El TSJ ratifica que es el Consorcio quien debe pagar a los expropiados

Á.M-C.M. / Burgos - viernes, 10 de mayo de 2013

En el último mes ha remitido numerosas providencias en las que se reafirma en lo dictado en su auto de febrero, en el que eximía al Ayuntamiento de pagar el sobrecoste del terreno

Lo del Consorcio de Villalonquéjar, ente formado por el Ayuntamiento y CaixaBank (antes Caja de Burgos) para urbanizar y comercializar la expansión del polígono industrial cuando hacía falta promocionar suelo, es como un reloj de arena al que ya le han dado la vuelta. Su deuda actual se aproxima a los 100 millones de euros y no logra vender parcelas, de manera que tampoco puede hacer frente ni a los créditos ni, en este caso, al sobrecoste de las expropiaciones.

Cuando se decidió la ejecución de las obras se procedió a la adquisición forzosa del suelo pagando 12 euros por cada metro cuadrados, pero no pocos titulares del suelo acudieron a los tribunales por considerar injusto y escaso el dinero recibido. Mientras las togas deliberaban, las máquinas urbanizaron y, para cuando ya estaba toda la inversión realizada, hubo sentencia.

El Tribunal Superior de Justicia determinó que a los propietarios no había que pagarles 12 euros el metro, sino 23, lo que suponía, de golpe, hacer frente a 12,5 millones de euros más de lo previsto, un dinero que no hay. Los exdueños del suelo comenzaron a tomar decisiones y, mientras algunos se pueden permitir dejar pasar el tiempo plácidamente conforme corren unos intereses que no podrían ni soñar en el mercado financiero y que, a la larga, cobrarán, otros exigieron que se les dé ya lo que es suyo.

Pidieron al TSJ que obligara al Ayuntamiento, que actuó como agente expropiador, a pagar el sobrecoste, pero el Consistorio señaló que es el Consorcio, y no la ciudad en solitario, quien debe pagar. Finalmente, en febrero de este año, tal y como publicó este periódico en su edición del 5 de marzo, el TSJ señaló al Consorcio como responsable del pago y le pidió que remitiera a la Sala un inventario de bienes (suelo) por si se ve obligado a dictar autos de embargo de fincas para su posterior subasta y poder así resarcir a los propietarios que quieren cobrar ya.

Entre abril y mayo, la Sala de lo Contencioso Administrativo ha remitido al menos seis providencias en las que se ha ido ratificando, en cada uno de los procesos de reclamación abierta, en que «será el Consorcio para la gestión del polígono industrial de Villalonquéjar IV la entidad con personalidad jurídica propia que deberá soportar tal ejecución en todos los supuestos de expropiaciones».

De embargos
Lo que todavía no ha ocurrido es que el TSJ haya ido más allá y haya dictado un auto a través del que se ordene el embargo de las fincas del Consorcio para venderlas, pero la parte política ya se ha metido en esa camisa y ha comprobado que aprieta. Ayer se habló de la posibilidad de que existiera alguna determinación al respecto y tanto el vicealcalde Ibáñez como el portavoz de los socialistas, Luis Escribano, hicieron valoraciones al respecto. El primero dijo que «es una cuestión que están analizando los servicios jurídicos del Ayuntamiento y por lo tanto no podemos hacer una valoración definitiva».

El propio Ibáñez tuvo que explicar después que sus palabras se debieron a una confusión, pero parece obvio que no le resultó extraño que esto hubiera podido pasar. Escribano, por su parte, dibujó un panorama dantesco y pidió «evitar como sea que se produzca el embargo porque los terrenos tendrían una valor ridículo y, además de acabar con la propiedad, no se conseguiría pagar la deuda».

Efectivamente, un proceso de embargo y subasta destrozaría los precios y abocaría al Consorcio a cargar con una deuda multimillonaria que, según algunas fuentes (otras no lo creen así) acabaría impactando contra las arcas municipales. «Sería una auténtica catástrofe», terminó
Fuente: Diario de Burgos