Sedano afirma que tomó decisiones «para cumplir las órdenes recibidas»
á.m. / burgos - martes, 14 de mayo de 2013
Su versión. El jefe de Policía dice que nunca se ordenó clausurar el Ayuntamiento. Admite que pidió a un ordenanza «asegurar dos puertas»
Habrá decisión judicial y habrá comisión extraordinaria. El bloqueo practicado en los accesos del Ayuntamiento para impedir, el viernes, la entrada de 70 agentes de Policía Local fuera de servicio que pretendían escenificar durante el Pleno su descontento por un conflicto de índole laboral que dura ya más de un año va a tener consecuencias. Las más inmediatas, una denuncia ante el Juzgado de Guardia y la exposición de lo sucedido por parte del jefe de Policía, Fernando Sedano, ante todos los grupos del Ayuntamiento.
Será en el transcurso de sendas reuniones extraordinarias tanto de Personal y Régimen Interior como de Hacienda (a la que está adscrita Seguridad Ciudadana) que el Grupo Municipal Socialista solicitó ayer en el registro para el «análisis y evaluación de los sucesos acaecidos en la mañana del día 10 de mayo de 2013 en las puertas de acceso y salida del edificio de la Casa Consistorial». En dichos encuentros se ha solicitado la presencia del alcalde, Javier Lacalle, y del propio Sedano.
Sin embargo, la versión que allí va a defender el intendente al mando del Cuerpo ya se la avanzó ayer a este periódico. Sedano contextualiza lo sucedido en «una orden y muy clara de que ningún agente entrara al Ayuntamiento durante la celebración del Pleno». La parte política, el propio Lacalle y el titular de Seguridad, Salvador de Foronda, no niegan que dicha orden existió, pero aseguran tajantemente que «jamás» se dieron instrucciones para que eso se hiciera bloqueando puertas. Entonces, ¿qué pasó?
El jefe de Policía admite que, «para evitar que entraran por donde lo hicieron en ocasiones anteriores, y siempre en cumplimiento de la orden recibida», encargó a un ordenanza del Ayuntamiento que «asegurara las puertas» de emergencia que fueron, como se aprecia en las fotografías, encadenadas. Declina toda suerte de responsabilidad sobre el método empleado y amplía que «son puertas cuyo uso está prohibido salvo por motivos de emergencia, y para garantizar esa utilidad hubo tres agentes con la llave al lado de cada puerta en todo momento», motivo por el que, defiende, «en ningún momento se conculcó la seguridad de las personas».
Con respecto a la puerta principal, asume que se llegó a bloquear porque la presión de los compañeros fuera de servicio estuvo a punto de romper el cordón policial. «Eso es una decisión extraordinaria que se tomó ante una situación extraordinaria y siempre para cumplir las órdenes de evitar su paso», enfatiza Sedano. Por tanto, la conclusión del intendente es que «nadie dio la orden de cerrar las puertas; lo que se hizo fue ir actuando conforme avanzaban los acontecimientos».
Lo que no oculta es que la situación vivida es «consecuencia de un conflicto que dura ya quince meses y que unos irresponsables han sido incapaces de resolver», en referencia obvia al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos.
Otras fuentes, sin embargo, aseguran que el ordenanza se limitó a cumplir las órdenes recibidas del propio Sedano y que entregó las llaves a los subinspectores, por lo que la metodología empleada fue conocida, al menos, durante los hechos. Algunos testigos presencias aseguran que incluso los empleados de la empresa de seguridad que controla los accesos advirtieron que esa no era forma de proceder, pero «los mandos policiales se negaron a retirar las cadenas de las puertas».
iu, a los juzgados. Pero, además de los políticos, es muy probable que un magistrado deba escuchar lo sucedido. El concejal de IU, Raúl Salinero, denunció ayer ante el Juzgado de Guardia lo sucedido con alusión directa de posibles responsabilidades a Policía Local (por la actuación), Policía Nacional («por denegación de auxilio a las personas que llamaron al 112»), al alcalde, al concejal de Seguridad y al subdelegado del Gobierno, José María Arribas, para que aclare de qué se habló en las reuniones previas para analizar la forma de actuar ante la protesta anunciada.
«Se les ha ido de las manos y acabaron dando un golpe de Estado, un golpe a la democracia que puso en grave peligro la seguridad ciudadana», valoró Salinero, que también pidió la destitución cautelar de Sedano, exigió una comisión de investigación y asegura que la propia Secretaría General del Ayuntamiento «recriminó su actuación a la Policía».
La Federación de Vecinos se sumó ayer a las críticas por lo sucedido, que tildó de «muy grave» porque «amenaza el Estado de Derecho». Consideran que los hechos constituyen una «retención ilegal, y además caótica».
Fuente: Diario de Burgos
