La ciudad paga el garaje de los concejales en el MEH y las 45 plazas sin utilización
Á.M / Burgos - jueves, 13 de marzo de 2014
La "mudanza" desde la Plaza Mayor se vendió como una medida de ahorro en 2011 pero a partir de enero de 2013 se abona a Parkmusa una "receta" que supera los 28.000 euros al año
Más de 10 millones de euros pendientes de pago. Esa es la cantidad liberada por la Concejalía de Hacienda anteayer para reducir su deuda comercial, mejorar el flujo de abono a proveedores y dar destino a una parte sustantiva del superávit cosechado en el 2013. En total, 800 facturas que van desde los 22 céntimos de la más pequeña (de Telefónica, para más señas) hasta los más de 714.000 que se han pagado a Copsa por la séptima certificación de las obras de urbanización del perímetro del MEH, una obra terminada hace años.
Una de esas facturas, ni pequeña ni grande y perdida en el maremágnum de importes, sociedades y referencias es muy llamativa. Asciende a 4.694,80 euros, está emitida por Estacionamientos y Garajes Municipales S.A. (más conocida como Parkmusa, la empresa municipal que gestiona el aparcamiento del MEH) y cuyo concepto es el de la «relación de plazas utilizadas en el párking del Complejo de la Evolución Humana, noviembre-diciembre de 2013». ¿Cómo? ¿Es eso posible? ¿Se referirá a las mismas plazas que se anunció, rueda de prensa mediante, que no se pagarían?
Para entender estas preguntas hay que remontarse, primero, a junio de 2011, los albores de la nueva legislatura. El nuevo alcalde, Javier Lacalle, estrenó el mandato anunciando un paquete de medidas que obedecían a una pretendida política de austeridad. Se trataba, dijo, de «acabar con todos aquellos gastos que no sean estrictamente necesarios para destinar ese dinero a inversiones prioritarias o al capítulo de gasto social».
Una de las primeras decisiones adoptadas fue la de eliminar el aparcamiento de pago (de pago para el resto de los ciudadanos) del que disfrutaban los 27 concejales del Ayuntamiento de Burgos en el subterráneo de la Plaza Mayor. Fue Juan Carlos Aparicio quien decidió que, una vez peatonalizada la calle de la Moneda, no quedaba estético eso de que los concejales circularan sobre ella para acceder al aparcamiento de Santocildes, lugar donde se custodian los vehículos de la administración local y donde aparcaban los ediles hasta entonces.
Su solución fue la de alquilar garaje gratis para todos los corporativos y pagarlo con fondos públicos a razón de unos 30.000 euros al año. Desde el momento en el que esto trascendió generó la crítica ciudadana. Lacalle decidió ahorrar ese dinero llevándose los coches de los ediles al párking del MEH, que explota el Ayuntamiento a través de la citada Parkmusa. Lo hizo enarbolando la bandera del ahorro porque en el MEH no se pagaría un céntimo.
La chapuza
Una de esas facturas, ni pequeña ni grande y perdida en el maremágnum de importes, sociedades y referencias es muy llamativa. Asciende a 4.694,80 euros, está emitida por Estacionamientos y Garajes Municipales S.A. (más conocida como Parkmusa, la empresa municipal que gestiona el aparcamiento del MEH) y cuyo concepto es el de la «relación de plazas utilizadas en el párking del Complejo de la Evolución Humana, noviembre-diciembre de 2013». ¿Cómo? ¿Es eso posible? ¿Se referirá a las mismas plazas que se anunció, rueda de prensa mediante, que no se pagarían?
Para entender estas preguntas hay que remontarse, primero, a junio de 2011, los albores de la nueva legislatura. El nuevo alcalde, Javier Lacalle, estrenó el mandato anunciando un paquete de medidas que obedecían a una pretendida política de austeridad. Se trataba, dijo, de «acabar con todos aquellos gastos que no sean estrictamente necesarios para destinar ese dinero a inversiones prioritarias o al capítulo de gasto social».
Una de las primeras decisiones adoptadas fue la de eliminar el aparcamiento de pago (de pago para el resto de los ciudadanos) del que disfrutaban los 27 concejales del Ayuntamiento de Burgos en el subterráneo de la Plaza Mayor. Fue Juan Carlos Aparicio quien decidió que, una vez peatonalizada la calle de la Moneda, no quedaba estético eso de que los concejales circularan sobre ella para acceder al aparcamiento de Santocildes, lugar donde se custodian los vehículos de la administración local y donde aparcaban los ediles hasta entonces.
Su solución fue la de alquilar garaje gratis para todos los corporativos y pagarlo con fondos públicos a razón de unos 30.000 euros al año. Desde el momento en el que esto trascendió generó la crítica ciudadana. Lacalle decidió ahorrar ese dinero llevándose los coches de los ediles al párking del MEH, que explota el Ayuntamiento a través de la citada Parkmusa. Lo hizo enarbolando la bandera del ahorro porque en el MEH no se pagaría un céntimo.
La chapuza
La siguiente fecha a la que hay que remontarse es noviembre de 2012. Fue entonces cuando se supo que entre los exconcejales Eduardo Villanueva (Patrimonio) y Santiago González (Obras) habían ejecutado una suerte de corralito en el aparcamiento del complejo con la finalidad de llevarse allí la flota y vender el párking de Santocildes.
El problema fue que el cerramiento se hizo sin informes técnicos ni proyecto. Fue ilegal y, además, chapucero. No contaba con circuito eléctrico, ni con tomas telefónicas, ni con ventilación, ni con plan de evacuación, ni con calefacción (es también la ‘oficina’ de tracción mecánica)... Con nada más que un cerramiento en el que se gastaron 30.000 euros.
En total, se acotó un aparcamiento para 45 vehículos que jamás ha sido utilizado y que se mantiene, año y medio después, como un homenaje al despropósito puesto que Santocildes, además, no va a ser vendido ya que ningún funcionario se atreve a firmar los planos para que sea legal acometer el traslado al MEH.
Y a esas dos cuestiones cabría sumar otras tantas. Una es la referida al acuerdo de cesión de la explotación del párking con la Junta de Castilla y León por el que el Ejecutivo regional se reservaba el uso de una serie de plazas (48). La otra, el convenio firmado entre el por entonces alcalde, Juan Carlos Aparicio, y el arzobispo, Francisco Gil Hellín, para ampliar la calle Asunción de Nuestra Señora.
El Arzobispado cedió a la ciudad una parte del patio de la Facultad de Teología para acometer el ‘Plan Catedral XXI’. A cambio, recibió, a perpetuidad, el derecho a recibir de forma gratuita ocho abonos del aparcamiento en el MEH (esa era la función que cumplía para la Iglesia el suelo al que renunciaba) o, en su defecto, en cualquier otro párking público próximo a las instalaciones de la Diócesis.
La factura total
El problema fue que el cerramiento se hizo sin informes técnicos ni proyecto. Fue ilegal y, además, chapucero. No contaba con circuito eléctrico, ni con tomas telefónicas, ni con ventilación, ni con plan de evacuación, ni con calefacción (es también la ‘oficina’ de tracción mecánica)... Con nada más que un cerramiento en el que se gastaron 30.000 euros.
En total, se acotó un aparcamiento para 45 vehículos que jamás ha sido utilizado y que se mantiene, año y medio después, como un homenaje al despropósito puesto que Santocildes, además, no va a ser vendido ya que ningún funcionario se atreve a firmar los planos para que sea legal acometer el traslado al MEH.
Y a esas dos cuestiones cabría sumar otras tantas. Una es la referida al acuerdo de cesión de la explotación del párking con la Junta de Castilla y León por el que el Ejecutivo regional se reservaba el uso de una serie de plazas (48). La otra, el convenio firmado entre el por entonces alcalde, Juan Carlos Aparicio, y el arzobispo, Francisco Gil Hellín, para ampliar la calle Asunción de Nuestra Señora.
El Arzobispado cedió a la ciudad una parte del patio de la Facultad de Teología para acometer el ‘Plan Catedral XXI’. A cambio, recibió, a perpetuidad, el derecho a recibir de forma gratuita ocho abonos del aparcamiento en el MEH (esa era la función que cumplía para la Iglesia el suelo al que renunciaba) o, en su defecto, en cualquier otro párking público próximo a las instalaciones de la Diócesis.
La factura total
Así que, en total, los acuerdos ratificados por los dos últimos gobiernos municipales han trabado el uso de hasta 126 plazas en el aparcamiento por las que, presuntamente, los ciudadanos no iban a pagar ni un céntimo, propiciando así los mencionados ahorros, ingresos o cesiones ya explicados.
Sin embargo, la factura aprobada el martes es explícita y no encajaría con las promesas de ahorro y de gratuidad. Pero, ay, existen leyes y su no observación puede sembrar problemas. En mayo de 2013 el director de Parkmusa advirtió al consejo de administración, en el que únicamente hay concejales del PP, que esa cesión gratuita podría generar problemas de índole fiscal ya que «constituye un caso de autoconsumo», un supuesto recogido en la Ley del IVA del 92 que obliga a pagar en situaciones así.
Su petición fue la de implantar un cargo al Ayuntamiento y se estimó que el coste mínimo de mantener cada una de las 1.153 plazas del aparcamiento es de 20,4 euros, teniendo en cuenta que su coste anual de mantenimiento asciende a 284.000 euros. Llegados a ese punto, en noviembre de 2013, y con carácter retroactivo a fecha uno de enero del pasado año, el consejo aprobó pagar 20 euros más IVA por cada una de las plazas que se ha considerado que el Ayuntamiento debe abonar.
Según la citada factura, para los meses de noviembre y diciembre el coste fue de 4.694,80, lo que equivale a un cargo anual de 28.168 euros, casi exactamente la misma cantidad que se ahorró «para inversiones prioritarias y gasto social» cuando se decidió la mudanza de las plazas de las que disfrutan los concejales a costa del erario público, que aún así son pocas comparadas con las 45 que no se han usado ni un solo minuto (por nadie, ni propio ni ajeno) desde su ‘construcción’.
Sin embargo, la factura aprobada el martes es explícita y no encajaría con las promesas de ahorro y de gratuidad. Pero, ay, existen leyes y su no observación puede sembrar problemas. En mayo de 2013 el director de Parkmusa advirtió al consejo de administración, en el que únicamente hay concejales del PP, que esa cesión gratuita podría generar problemas de índole fiscal ya que «constituye un caso de autoconsumo», un supuesto recogido en la Ley del IVA del 92 que obliga a pagar en situaciones así.
Su petición fue la de implantar un cargo al Ayuntamiento y se estimó que el coste mínimo de mantener cada una de las 1.153 plazas del aparcamiento es de 20,4 euros, teniendo en cuenta que su coste anual de mantenimiento asciende a 284.000 euros. Llegados a ese punto, en noviembre de 2013, y con carácter retroactivo a fecha uno de enero del pasado año, el consejo aprobó pagar 20 euros más IVA por cada una de las plazas que se ha considerado que el Ayuntamiento debe abonar.
Según la citada factura, para los meses de noviembre y diciembre el coste fue de 4.694,80, lo que equivale a un cargo anual de 28.168 euros, casi exactamente la misma cantidad que se ahorró «para inversiones prioritarias y gasto social» cuando se decidió la mudanza de las plazas de las que disfrutan los concejales a costa del erario público, que aún así son pocas comparadas con las 45 que no se han usado ni un solo minuto (por nadie, ni propio ni ajeno) desde su ‘construcción’.
Fuente: Diario de Burgos
