Los partidos políticos se “retratan” sobre el HUBU de cara a las elecciones

Sanidad Pública reúne a representantes de diferentes formaciones para que analicen la realidad de la sanidad en Castilla y León

Casi todos los partidos apuestan por recuperar para lo público el HUBU, aunque varían las fórmulas legales a utilizar

El Partido Popular insiste en que el centro es ya público, pero no descarta hablar con Eficanza para un rescate

Bajo una premisa común, la defensa de una sanidad pública, gratuita, universal y de calidad, los representantes de Partido Popular, Partido Socialista, Unión Progreso y Democracia, Izquierda Unida, Podemos, Partido Castellano, Ciudadanos y SAiN han analizado esta tarde la realidad de la sanidad en Castilla y León y, sobre todo, el futuro del Hospital Universitario de Burgos. La Plataforma por la Sanidad Pública ha conseguido sentar en una misma mesa de debate a políticos de diferentes formaciones, para facilitar que la ciudadanía disponga del mayor número posible de elementos de análisis a la hora de acudir a las urnas el 24 de mayo.

De manera casi unánime, los presentes apuestan por rescatar el HUBU, utilizando para ello los recursos políticos, administrativos y jurídicos que se tengan al alcance de un hipotético Gobierno Regional. Desde el PSOE, el candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, ha insistido en la necesidad de elaborar una auditoría que sirva para “comprobar la legalidad” del contrato por el que Eficanza se hizo adjudicataria de las obras de construcción, así como de los modificados que han generado el sobrecoste y, con todo ello, negociar política y legalmente con la empresa.

Un planteamiento que también comparte Rosario Pérez, número 1 en la lista burgalesa de UPyD a las Cortes. Pérez ha asegurado que, visto que el modelo escogido es “claramente ruinoso” y “está lastrando” todo el presupuesto regional en materia de Sanidad, lo que hay que hacer es un estudio jurídico que permita dilucidar cuáles son las acciones legales requeridas para iniciar las recuperación del HUBU. Y desde Podemos consideran también imprescindible solicitar la intervención del Gobierno Central, como garante de la legalidad, para poder iniciar ese proceso, “atendiendo al interés general”.

Las formaciones apuestan por una auditoría sobre la que fundamentar acciones legales para recuperar el HUBU

Más precavidos se muestran en el Partido Castellano-Tierra Comunera. Su candidato provincial a Cortes, Óscar Palma, ha recordado que, dado el modelo desarrollado, lo primero que hay que hacer es un estudio “para ver si el rescate merece la pena”. Y si no se puede optar por esta fórmula, habrá que realizar una “expropiación” en base a criterios de utilidad pública. Mientras, Rodrigo del Pozo, de SAiN, considera que un rescate “sería la ruina”, planteando una evaluación de los incumplimientos del contrato por parte de Eficanza para “presionarles” y negociar con ellos una salida.

Y es que “es obligatorio” intentar revertir el HUBU, ha insistido Francisco Egea de Ciudadanos. De ahí su compromiso de “evaluar todas las medidas legales posibles”, pero estando “muy vigilantes para que no se perjudique la calidad de la asistencia”. Y es que la atención sanitaria, los pacientes y los profesionales son muy importantes para todos los partidos políticos, incluido el Partido Popular, que ha defendido el modelo de construcción del centro burgalés, asegurando que nos ha permitido contar con un hospital en el tiempo récord de 5 años.

Alejandro Vázquez ha insistido en que el HUBU es un hospital público, gestionado por la Junta de Castilla y León y en el que trabajan profesionales del sistema de salud. La concesionaria lo único que ha hecho ha sido construirlo, equiparlo y gestionar 15 servicios no sanitarios, servicios que también están externalizados en otros centros hospitalarios de la comunidad, y de otras regiones, ha recordado Vázquez. Sin embargo, no se descarta desde el PP negociar con la concesionaria para una “reversión”, siempre y cuando el coste sea menor que el que corresponde al mantenimiento actual del modelo.

Derogación de leyes

Además del futuro del HUBU, durante el debate se han analizado otros asuntos, como la creación de lasunidades de gestión clínica. La mayor parte de las formaciones las consideran un instrumento más de privatización del sistema, que forzará una gestión de las áreas sanitarias en función de criterios economicistas. Así lo entienden los representantes de Podemos, Izquierda Unida, UPyD, PCAS-TC o SAiN. Desde el PP las entienden como instrumentos de participación de los profesionales, que buscan su implicación para la consecución de una serie de objetivos, tanto económicos como de asistencia, que mejorarán la atención al paciente.

Se apuesta por una derogación de las leyes y normativas que han dejado la puerta abierta a las privatizaciones

Mientras que otras formaciones plantean alternativas conducentes a una mayor profesionalización y una gestión más eficaz, caso del PSOE, que insiste en que no se pude desarrollar ningún tipo de iniciativa de estas características sin el consenso de los afectados. Y desde Ciudadanos han asegurado que lo prioritario es sacar la política de la sanidad, porque ahora todas las decisiones en materia sanitaria están vinculadas a un gobierno, desde fórmulas de gestión hasta el nombramiento de los jefes de área o gerencias hospitalarias, y eso aleja la profesionalización del sistema.

Además, muchos de los presentes en el debaten achacan el proceso privatizador que está sufriendo la sanidad española a varias normativas, como la Ley 15/97, aprobada en consenso por el PP y el PSOE. Luis Tudanca ha reconocido que aprobar esa ley fue un “error”, dado que abre la puerta a la externalización de servicios y a la entrada de empresas privadas, pero también ha recordado que los responsables de las privatizaciones no son las leyes, sino aquellos que las llevan a cabo, en este caso gobiernos como los del Partido Popular en Castilla y León.

Y es que, a juicio del socialista, la ley “ha servido de excusa” al PP para iniciar la privatización de un servicio público, pero no al PSOE, que no ha desarrollado ningún modelo como el del HUBU en las comunidades en las que ha gobernado. A Ciudadanos, IU, PCAS-TC, Podemos, SAiN o UPyD no les convence esta justificación, y han insistido en que el PSOE es tan responsable como el PP de la situación en la que se encuentra la sanidad en nuestro país. Por ello, proponen la derogación de esta ley, así como del Real Decreto que permite el desarrollo de las unidades de gestión clínica.

Fuente: Burgosconecta.es