Absuelven a un empresario en un juicio por injurias a tres concejales
Á.M. / Burgos - sábado, 11 de octubre de 2014
Es el segundo caso que enfrenta a Carlos de Miguel con De Foronda, Lopidana y Antón. En la primera ocasión fue condenado, pero se ordenó repetir el juicio por un defecto procesal
La lucha judicial que mantiene el empresario Carlos de Miguel contra el Ejecutivo local continúa. El problema enraíza en la negativa a otorgar una licencia que, como se sentenció después, debió ser concedida. A partir de entonces, comenzó un proceso de enfrentamiento entre las partes que ya ha pasado por manos de la Justicia en varias ocasiones y que, en el penúltimo asalto, ha caído del lado de De Miguel.
Los concejales Salvador de Foronda, Ana Lopidana y José Antonio Antón denunciaron al empresario por la colocación, a la entrada del Ayuntamiento, de un cartel portátil en el que se aludía a que estos tres corporativos no tenían la licencia que a él se le negó en negocios privados, preguntando directamente al alcalde (en el mismo ‘lienzo’) «¿qué tengo que hacer para ser amigo tuyo?».
Los corporativos interpusieron una primera denuncia por injurias y De Miguel fue condenado por Instrucción número 4 a 15 días de multa a razón de seis euros diarios y 200 euros más en concepto de indemnización por injurias. Total, 290 euros a cada uno de los concejales. Sin embargo, recurrió a la Audiencia por entender que no se le permitió cambiar la fecha del juicio a pesar de que había acreditado encontrarse en otro procedimiento, lo que propició que no estuviera presente durante la celebración de la vista. La Audiencia estimó el recurso y ordenó repetir el juicio.
Posteriormente, los hechos se ampliaron con la instalación de cartelería en el local de De Miguel en cuyo contenido se abundaba en las acusaciones a los tres concejales y, de nuevo, emplazando al alcalde, Javier Lacalle, en varias ocasiones.
«no es delito». Esto provocó una segunda denuncia y, esta vez, Instrucción número 1 considera que la actitud del empresario se encuentran «dentro de los límites de la libertad de expresión y de emisión de opinión», procediendo a su absolución por no existir responsabilidad penal alguna.
Además, se concluye que «las protestas o posibles ofensas se dirigen al alcalde y al Ayuntamiento de Burgos», sin que se «aprecien expresiones o apelativos insultantes, injuriosos o vejatorios» respecto a los concejales. Conocido el fallo, De Foronda, Lopidana y Antón procedieron ayer a interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Burgos.
Fuente: Diario de Burgos
