Burgos sopesa acudir a un crédito del Plan Montoro
La decisión se adoptará en dos semanas y se decidirá la cuantía a pedir
Mar, 09/07/2013
El plan de pago a proveedores municipales y autonómicos, más conocido como Plan Montoro, que puso en marcha el Ministerio de Hacienda para aliviar la asfixia económica de muchos ayuntamientos y comunidades encara su tercera y última fase y el Consistorio burgalés sopesa acudir en busca de liquidez.
El concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, reconoció ayer que en un plazo de dos semanas podrá desvelar la cuantía que solicitarán. En esta última fase el dinero del crédito no sólo se destinará a pagar deudas y proveedores. Los ayuntamientos que se beneficien del plan podrán abonar también gastos de urgencia e incluso expropiaciones.
También llega con más condicionantes, porque para poder abonar con el dinero del crédito público dichas expropiaciones debe existir una sentencia firme, como recuerda Foronda.
El Ayuntamiento burgalés, amparándose en esta condición, puede acogerse al Plan Montoro y abonar con parte del crédito los 600.000 euros que le reclaman los afectados por la expropiación de Villalbilla. En este caso una sentencia firme condena al Consistorio a pagar la diferencia económica que reclamaron los propietarios y que los tribunales avalaron. Como Villalbilla se ha negado a pagar, debe ser el Consistorio burgalés quien asuma el pago.
El equipo de Gobierno concurrió a la primera fase del Plan Montoro y obtuvo 23 millones de euros, tal y cómo señaló ayer Salvador de Foronda, que permitieron saldar las deudas contraídas con más de 500 proveedores municipales. Cuando se conoció el monto del crédito concedido a Burgos afloraron 2.800 facturas.
Foronda descarta que ahora queden facturas en los cajones municipales pero si así fuera asegura que ya no se abonará porque sería fruto de un error del funcionario de turno.
Respecto a la factura de T-Systems, que supera los 400.000 euros, el Ayuntamiento ha pedido su anulación al Consejo Consultivo y mientras el órgano se pronuncia se ha reclamado la paralización del procedimiento administrativo. Este caso, rodeado de polémica, surgió tras reclamar la empresa más de 400.000 euros por unos trabajos que los técnicos municipales estiman que no se ejecutaron y que T-Systems insiste en que le fueron solicitados sin desvelar por parte de quien.
Fuente: Correo de Burgos
