad) propició que ayer se llevara al Pleno esta factura para proceder a la suspensión del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de diciembre de 2010 que podría haber permitido el abono de ese recibo.
Esta circunstancia obligó a que el vicealcalde tuviera que explicar su versión de lo sucedido y que tuviera que responder a las incisivas preguntas de la oposición. Más que nada, porque fue él, sin la firma de ningún técnico, quien elevó la propuesta de pago. Cosa, esta última, que no se ha llegado a producir nunca pero que ha sido denunciada por el PSOE al entender que solo este hecho ya es constitutivo de los presuntos delitos de falsedad documental y prevaricación.
Así las cosas, lo que hizo Ibáñez fue reconocer que «no fue lo más acertado» proponer a la Junta de Gobierno el pago de la factura. Lo que es lo mismo, el vicealcalde reconoció, como mínimo, que habían cometido un error. Para explicar que esto ocurrió sin mala intención, el número dos del PP señaló que esto sucedió así porque es «habitual» incluir en la última Junta de Gobierno del año el máximo número de facturas, antes del cierre del ejercicio, para «permitir pagar antes a los proveedores». Es decir, que se realiza una práctica muy poco rigurosa.
Con este mea culpa, recordó que no se ha pagado nada a T-Systems ya que no ha quedado acreditado, porque no hay técnico que lo avale, que se hayan realizado los trabajos que la empresa dijo haber hecho. Tampoco se dice lo contrario. Cabe recordar que la empresa sostiene que se le encargaron realizar más trabajos aunque, a día de hoy, no se sabe quien los encargó. Algo que no se podía hacer ya que no lo permitía el pliego. En cualquier caso, Ibáñez concluyó: «les puedo asegurar que lo que movió mi forma de actuar fue la defensa de los intereses municipales».
Sin embargo, esta versión no convenció a la oposición y el concejal socialista Antonio Fernández Santos indicó que esto deberá ser algo que deberán dilucidar los tribunales. El edil indicó que solo «la labor ejemplar» de los técnicos ha impedido el pago de esa factura y añadió que dispone de «pruebas documentales» que demuestran que también se intentó incluir en el Plan Montoro.
Fernández Santos, en cualquier caso, no aceptó que se haya tardado dos años y medio en anular el acuerdo de la Junta de Gobierno y se preguntó si ha sido un político o un funcionario, mirando al primero, el que ha infringido la Ley.
Fuente: Correo de burgos
