El extraño caso de Merced, 7
Á.M. / Burgos - miércoles, 15 de octubre de 2014
Un edificio sin licencia, una multa que mengua, una investigación interna, un técnico recusado... Y la casa sin hacer
En abril de 2013 los técnicos de la Concejalía de Licencias abrieron un expediente sancionador a la empresa Saiz y Asociados Arquitectura y Urbanismo S.L.P por haber levantado, sin licencia ni proyecto de ejecución, la estructura completa del edificio que se construye en la calle Merced, 7. El expediente se resolvió imponiendo una multa de 300.000 euros por una infracción grave de la Ley de Urbanismo de Castilla y León.
La empresa recurrió alegando que si construyó sin permiso fue para evitar daños al edificio colindante y que, en definitiva, lo que se había hecho quedaría legalizado en el PGOU entonces en ciernes (hoy vigente). Sus alegaciones fueron rechazadas.
Sin embargo, en octubre de 2013 la concejala de Licencias, Dolores Calleja, firmó una resolución en la que asumía que las obras se hicieron antes de que se decretara su paralización, así que se redujo a la cantidad mínima estipulada por Ley (10.001 euros) la sanción prevista. Pero volvieron a recurrir y, tras una nueva resolución, se decretó que esa multa quedara en la mitad (5.000 euros), ya que el planeamiento futuro ‘legalizaría’ lo hecho hasta entonces. Un caso que, hasta ahí, ya tenía pocos precedentes.
El tsunami interno.
La comunidad vecina (Merced, 5) registró un escrito en enero de este año en el que se recogían unos hechos presuntamente acaecidos en una reunión de esa propiedad horizontal con el técnico informante de la obra. En él se reflejaba que el funcionario habría acusado a la concejala de tener un trato manifiestamente privilegiado hacia el promotor de la obra, lo que desencadenó una investigación interna y reservada a cargo del área de Personal para dilucidar los hechos.
El técnico negó haber realizado esas polémicas declaraciones, mientras que la comunidad se ratificó pero mostrando disconformidad con la apertura del expediente al funcionario. ¿La solución? Hacer declarar a todo el personal de Arquitectura o de Licencias que pudiera tener algún conocimiento de los hechos. Un jefe de servicio, un jefe de negociado, tres arquitectos, tres arquitectos técnicos, un administrativo y dos auxiliares fueron interrogados sobre las presuntas acusaciones de su compañero hacia la concejala. La respuesta de todos fue que no recordaban lo sucedido, que no lo escucharon o, directamente, que estaban de vacaciones.
Se trataba de «verificar la existencia de unos hechos que pudieran ser constitutivos de faltas disciplinarias, a fin de evitar la iniciación de un procedimiento con los correspondientes efectos desagradables y gravosos para el presunto culpable». De aquellas comparecencias no se pudo desprender que el funcionario «profesara tales manifestaciones», y dado que la comunidad vecina señaló que en ningún momento pretendían formar parte del expediente por entender que «ha sido el único diligente en su trabajo en lo que se refiere a la obra de Merced, 7», se procedió a archivar la investigación. Así quedó reflejado en la pertinente resolución firmada por la concejala de Personal, Carolina Blasco.
El edificio, mientras, sigue a la espera de que se conceda la licencia de obras conforme al proyecto que, ahora sí, se ha presentado.
Fuente: Diario de Burgos
