viernes, 22 de mayo de 2015

ESTOS 1,2 MILLONES DEBERÍA PAGARLOS EL PP


Reclama 1,2 millones a la ciudad por negarle una licencia durante 9 años

P.C.P. / Burgos - viernes, 22 de mayo de 2015
Carlos de Miguel no obtuvo hasta febrero el permiso de actividad para una de las 7 oficinas de la calle Soria que compró en 2005. Se apoya en sentencias favorables del TSJ de 2010 y 14
El empresario Carlos de Miguel ha presentado una reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento en la que exige 1,2 millones de euros por el lucro cesante y los daños y perjuicios causados al denegarle durante 9 años la licencia de actividad para unas oficinas en la calle Soria, esquina con avenida Reyes Católicos.
En 2005 adquirió 7 locales, situados en una primera planta comercial. Sus problemas comenzaron en 2006, cuando solicitó permiso para proceder a la adaptación de los baños. A partir de ahí, se inicia un rosario de escritos administrativos y pleitos al que aún no se ha puesto fin. El Ayuntamiento le exigía un acceso independiente al de las viviendas, mientras él siempre ha sostenido que no era necesario y que se cumplía la legalidad, al tener licencia de primera ocupación de uso terciario desde 1984 (antes del PlanGeneral vigente entonces).
Los tribunales le han dado la razón en dos ocasiones, la última en junio de 2014, cuando la Sala de loContencioso delTribunalSuperior de Justicia determinó -sobre la oficina número 4- «que el local que constituía la planta primera, antes de las segregaciones, tenía licencia de actividad para el uso terciario de oficinas sin que se exigiese que tuviese una comunicación con el exterior a través de los locales situados en planta baja», detalla la sentencia, que «reconoce el derecho de la actora a implantar la actividad oficina de empresa de trabajo temporal» en el mismo. En esas resoluciones judiciales apoya la millonaria reclamación patrimonial, presentada con fecha 13 de mayo.
La licencia para el último de los locales la obtuvo el pasado febrero. La concejala Dolores Calleja asegura que se le ha concedido tras la entrada en vigor del nuevo PGOU. Sin embargo, el denunciante recuerda que los tribunales habían reconocido sus derechos en 2 ocasiones sin que el Ayuntamiento cesase en su «sinrazón», por lo que entiende que existe una persecución premeditada contra él de políticos y funcionarios municipales, lo que le ha llevado a interponer 2 nuevas  querellas (ha habido al menos otra, que fue archivada) pro prevaricación.
Se dirigen contra Calleja y contra el técnico municipal que informó desfavorablemente sobre su solicitud, al entender que el local debía contar con un acceso independiente desde la calle.De Miguel adjunta a su denuncia dos casos similares en los que el arquitecto técnico no se pronunció, aún con el acceso común, y el expediente se resolvió positivamente (calle Vitoria, 13 y Calera, 10). Ambos están citados a declarar en los juzgados de instrucción (son diligencias diferentes) en las próximas semanas.
Fuente: Diario de Burgos