T-Systems reclama su polémica factura y el PP trata de anularla
Á.M / Burgos - miércoles, 01 de mayo de 2013
El caso por el que el PSOE dijo que llevaría a los tribunales al vicealcalde Ibáñez se reaviva. El intendente de Policía tendrá que informar qué ocurrió cuando era inspector de servicios
El denominado ‘caso T-Systems’, que propició el reciente anuncio del
PSOE de una denuncia contra el actual vicealcalde, Ángel Ibáñez, por la
presunta comisión de los delitos de «falsedad documental y
prevaricación», acaba de entrar en una fase crucial de un itinerario que
arraiga en 2006.
Fue aquel año cuando se adjudicó a la empresa un trabajo para implantar soluciones informáticas a los procedimientos tributarios; a la recaudación. Por entonces, Ibáñez era concejal de Hacienda, y por tanto de Contratación, y de Modernización Administrativa, y por tanto de Informática. Posteriormente, T-Systems reclamó al Ayuntamiento el pago de más de medio millón de euros por los trabajos realizados al margen de lo estipulado en su contrato.
Tras varios meses de desencuentro, se produjo, ya en noviembre de 2009, una reunión a la que asistieron la empresa, Ibáñez y al menos dos técnicos municipales de Intervención y Tesorería. No hubo acuerdo pero sí un intento de rebajar las pretensiones de la empresa hasta los 150.000 euros, algo que no fue aceptado por T-Systems, que presentó, en diciembre de aquel año, una factura por valor de 460.000 euros basada en la ejecución de los trabajos que asegura haber hecho.
Un año después Intervención advierte que no se puede pagar una factura sin un informe que ratifique que esos trabajos se hicieron y que esté firmado por un funcionario, por lo que devuelve el expediente a Hacienda, donde ningún funcionario se hace cargo del informe, que es preceptivo por Ley. Aún sin el visto bueno, se eleva a la Junta de Gobierno del 30 de diciembre de 2010 una propuesta de Ibáñez para abonar la factura por reconocimiento extrajudicial de crédito.
Sin embargo, la factura sigue sin pagarse (se rechazó su inclusión en el ‘Plan Montoro’) porque es ilegal abonarla sin que exista un informe que ratifique que los trabajos existieron y que se deben pagar. Esta es la situación que provocó que, en marzo de este año, el Grupo Municipal Socialista, y más concretamente el concejal Antonio Fernández Santos, solicitara la dimisión de Ibáñez, actualmente vicealcalde y portavoz del equipo de Gobierno.
El edil socialista considera que el también titular de Fomento cometió los delitos de prevaricación (por llevar a Junta de Gobierno para su aprobación una factura no fiscalizada ni refrendada por los técnicos) y de falsedad documental, ya que, según la versión del PSOE, para apoyar aquel intento se adjuntó un informe favorable al pago que estaba sin firmar y que Fernández Santos asegura que es obra del propio Ibáñez, cuando lo legal es que lo rubrique un funcionario y que, acto seguido, Intervención admita el pago. El vicealcalde no dimitió y el PSOE anunció una denuncia contra él que, al menos que haya trascendido, todavía no se ha producido.
¿Y ahora, qué?
La cuestión es que en abril la empresa ha vuelto a reclamar el dinero, lo que es la prueba palmaria de que no piensa renunciar al proceso. La respuesta ha sido la de llevar, a la última Junta de Gobierno, fuera del orden del día y sin dar cuenta a los medios, un expediente de revisión del acuerdo alcanzado en 2010 para pagar a T-Systems. Fue aprobado pero ahora deberá pasar por Hacienda. Eso sí, la propuesta no va firmada por el actual concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, sino por el propio Ibáñez.
Eso significa que el vicealcalde propone anular el acuerdo que él mismo propuso aprobar. Preguntado por esta cuestión, Ibáñez asume que «hay cosas que no estuvieron bien hechas». A la empresa, de momento, se le ha dicho que su factura sigue sin contar con el beneplácito de los técnicos.
Según el acuerdo, quienes entonces eran responsables del servicio de inspección, y el jefe era el actual intendente de Policía Local, Fernando Sedano, tendrán que informar sobre si se tomaron o no decisiones y quién las tomó.
Fuente: Diario de Burgos
Fue aquel año cuando se adjudicó a la empresa un trabajo para implantar soluciones informáticas a los procedimientos tributarios; a la recaudación. Por entonces, Ibáñez era concejal de Hacienda, y por tanto de Contratación, y de Modernización Administrativa, y por tanto de Informática. Posteriormente, T-Systems reclamó al Ayuntamiento el pago de más de medio millón de euros por los trabajos realizados al margen de lo estipulado en su contrato.
Tras varios meses de desencuentro, se produjo, ya en noviembre de 2009, una reunión a la que asistieron la empresa, Ibáñez y al menos dos técnicos municipales de Intervención y Tesorería. No hubo acuerdo pero sí un intento de rebajar las pretensiones de la empresa hasta los 150.000 euros, algo que no fue aceptado por T-Systems, que presentó, en diciembre de aquel año, una factura por valor de 460.000 euros basada en la ejecución de los trabajos que asegura haber hecho.
Un año después Intervención advierte que no se puede pagar una factura sin un informe que ratifique que esos trabajos se hicieron y que esté firmado por un funcionario, por lo que devuelve el expediente a Hacienda, donde ningún funcionario se hace cargo del informe, que es preceptivo por Ley. Aún sin el visto bueno, se eleva a la Junta de Gobierno del 30 de diciembre de 2010 una propuesta de Ibáñez para abonar la factura por reconocimiento extrajudicial de crédito.
Sin embargo, la factura sigue sin pagarse (se rechazó su inclusión en el ‘Plan Montoro’) porque es ilegal abonarla sin que exista un informe que ratifique que los trabajos existieron y que se deben pagar. Esta es la situación que provocó que, en marzo de este año, el Grupo Municipal Socialista, y más concretamente el concejal Antonio Fernández Santos, solicitara la dimisión de Ibáñez, actualmente vicealcalde y portavoz del equipo de Gobierno.
El edil socialista considera que el también titular de Fomento cometió los delitos de prevaricación (por llevar a Junta de Gobierno para su aprobación una factura no fiscalizada ni refrendada por los técnicos) y de falsedad documental, ya que, según la versión del PSOE, para apoyar aquel intento se adjuntó un informe favorable al pago que estaba sin firmar y que Fernández Santos asegura que es obra del propio Ibáñez, cuando lo legal es que lo rubrique un funcionario y que, acto seguido, Intervención admita el pago. El vicealcalde no dimitió y el PSOE anunció una denuncia contra él que, al menos que haya trascendido, todavía no se ha producido.
¿Y ahora, qué?
La cuestión es que en abril la empresa ha vuelto a reclamar el dinero, lo que es la prueba palmaria de que no piensa renunciar al proceso. La respuesta ha sido la de llevar, a la última Junta de Gobierno, fuera del orden del día y sin dar cuenta a los medios, un expediente de revisión del acuerdo alcanzado en 2010 para pagar a T-Systems. Fue aprobado pero ahora deberá pasar por Hacienda. Eso sí, la propuesta no va firmada por el actual concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, sino por el propio Ibáñez.
Eso significa que el vicealcalde propone anular el acuerdo que él mismo propuso aprobar. Preguntado por esta cuestión, Ibáñez asume que «hay cosas que no estuvieron bien hechas». A la empresa, de momento, se le ha dicho que su factura sigue sin contar con el beneplácito de los técnicos.
Según el acuerdo, quienes entonces eran responsables del servicio de inspección, y el jefe era el actual intendente de Policía Local, Fernando Sedano, tendrán que informar sobre si se tomaron o no decisiones y quién las tomó.
Fuente: Diario de Burgos
