Las empresas del bulevar sí exigirán ser indemnizadas
Á.M / Burgos - viernes, 14 de marzo de 2014
Lo que dice la Ley. La propiedad de Copsa avanza que «no pediremos ni una peseta más de lo que nos corresponde, pero tampoco una menos», en referencia al aborto de la obra
La resolución del contrato de las obras del bulevar de la calle Vitoria, que fueron adjudicadas a una UTE formada por Copsa y Aroasa (del grupo Arranz Acinas) no va a ser un camino de rosas para el Ayuntamiento de Burgos. Por el momento, en el Ejecutivo de Javier Lacalle se ponen de perfil al ser preguntados por esta cuestión y se limitan a fiar todo a las conversaciones que se abran una vez que se concluyan los trabajos que sí siguen adelante.
Fundamentalmente, a la UTE hay que abonarla todos los trabajos que se habían comenzado a hacer, la reposición de los firmes a su estado habitual, el ‘repintado’ de la señalización horizontal, el ‘desmontaje’ de los desvíos y cambios de circulación en las calles San Bruno, Santiago o Alfonso XI y la ejecución de la rotonda en la confluencia de la calle Vitoria con Juan Ramón Jiménez.
Para eso se ha reservado un millón de euros que, insistió ayer el titular de Fomento, Ángel Ibáñez, se dedicarán «exclusivamente» a pagar las unidades de obra ejecutadas por las empresas. Eso contrasta con lo anunciado por el concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, que a comienzos de semana concretó que en esa cuantía se incluían las posibles indemnizaciones por resolución del contrato que pudieran derivarse de la paralización del proyecto.
También guardan prudencia los afectados. La propiedad de Copsa, consultada por este periódico, asegura que todavía no se ha calculado a cuánto puede ascender esa reclamación, que «será lo que diga la Ley» de Contratos del Sector Público, pero sí reconoce que se exigirá la compensación que se considere pertinente. «No pediremos ni una peseta más de lo que nos corresponde, pero tampoco una menos», advierten.
En ese sentido, confirman que están «valorando» lo que recoge la Ley para un supuesto como el que se da, que no tendrá fácil interpretación. «No es nada extraño y hay que tener en cuenta cuál es la situación actual del sector. El Estado está indemnizando por todas las obras que se pararon desde el Ministerio de Fomento y esto no va a ser distinto», continúan las mismas fuentes.
Sobre el momento de salir de dudas, en Copsa señalan que «en un mes o mes y medio tendremos todo terminado y, una vez finalizadas las obras, será el momento de que se produzca la reclamación». Eso sí, a partir de ahí entienden que «la administración está en la obligación de negociar» y que ellos no se negarán a sentarse a hablar, pero partiendo de una reclamación acotada a la Ley.
Complejo
Fundamentalmente, a la UTE hay que abonarla todos los trabajos que se habían comenzado a hacer, la reposición de los firmes a su estado habitual, el ‘repintado’ de la señalización horizontal, el ‘desmontaje’ de los desvíos y cambios de circulación en las calles San Bruno, Santiago o Alfonso XI y la ejecución de la rotonda en la confluencia de la calle Vitoria con Juan Ramón Jiménez.
Para eso se ha reservado un millón de euros que, insistió ayer el titular de Fomento, Ángel Ibáñez, se dedicarán «exclusivamente» a pagar las unidades de obra ejecutadas por las empresas. Eso contrasta con lo anunciado por el concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, que a comienzos de semana concretó que en esa cuantía se incluían las posibles indemnizaciones por resolución del contrato que pudieran derivarse de la paralización del proyecto.
También guardan prudencia los afectados. La propiedad de Copsa, consultada por este periódico, asegura que todavía no se ha calculado a cuánto puede ascender esa reclamación, que «será lo que diga la Ley» de Contratos del Sector Público, pero sí reconoce que se exigirá la compensación que se considere pertinente. «No pediremos ni una peseta más de lo que nos corresponde, pero tampoco una menos», advierten.
En ese sentido, confirman que están «valorando» lo que recoge la Ley para un supuesto como el que se da, que no tendrá fácil interpretación. «No es nada extraño y hay que tener en cuenta cuál es la situación actual del sector. El Estado está indemnizando por todas las obras que se pararon desde el Ministerio de Fomento y esto no va a ser distinto», continúan las mismas fuentes.
Sobre el momento de salir de dudas, en Copsa señalan que «en un mes o mes y medio tendremos todo terminado y, una vez finalizadas las obras, será el momento de que se produzca la reclamación». Eso sí, a partir de ahí entienden que «la administración está en la obligación de negociar» y que ellos no se negarán a sentarse a hablar, pero partiendo de una reclamación acotada a la Ley.
Complejo
Ibáñez, por su parte, continúa instalado en que «no es el momento» de hablar de estas cuestiones puesto que «el contrato todavía está en vigor», y señaló «varias posibilidades» que van «desde el mutuo acuerdo sin indemnización hasta la más extrema», que no concretó pero que, evidentemente, es acabar en los tribunales. De hecho, no sería la primera vez que Fomento y Copsa acaban en ese escenario.
Porque, dudan otras fuentes del equipo de Gobierno, no resultará sencillo determinar responsabilidades en la rescisión. «Las empresas enviaron un escrito negándose a continuar las obras porque no se garantizaban las condiciones de seguridad de su personal; el Ayuntamiento se lo reenvió a la Subdelegación y todos conocemos el resultado», cuentan en el uno de Plaza Mayor.
Así que podría haber posturas encontradas que deberán limarse en una negociación a la que ambas partes parecen abocadas. Eso, o acudir a otras instancias que especifiquen quién es el responsable último de lo sucedido y cuáles son los derechos que asisten a las empresas adjudicatarias.
Porque, dudan otras fuentes del equipo de Gobierno, no resultará sencillo determinar responsabilidades en la rescisión. «Las empresas enviaron un escrito negándose a continuar las obras porque no se garantizaban las condiciones de seguridad de su personal; el Ayuntamiento se lo reenvió a la Subdelegación y todos conocemos el resultado», cuentan en el uno de Plaza Mayor.
Así que podría haber posturas encontradas que deberán limarse en una negociación a la que ambas partes parecen abocadas. Eso, o acudir a otras instancias que especifiquen quién es el responsable último de lo sucedido y cuáles son los derechos que asisten a las empresas adjudicatarias.
Fuente: Diario de Burgos
