Un informe precipita la dimisión de Sarmiento en la Fundación Proyecta
Á.M / Burgos - viernes, 05 de julio de 2013
El gerente del órgano en el que se cuecen multitud de iniciativas de márketing de ciudad, heredero de 2016, deja su puesto de forma irrevocable tras ser "acusado" por Intervención de incompatibilidad con el Instituto de la Lengua
El gerente de Proyecta Burgos, Alejandro Sarmiento, presentó el
miércoles su dimisión irrevocable ante la Comisión Ejecutiva de la
Fundación. El motivo es el profundo malestar causado por un informe de
Intervención en el que se señalaban varias presuntas irregularidades en
el control de la actuación de la por entonces Fundación 2016 en el año
2011, así que para entender lo sucedido hay que remontarse al 18 de
septiembre de 2012.
En aquella fecha Intervención evacuó un informe previo en el que pedía
una serie de aclaraciones relacionadas con distintos contratos, asientos
contables, movimientos de personal y el uso de las tarjetas de crédito.
Simplemente se requería más información para analizar la conveniencia
de otorgar la subvención desde el Ayuntamiento a la Fundación, motivo
por el que actúa el área de Intervención, que de salida no tendría
capacidad fiscalizadora sobre la totalidad de la gestión de una
Fundación.
El 5 de diciembre de 2012 Sarmiento remitió un completo expediente en
el que aportaba toda la documentación requerida, así como la prueba de
que cada movimiento realizado contó con el visto bueno por unanimidad
del Patronato, en el que están representados todos los grupos políticos y
varios agentes sociales de la ciudad y la provincia.
Una vez «consideradas» las alegaciones presentadas, Intervención
elabora un nuevo informe al que da carácter de «definitivo». Esto ocurre
el 13 de mayo de 2013. En dicho texto, y tal y como había demostrado
Sarmiento en sus alegaciones, se pone de manifiesto que hasta que la
Fundación decidió prescindir de los servicios del exgerente Eduardo
Escudero al frente del ente no existían unas Instrucciones Internas de
Contratación (ICC).
La traducción de eso es que hasta aquella fecha se procedió a la
celebración de toda suerte de contratos sin observar los criterios de
transparencia, mérito y capacidad que asisten también a organismos
ajenos a la administración cuando están sostenidos mayoritariamente con
fondos públicos. Pero, abunda el informe, durante 2011 también hubo
contrataciones que, a su juicio, no se justificaron debidamente.
Del uso de la tarjeta de crédito se «acepta» el grueso de facturas
presentadas, entre las que hay numerosas comidas, vuelos de los asesores
artísticos contratados para 2016, hoteles y desplazamientos. Ocurre que
cuando Burgos pasa el corte y accede al proceso final de 2016 (cabe
recordar que Proyecta es heredera directa de la Fundación parida para
pugnar por la Capitalidad) el propio jurado manifiesta su temor a que el
equipo artístico, encabezado por Mary Miller, abandone el proyecto y
estanque la evolución del mismo. Miller y su equipo hicieron valer los
galones entregados con esa apreciación y fueron tratados con guante de
seda... Pero eso es otra historia. Interesante, pero otra. En cualquier
caso, Intervención lo zanja recomendando «reducir la utilización de la
tarjeta para este tipo de gasto».
Y en el caso del personal contratado en aquellos años, más de lo mismo.
El informe es contundente y refleja que se hizo sin observar los
mínimos criterios que deberían converger en una Fundación fuertemente
subvencionada. Sea como fuere, la práctica totalidad de estas
observaciones poco o nada tienen que ver con la gestión de Sarmiento,
puesto que o son herederas de una gestión previa a su llegada a la
Fundación o no alcanzaba a su responsabilidad el determinar si convenía
hacer tal o cual gasto. Entonces, ¿dónde está el problema?
El conflicto
En noviembre de 2010 la Fundación prescindió de su anterior gerente y
se propuso a Sarmiento asumir el puesto. Se avaló su ‘candidatura’ con
la experiencia acumulada en otra Fundación sostenida con capital público
(el Instituto de la Lengua de Castellano y Leonés) y, previa
presentación de presupuesto, se le encomendó el trabajo.
Ocurría que por aquel entonces 2016 ni siquiera tenía un presupuesto
anual, por lo que se optó por celebrar varios contratos mercantiles, de
forma que en lugar de integrar al personal como empleados, estos
facturaban los servicios a la Fundación. Así se hizo con Miller y su
equipo, así se hizo con Ignacio Niño (encargado del Marketing del
proyecto) y así se hizo con Sarmiento (a través de una empresa de la que
es el único titular).
Y es aquí donde se produce el problema. Según el informe de
Intervención, al ser Sarmiento gerente de dos fundaciones «que se
financian en más de un 50% con capital público» estaría incurriendo en
un supuesto de incompatibilidad. Una situación, por resumir, contraria a
la Ley. Dice además el informe que «no consta autorización de
compatibilidad dictada por órgano competente» para desempeñar su trabajo
en Proyecta. Y añade que no concurren en él los supuestos que le
permitirían mantener esa doble condición.
Sin embargo, y tal y como consta en la documentación entregada ayer por
Sarmiento a la Comisión Ejecutiva, el Instituto Castellano y Leonés de
la Lengua aprobó, en noviembre de 2010 (menos de un mes antes de que
fuera nombrado gerente de Proyecta) permitir «desarrollar de forma
privada y por tiempo indefinido el libre ejercicio de la abogacía».
Según consta en el Registro Mercantil, la empresa a través de la que
Sarmiento ha ejercido el trabajo en Proyecta está consagrada,
precisamente, al ejercicio de la abogacía.
La Junta de Castilla y León también tuvo conocimiento y aprobó la
contratación, que fue aceptada por unanimidad, por el Patronato de la
Fundación al considerar que Sarmiento era la persona más adecuada para
el desempeño de esas funciones. En el presupuesto de 2011 sí figuraban
ya los conceptos retributivos de los ‘asesores’ contratados
mercantilmente, y así lo acreditó el propio secretario general del
Ayuntamiento.
A esa documentación se ha añadido el informe del Protectorado de las
fundaciones de la Junta de Castilla y León. En él se concluye que «el
patronato tiene plena libertad para establecer de manera concreta la
forma jurídica contractual que haya de revestir el desempeño de las
funciones del gerente», abundando en que le corresponde a este órgano
(como así consta en las actas del 30 de noviembre de 2010) decidir a
quién y cómo contratar.
¿Y ahora, qué?
A pesar de la documentación aportada, y que según diversas fuentes
consultadas por este periódico «es más que suficiente» para que no
queden dudas sobre si se ha actuado conforme a Derecho o no, Sarmiento
ha decidido tomar una decisión que ya intentó hacer efectiva cuando 2016
se transformó en Proyecta (en mayo de 2012) y que volvió a manifestar
al término del ejercicio anterior. Fue el alcalde, Javier Lacalle, quien
le pidió que permaneciera en el cargo, pero el revés del informe de
Intervención ha precipitado su salida.
La pregunta ahora es cómo se gestionará una Fundación que solo para
2013 contará con cerca de medio millón de euros de fondos municipales y
que tiene las cuentas saneadas. En principio, y según las mismas
fuentes, parece que el director-gerente del Plan Estratégico, Mario
Sanjuan, podría ir sacando el trabajo más inminente y evitar un atasco
en la contratación. Sin embargo, desde la Vicepresidencia de la
Fundación, que ostenta el concejal de Cultura, Fernando Gómez, ya se han
hecho movimientos para cubrir esa plaza. Si cuajan esas intenciones, la
solución a corto plazo vendría por Atapuerca.
Fuente: Diario de Burgos 