El debate sobre la Corona desborda la agenda de Gobierno y partidos
La necesidad de cambios desborda a los principales partidos
Dirigentes políticos defienden actualizar la institución
El Rey charla con el Príncipe en la Fiesta Nacional del año pasado. / ULY MARTÍN
La fatiga de los materiales por el paso del tiempo es un principio
básico de la ingeniería. En el caso de la Monarquía, los casi 35 años
transcurridos desde su instauración no explican por sí solos el notable
desgaste de la institución. La imputación de la infanta Cristina en el caso Urdangarin
ha desbordado el debate sobre la Corona, después de una acumulación de
traspiés y escándalos que han acelerado el desgaste y han llevado a
medios extranjeros a utilizar titulares como: “Tiembla la Corona en
España”.
La Corona ha pasado de ser un asunto tabú, al margen de la agenda
política, a ser objeto de polémica y crítica pública, con un reflejo
claro en un descenso de su valoración en todas las encuestas.
La controversia desborda a los partidos y se habla abiertamente de
cambios en distinto grado. Por primera vez es casi unánime la opinión de
quienes defienden cambios en la institución. Los matices de esos
cambios van desde los que proponen retoques legales y de funcionamiento
en la Casa del Rey, pasando por quienes hablan abiertamente de la
abdicación de don Juan Carlos,
hasta llegar a los que cuestionan la propia Monarquía. Entre los
primeros, y con muchas prevenciones, se incluye el Gobierno de Mariano Rajoy, que acepta, aunque sea arrastrando los pies y empujado por todos, una regulación muy limitada de la Casa del Rey en la Ley de Transparencia, tras negar reiteradamente que eso fuera posible.
La tesis de la abdicación es manejada ya en privado por destacados
dirigentes políticos, incluidos algunos del PP, que sostienen que ese
proceso debería acompañar a la reforma del funcionamiento de la
institución. Y en la última opción están los grupos minoritarios, que se
estrellan contra la abrumadora mayoría parlamentaria de PP más PSOE,
que mantienen posiciones firmes de defensa de la Corona como garantía de
estabilidad, aunque sea con cambios en su regulación y estatus.
El episodio de la cacería de elefantes, la relevancia pública de Corinna zu Sayn-Wittgenstein
y, sobre todo, la investigación judicial por un caso de corrupción que,
según el juez, tuvo lugar en los aledaños de la Zarzuela, han acelerado
el deterioro. La crisis económica y la desafección ciudadana hacia las
instituciones actúan como lupa que agranda notablemente el problema. Lo
fundamental es que en los últimos años se ha levantado parcialmente el
velo de silencio y opacidad sobre la Casa del Rey; se publican
informaciones sobre el caso Corinna; la amiga del Rey irrumpe
de forma no aclarada con entrevistas estelares; se investiga en un
juzgado; se amplifica el eco en redes sociales libérrimas y en el
Parlamento se piden cuentas por primera vez sobre la Casa Real. Todo eso
estaba escondido bajo la alfombra levantada ahora. La veda se ha
abierto y se avecinan episodios más tortuosos sobre los Príncipes.
“Somos muy conscientes del deterioro de la imagen pública de las
instituciones y de la Corona en los últimos años. Todas las encuestas,
tanto las públicas como las que manejamos nosotros internamente,
muestran esa tendencia negativa y por supuesto, ese deterioro nos
preocupa mucho, afecta a nuestras actuaciones”, admite un portavoz de la
Casa del Rey. La Monarquía reinstaurada en 1975 se fundamentó
exclusivamente en don Juan Carlos y doña Sofía, y la opinión pública
solo tomó como referencia su actuación. Según el diputado de IU Gaspar Llamazares, el problema reside en lo que fue considerado una virtud clave: el juancarlismo.
“El Rey era el activo de la Corona, ahora que ya no lo es se convierte
en lastre por desgaste de su imagen personal y la pérdida galopante de
prestigio”, explica.
La naturaleza y la biología cumplieron su inexorable función y las
fotos de la familia real incluyeron cada vez a más miembros, lo que
ampliaba el margen de error y la exposición. Con los años, se han ido
cayendo caras de esas fotos (Jaime de Marichalar, Iñaki Urdangarin y la
infanta Cristina), hasta el punto de que en la web oficial de Casa del
Rey no hay ahora imagen de grupo alguna en la pestaña de familia real.
Para el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero,
pese a todo, la Monarquía es una institución consolidada. “Las grandes
democracias, las sociedades democráticas avanzadas, son aquellas que han
sabido consolidar sus instituciones, las más relevantes para la
democracia misma. Y en España la Monarquía lo es. En nuestra memoria aún
reciente está el papel desempeñado por el Rey en la reconciliación, en
el impulso de la Transición, en la elaboración y aprobación de una
Constitución que garantiza los principios del Estado de derecho, en la
propia salvaguarda de esa democracia recién conquistada frente a la
amenaza que supuso el golpe del 23-F.
Está también el aprecio e identificación exterior de la España
democrática con la figura del Rey”, asegura Zapatero a este periódico.
“Por eso, creo que la democracia parlamentaria española está tan
ligada a la Monarquía, y en concreto a la trayectoria de Juan Carlos I,
como la propia Monarquía a aquella. En su origen, en el fundamento de su
legitimidad y en su respectivo desarrollo futuro. Sabemos, asimismo,
que esas democracias más avanzadas son las que sirven a sociedades
abiertas, críticas y autocríticas, con voluntad de cambio y de
perfeccionamiento. Esta tarea, la de mejorar la democracia y nuestras
instituciones, debe estar igualmente presente en nuestro debate
colectivo (aunque no me corresponda a mí ya participar en él en primera
línea)”, dice el expresidente. Ese activo del 23-F y su contribución a
la llegada de la democracia han dejado de ser importantes para una
mayoría de españoles, según la socióloga Belén Barreiro, expresidenta
del CIS.
Barreiro explica que hay ya varias generaciones de españoles que
nacieron en democracia y no valoran ese activo. “La Monarquía es una
institución no democrática, y por eso precisa de un refuerzo que le daba
esa gestión del Rey. El problema es que ahora ya no existe ese refuerzo
y la Monarquía pierde apoyo sobre todo entre los jóvenes, porque el Rey
no tiene episodios a los que agarrarse”, añade.
Para esa generación, la imagen del Rey es la del “lo siento mucho, me he equivocado”, la caza de elefantes, el caso Corinna
y la pasarela de los juzgados de Palma de Mallorca. Barreiro sostiene
que “el Rey no da más de sí, y sería adecuado preparar el relevo. Deja
buen recuerdo, pero corre el riesgo de echarse a perder”. En su opinión,
el Príncipe está bien valorado en las encuestas; por eso sería
conveniente hacer coincidir el relevo con “una inyección de
transparencia y cambios legales”.
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En lo político, el Rey cuenta con el respaldo de los dos grandes
partidos, que han gobernado con él, aunque comparten la preocupación.
Sobre ambos se imponen el sentido de Estado, el sentido práctico y, en
algunos casos, la convicción monárquica. “Muy directamente, puedo
referir la experiencia de mi relación con la Corona mientras ocupé la
presidencia del Gobierno. Y quiero ser muy claro: siempre constaté el
compromiso del Rey con su responsabilidad de actuar como factor de
integración, así como de apoyo a las instituciones democráticas, en
concreto de apoyo al Gobierno en la defensa del interés general de
España. No sé si es muy habitual en el comportamiento de los monarcas,
pero yo además puedo decir que siempre sentí su cercanía, disponibilidad
y estímulo personales en los momentos más delicados o ante los desafíos
más difíciles para nuestro país. Por cierto, esta misma actitud también
la vi en el Príncipe”, asegura Zapatero.
El PSOE tiene un ideario de máximos y unas bases republicanas, pero
se impone la defensa de la Constitución y el sentido práctico para
defender la monarquía. Alfredo Pérez Rubalcaba
suele asegurar que lo que sostiene a la Monarquía es el PSOE. Es decir,
que si este partido revisara su posición sobre el jefe del Estado, se
haría muy difícil su mantenimiento. La conferencia política que
celebrará en septiembre para hacer su programa y que prepara Ramón
Jáuregui no tiene previsto debatir sobre este asunto. “No contemplamos
la alteración de la arquitectura institucional del Estado, aunque podría
haber enmiendas de compañeros en línea con el ideario republicano
tradicional que hagan inevitable el debate, pero no lo alentaremos”,
dice Jáuregui. Explica que la idea de pacto constitucional, con la
Monarquía como garantía de estabilidad, “no es el pasado, sino que está
presente y no conviene removerlo”. En su opinión, la elección de un jefe
de Estado partidario no garantizaría esa estabilidad y consenso, y
menos en un momento de desafección de la política. “Hay que llamar a la
prudencia para no abrir la puerta a que todo pueda revisarse”, añade. El
PSOE vive en el equilibrio entre el apoyo oficial al Rey y la presión
de unas bases mayoritariamente republicanas. Las Juventudes Socialistas
empujan hacia el ideario republicano, pero nunca logran que el debate
llegue a los congresos del partido. El asunto es tan sensible que se
abrieron grietas cuando el líder del PSC, Pere Navarro, pidió públicamente la abdicación.
Esa posición de “responsabilidad” es mayor en el Gobierno del PP. Un
miembro del Ejecutivo explica que son conscientes de la situación,
agravada por el hecho de que la mala salud del Rey le impide ejercer
como embajador en otros países o participar en actos oficiales. En su
agenda se han acumulado actividades aplazadas que incluyen entrega de
cartas credenciales de nuevos embajadores o inauguraciones, ente otras.
Ese miembro del Gobierno explica que la Corona es una institución
especial y cualquier paso será siempre a instancias del Rey. Por
supuesto no contemplan ningún escenario que no sea la Monarquía, entre
otras cosas porque dicen que tendría un efecto demoledor en el exterior y
abriría un abismo en el que habría que disolver las Cortes, convocar un
referéndum e iniciar un periodo de inestabilidad. Esos miedos y el
pánico al debate sobre la Monarquía frenaron a Zapatero de seguir con la
reforma de la Constitución para eliminar la anacrónica prevalencia
machista de la sucesión. La iniciativa acabó en un cajón tras pasar por
el Consejo de Estado.
La abdicación, siempre según ese ministro, es decisión exclusiva y
personal del Rey, aunque como opción se abre paso en muchos ambientes,
incluido el Gobierno. No se ha desarrollado el artículo 57 de la
Constitución, que prevé una ley orgánica para regular la sucesión, pero
según esta fuente si el Rey quisiera abdicar los dos grandes partidos
tardarían una semana en aprobar la norma, como hicieron en 2011 con la
reforma constitucional exigida por la UE sobre el déficit.
En ese equilibrio entre la iniciativa del Rey y la actuación del
Gobierno siempre hay una gestión extremadamente discreta. Por ejemplo,
en la supervisión de los discursos del Monarca, sobre los que La Moncloa
interviene a veces notablemente, como este año en el de Navidad. Esta
posición de preservar la estabilidad de la Corona la mantiene Benigno
Pendás, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
dependiente de La Moncloa: “La Corona es la clave de bóveda de nuestro
sistema constitucional. Es símbolo de unidad y permanencia del Estado,
pero también de la nación. El Rey ejerce una función imposible de
definir en términos jurídicos, pero determinante en el equilibrio
político de las instituciones. Para quienes creemos en la España
constitucional, la imagen de la más alta magistratura del Estado es
garante de una democracia que nos sitúa en el único lugar posible para
una sociedad civilizada del siglo XXI. La monarquía como forma de
gobierno es un éxito en países tan avanzados socialmente como Suecia,
Noruega o Dinamarca y en democracias de larga tradición como Reino
Unido”.
“La sociedad española debe expresar la madurez que nos ha permitido
superar tiempos convulsos. El Estado de derecho funciona en el caso Nóos
y ampara la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. La
fortaleza de las instituciones al margen de las personas es una seña de
identidad de una sociedad capaz de sobrevivir a tormentas pasajeras. El
balance es más que favorable. Todo un éxito, si recordamos una historia
plagada de exclusiones, venganzas y conflictos”, asegura Pendás, asesor
del Gobierno. Explica que “es tiempo de sosiego y no de ruido artificial
al servicio de intereses a veces espurios. La responsabilidad nos
incumbe a todos, porque nadie vendrá en nuestra ayuda si dejamos que
prenda la mecha del populismo”.
Otros, como Llamazares, aseguran que es inevitable el debate sobre la
monarquía. En su opinión, en el peor de los casos son precisos cambios
como para dar “transparencia y llevar a la institución el laicismo y el
republicanismo, aunque parezca una contradicción, y la aplicación de la
tesis de Lampedusa de que todo cambie para que todo siga igual”.
La pregunta es si es posible modernizar o mejorar la imagen de la
Corona. Se intentó con escaso nivel de éxito con gestos y pasos como la
transparencia del presupuesto, la web, el polémico blog del Rey sobre
Cataluña y la entrevista con Jesús Hermida en TVE.
Ahora se buscan otras soluciones. En el marco legal hay margen de
maniobra porque, según los constitucionalistas, la Ley Fundamental fue
fruto de la cesión voluntaria de poder por parte del Rey, por lo que se
mantuvo el privilegio de la imputabilidad y la opacidad de su
presupuesto, sin control externo alguno.
Un portavoz de la Casa del Rey asegura que La Zarzuela ha tomado algunas medidas para intentar frenar ese deterioro, como la publicación de sus cuentas por primera vez en 2011
o la llamada del jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, a la
vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, hace dos meses para pedir ser incluidos en la Ley de Transparencia.
Desde entonces, indican, se han reunido media docena de veces con el
Ejecutivo para debatir la fórmula. Tras consultar los modelos existentes
en otras monarquías europeas e intercambiar varios documentos, han
cerrado prácticamente una propuesta, que ahora debe ser presentada como
enmienda a la ley y debatida por los grupos. Fuentes de La Zarzuela,
consciente de que una incorporación descafeinada a la ley podría ser
peor, insisten en que habrá “pocas limitaciones”. Señalan que ya el
anterior jefe de la Casa del Rey, Alberto Aza, manifestó hace más de dos
años la necesidad de abrir la institución a una mayor transparencia
para adaptarse a los tiempos y aseguran que en el futuro van a seguir
haciendo esfuerzos en ese sentido.
José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes,
afirma que la transparencia de la Casa del Rey no puede ir más lejos que
la establecida para el Tribunal de Cuentas o el Constitucional en lo
que se refiere a sus gastos. Sí se acepta que se incluya en la Ley de
Transparencia el conocimiento de sus actividades y presupuestos
globales.
Preguntado por la posibilidad de que se apruebe la ley orgánica de
desarrollo de la Constitución sobre la Corona, Ayllón asegura
contundente: “No. Jamás he oído hablar de eso o que alguien se lo
plantee”. Tampoco hay posibilidad de control parlamentario de la Casa
del Rey. Según explica estos días Jesús Posada, presidente del Congreso,
solo se pueden tramitar preguntas dirigidas al Gobierno, y por eso es
habitual que se rechacen o se obligue a reformular cuestiones planteadas
por la oposición sobre la Corona.
La transparencia ni siquiera se produce sin esperar reformas legales.
Así, una semana después de que se publicara la noticia, La Zarzuela no
ha aclarado aún si el Rey mantiene una cuenta en Suiza como consecuencia
de la herencia que recibió de su padre.
El citado miembro del Gobierno explica que lo que más daño hace es la imagen de chantaje de un imputado en el caso Urdangarín
y la sombra de la sospecha. Y un diplomático de una embajada europea en
Madrid corrobora que, precisamente, el de la Monarquía española es el
asunto de nuestro país que más atención requiere de su Gobierno. Es lo
que el Ejecutivo llama el efecto en la marca España del desgaste de
materiales.
Fuente: El País
