El juez concluye que CDC cobró a través del Palau comisiones ilegales a cambio de obras
BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)
El titular del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, ha cerrado la investigación del 'caso Palau' sosteniendo que ve indicios que permiten afirmar que CDC recibió supuestos pagos a través de la institución musical de la empresa Ferrovial como comisiones por más de 5,1 millones de euros a cambio de "adjudicaciones de obra pública por parte del Govern de la Generalitat".
"Para evitar el descubrimiento del expolio, en los años 2007 y 2009 Félix Millet --expresidente del Palau de la Música imputado--, con la colaboración de los imputados que se dirán, procedió a crear diversa documentación falsa", sostiene el auto de conclusión de la instrucción e incoación del procedimiento abreviado dictado este martes.
El juez mantiene al término de la investigación como "responsable civil subsidiario a título lucrativo" a CDC e imputados a Millet, a su mano derecha en el Palau, Jordi Montull; a su hija, Gemma Montull, al extesorero convergente, Daniel Osácar, y a otras 13 personas.
Los pagos que presuntamente recibió CDC de Ferrovial al menos desde 1999 se camuflaban como donaciones de esta empresa para patrocinar la Fundación Privada Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, pero en realidad eran pagos de comisiones por obra pública adjudicada pro el Govern y otras entidades públicas, asegura el juez.
En estas operaciones intervinieron presuntamente por parte de CDC su tesorero hasta 2005 Carles Torrent --ya fallecido--, su sucesor Daniel Osácar, y el destacado militante y diputado Jaume Camps, también imputado.
Actuaron además supuestamente con la ayuda de otros miembros del partido que mantenían contacto con los cargos públicos de la Generalitat --y otras instituciones-- vinculados al partido, que tenían el poder de decidir las adjudicaciones de obra pública: "La identidad y concreta intervención de estos otros responsables del partido no ha podido ser desvelada en el curso de la instrucción", sostiene el juez.
A través de este sistema Ferrovial pagó supuestamente a CDC comisiones por la construcción de la Línea 9 de Metro de Barcelona, por la construcción de la Ciudad de la Justicia, de un nuevo pabellón en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) gobernado por el partido, y por obras de revestimiento de la acequia Bellet en el margen izquierdo del río Ebro.
Ferrovial presuntamente abonaba, por regla general, una comisión del 4% del importe de la obra pública adjudicada, del que un 2,5% se asignaba a CDC y el 1,5% restante a Millet y Montull por su intermediación --se lo repartían con el 80 y 20% respectivamente--; también Camps recibió remuneración al menos en una ocasión, en marzo de 2003.
Los pagos de la constructora a CDC se hacían de tres formas distintas que suman casi 5,2 millones de euros: entregas en efectivo a los tesoreros del partido, facturación falsa por entidades mercantiles que se prestaron a ello y mediante la apariencia de convenios de colaboración por la Associació Orfeó Català y la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música con la Fundación Trias Fargas (ahora Catdem), vinculada al partido.
El presunto desvío de fondos a CDC forma parte del "verdadero expolio" que Millet protagonizó en el Palau de 2003 a 2009, aprovechándose de su poder absoluto en la institución y de la dejación de funciones de control de los órganos que tenían que controlarlo.
"Se dedicó a un verdadero expolio de los fondos de las tres entidades, aplicándolos al pago de gastos particulares y privados, apoderándose directamente de los fondos, o destinándolos a pagos a terceros no relacionados con finalidades de ninguna de las entidades", sostiene el juez, que ha concluido la investigación cuatro años después del registro al Palau y cifra el saqueo en al menos 26 millones de euros.
Para este expolio contó dentro del Palau con la colaboración de Montull, de su hija Gemma --que sustituyó al padre en 2003 en la dirección económica bajo su dependencia directa-- y de la también imputada Rosa Garicano, con "una estrecha relación personal y de confianza" con Millet.
VIAJES EXÓTICOS
Millet, Montull y su hija facturaron a la institución musical entre 2005 y 2009 trabajos que en realidad se habían hecho en sus viviendas; entre 2008 y 2009 también falsificaron facturas por servicios inexistentes a través de varias sociedades instrumentales.
El expresidente facturó a la institución musical los gastos de las bodas de dos hijas, en 2000 y 2002, y Montull pagó con cargo a estos fondos la publicación de un libro suyo que nada tenía que ver con el Palau; ambos pagaron también con fondos del Palau viajes de placer con sus familias a al menos a México, Cerdeña, la Polinesia, Tailandia, Kenia, las Islas Maldivas y Dubai.
FRAUDE FISCAL
Millet, Montull y su hija defraudaron también presuntamente a Hacienda contando con la colaboración del exasesor fiscal del Palau también imputado, Raimon Bergós, del abogado Santiago Llopart y del asesor Edmundo Quintana que "aportaron a la Inspección de Tributos distintos documentos con apariencia de veracidad", y que además les ayudaron a defraudar a la Agencia Tributaria parte del IVA que debía pagar al institución musical.
El expresidente y su mano derecha también compraron dos inmuebles en los alrededores del Palau "por un precio exageradamente superior al de mercado, enriqueciéndose con el sobreprecio".
CIERRE DE INSTRUCCIÓN
El juez ha decidido finalizar la fase de instrucción --casi cuatro años después del registro del Palau cuando otro magistrado instruía la causa-- "sin haber logrado averiguar el destino de una gran parte de los fondos distraídos" de la institución musical, pese a los esfuerzos que, según él, ha llevado a cabo la Policía Judicial.
Pijuan recuerda que Millet y Montull se limitaron a reconocer "una parte muy menor del total expoliado", lo que ha calificado de falta de colaboración, pese a reconocer que se trata de una posición legítima en sus líneas de defensa.
LOS BANCOS NO COLABORAN
El juez ha cargado además en su auto contra las entidades bancarias Caixa Manresa, Caixa Catalunya y Bancaja donde se efectuaron numerosas disposiciones de dinero --que en varias ocasiones llegaron a alcanzar los 300.000 euros-- por no colaborar cuando les requirió datos sobre estos extractos, por lo que dará cuenta de ello al Banco de España.
Alegaron que no disponían de dicha documentación o que no la encontraban pese a que la Ley les obligaba a conservar los registros correspondientes: "Este Instructor quiere creer que las entidades bancarias no desobedecieron al Juzgado sino que no guardaban dicha documentación, incumpliendo la obligación de custodia por el tiempo mínimo de seis años que la normativa vigente les imponía".
SIN INDICIOS CONTRA FAES
Por otra parte, el juez ha rechazado la petición de incluir en la causa un presunto desvío de fondos a la fundación Faes denunciada por la Federación de Vecinos y Vecinas de Barcelona porque cree que no hay suficientes indicios, y también ha desechado mantener la imputación del administrador de una de las empresas que hizo obras en casa de Millet, Emilio Vidal, que también pedía la asociación.
Además de los nombrados anteriormente, el juez mantiene las imputaciones de Miguel Jiménez-Salinas, Juan Manuel Parra, Pedro Luis Rodríguez, Vicente Muñoz, Juan Antonio Menchén y Ramón Marc.
Por otra parte, ha acordado el archivo provisional de las causas contra Marta Vallés, Mercedes Mir, Elisabeth Barberá, Emilio vidal, Josefa María Gregori Valls y Marc Puig; y sobreseimiento parcial para Angel Colom y Esteve Escuer i Deu.
Ahora, el fiscal y las acusaciones particulares y populares tendrán que presentar un escrito de acusación pidiendo la apertura del juicio oral o bien el archivo de la causa.
Fuente: europapress.es
