¿Cómo se gobierna en minoría?

Á.M. / Burgos - jueves, 28 de mayo de 2015

¿Qué margen de maniobra tiene un regidor sin mayoría absoluta? ¿Qué pasa si hay tránsfugas? ¿Cómo se aprueba un presupuesto? ¿Se le puede censurar? ¿Qué debe pactar y qué no? ¿Se paralizaría la ciudad?

Dos partidos tradicionalmente hegemónicos, otros dos nacidos -según su versión- para ‘jubilar’ a los primeros y ninguno de ellos con una mayoría suficiente como para maniobrar en solitario. He ahí el panorama del Ayuntamiento de Burgos para la legislatura 2015-2019, un mandato que no se ha iniciado pero que será a todas luces complejo de constituir y de hacer carburar durante los 48 meses en los que gestionarán más de 800 millones de euros de 175.000 accionistas.

Quedan 16 días para el Pleno de investidura y no existe un pacto que, bien en una dirección o en otra, determine quién va a mandar. Parte con una ventaja evidente el PP, al que la Ley otorga el derecho (y la obligación) a formar gobierno si no se articula una mayoría absoluta alternativa, y eso se antoja difícil si Ciudadanos no entra en un tripartito del que ha dicho que no quiere hablar, si bien nada le impediría decir sí a la investidura de otro candidato. Por otro lado, la formación naranja tampoco entraría en un Ejecutivo local compartido con Lacalle, aunque sí estaría dispuesta a dejar que gobierne en solitario y en minoría... Si acepta sus condiciones.

Burgos ya tuvo un gobierno minoritario. La salida de los comuneros del tripartito que presidió Ángel Olivares provocó esta situación durante dos años y medio, pero hay diferencias. La más relevante es que la entrada en el régimen de grandes ciudades implicó una delegación importante de las competencias del Pleno en la Junta de Gobierno.

Gracias a eso, el organismo pasa de ser poco más que un ‘consultivo’ a arrogarse la competencia para decidir contratos, pagos de facturas, aprobaciones de proyectos de obra, la gestión de la plantilla municipal... Cuestiones que el legislador entendió que afectan al funcionamiento ordinario de la ciudad y que no deben quedar supeditadas a la periodicidad del Pleno (un mes en régimen ordinario) y a acuerdos mayoritarios de la Corporación.

Por tanto, hoy un alcalde en minoría no tendría las barreras que encontró Olivares, que se topó con la imposibilidad de tomar decenas de medidas cotidianas por el bloqueo de la oposición. Eso sí, las decisiones más trascendentes deberán pactarse. Por partes.

La investidura

El Pleno de constitución de la Corporación se celebrará el sábado 13 de junio. Si ningún candidato logra la mayoría absoluta en la primera votación quedará automáticamente proclamado por Ley el candidato que lidere la lista con mayor apoyo popular. Esto es, Javier Lacalle.

En esa circunstancia sería el actual regidor quien organice el gobierno, distribuya la responsabilidad de dirigir todas las concejalías entre sus 10 ediles (nueve con él al margen, ocho sin contar al presidente de la Diputación) y firme los oportunos decretos para que todos puedan ejercer el mando delegado de sus áreas. También designará a los miembros de la Junta de Gobierno, órgano que toma una relevancia especial por la mencionada adhesión a la ‘Ley de grandes’.

Pero incluso en esas condiciones hay cuestiones que requieren de la aprobación del Pleno sí o sí, entre ellas las tres más relevantes: presupuestos, las ordenanzas (incluyendo las fiscales) y el planeamiento urbanístico. La Ley considera que debe existir una posibilidad de desbloquear la acción municipal en esos capítulos, y para eso está contemplada la cuestión de confianza.

Pero esa figura también tiene sus riesgos. Primero se debate el asunto en el Pleno. Al no obtener respaldo, el alcalde puede plantear la cuestión de confianza, pero si en ese pulso sale derrotado cesará en sus funciones automáticamente y se procederá, en el plazo de 10 días, a votar de nuevo la elección del regidor. A esta norma hay una excepción: el presupuesto.

La ciudad necesita tener un presupuesto vigente. También puede ser prorrogado el anterior, pero se abre esta puerta para evitar una prórroga continuada en el tiempo que dañe irreparablemente el funcionamiento del Ayuntamiento. Si un alcalde en minoría plantea una cuestión de confianza para sacar un presupuesto adelante y pierde, la oposición deberá proponer una moción de censura en el plazo de un mes con un candidato a la Alcaldía que podrá ser cualquier concejal. Si no lo logra o la pierde, el presupuesto quedará aprobado tal y como lo planteó el mandatario que se sometió a la cuestión, que continuará en su cargo. De hecho, Olivares ya recurrió a esta alternativa.

la censura. He ahí, por tanto, el segundo riesgo latente para un alcalde en minoría: la moción de censura. Para presentarla es obligado que esté respaldada por la mayoría absoluta del Pleno. En el caso de Burgos, y siempre teniendo en cuenta el reparto de poder surgido de las urnas y dando por hecho que el PP y la izquierda no pactarán nada, esa suma solo la alcanzarían PP y Ciudadanos juntos o PSOE, Imagina y Ciudadanos juntos.

Otra circunstancia que tampoco podría darse es la de apoyar esta moción en uno o varios trásfugas. La Ley obliga a que la mayoría absoluta necesaria para que prolifere la moción esté apoyada por una mayoría absoluta (de inicio serían 14 concejales) del Pleno, pero incrementada en un edil por cada concejal que la firme y no forme parte del Grupo Municipal al que quedó adscrito al comienzo de la legislatura.

Es decir, si hay un tránsfuga o concejal no adscrito por el abandono de la disciplina de su partido, la mayoría necesaria pasaría a ser de 15 concejales. Si hay dos, de 16, y así sucesivamente. Por tanto, la suma de PSOE e Imagina siempre sería inferior a un concejal para que entre ambos puedan ‘censurar’ a un alcalde con el apoyo de un verso suelto. Necesitarían en todo supuesto el apoyo explícito de Ciudadanos.

Al margen del funcionamiento orgánico del Ayuntamiento están los entes y sociedades que gozan de independencia administrativa y operan como un consejo de administración, como por ejemplo Aguas, el Instituto Municipal de Cultura o Parkmusa. Ahí la representación es proporcional, así que el pacto es obligado.

A estas cosas se refieren unos y otros cuando demandan pactos que generen «estabilidad». Gobernar en minoría es posible, incluso obligatorio por Ley si nadie presenta una alternativa válida, pero fácil no.

Fuente: Diario de Burgos