Vamos a contar mentiras tra-la-rá...
Amador G. Ayora (director de elEconomista)
El alza de impuestos hace perder toda credibilidad al plan de reformas que presentó Moncloa.
Después
de conocer el Plan Nacional de Reformas del Gobierno, tengo la
impresión de que es más de lo mismo. No sé si el presidente Rajoy lo
desconocía o se ha modificado en el último momento. Hace unos días
aseguraba en el Congreso que no contenía nuevos impuestos, pero no es
así. Se prorroga la subida de la tributación del ahorro en el Impuesto
de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), se suprimen más deducciones
empresariales, se elevan los impuestos especiales al tabaco y al alcohol
y se introduce otro sobre depósitos a la banca. Si esto no es subida de
impuestos... Las mentiras tienen las patas cortas.
Rajoy mintió en campaña cuando prometió reducir la carga
impositiva y ahora vuelve a las andadas. Sólo con eso, las medidas
pierdan su credibilidad. ¿Quién va a confiar en que reduzca las
duplicidades en la Administración o impulse la licencia de mercado único
para operar en toda España si es incapaz de mantener su palabra en un
asunto tan cercano al ciudadano como los impuestos?
Y lo que es peor. ¿Alguien se fiará de las previsiones oficiales, que
apuntan a que la economía crecerá el año viene, después de tanto fiasco
seguido? El Ejecutivo en pleno, con el titular de Exteriores, José
Manuel García Margallo, a la cabeza se ufanan con la marca España, pero
ni siquiera logran ser creíbles dentro de su país.
No hay más que observar la cara de funeral que lucían ayer los
ministros de Economía, Luis de Guindos, y de Hacienda, Cristóbal
Montoro, en la presentación del plan de reformas. Viéndolos, uno puede
pensar que no se lo creen ni ellos. Rajoy eludió designar a un
vicepresidente que tutelara la salida de la crisis y su política
económica desafina porque las diferencias entre Montoro y Guindos se agrandan cada día que pasa.
Es una pena. Se ha perdido una oportunidad de oro para intentar
convencer al ciudadano del esfuerzo que el Gobierno ha hecho en poner
punto y final a los recortes severos, como lo muestra el aplazamiento de
la consecución del objetivo de déficit durante dos años más, con el
visto bueno de Bruselas. En lugar de concentrarse en poner en valor
la relajación de los ajustes para facilitar el crecimiento, se vuelve a
la carga con los impuestos, con la patraña de que son "equilibrados" y
se aplican de manera cuidadosa para "no dañar el crecimiento", según
Montoro. Antes nos había asegurado que el nuevo impuesto a la banca
carecía de "afán recaudatorio". Entonces, ¿para qué lo pone? Este hombre
debe de creer que todos nos chupamos el dedo.
Que se lo explique a cualquier ciudadano que haya puesto sus ahorros
en un depósito a dos años y un día porque Hacienda prometió que la
fiscalidad volvería a la normalidad en 2014. Eso es un alza de impuestos
en toda regla.
En cuanto a las reformas, se promete acelerarlas, pero la impresión
es que pueden quedar en agua de borrajas, como los planes de estabilidad
de Zapatero, ya que ni siquiera se pone fecha de ejecución a cada
programa. Así, se pretende ahorrar 8.000 millones adicionales en la Administración, pero nadie da ni un sólo detalle de cómo, cuándo o en qué, mientras sigue sin existir una iniciativa para eliminar duplicidades.
Una de las propuestas más sorprendentes es la dotación de un fondo
con 40.000 millones para las pymes. Tampoco el Gobierno es capaz de
desgranar su funcionamiento. Al parecer, 20.000 corresponden a créditos
del Instituto de Crédito Oficial (ICO) puestos ya en marcha a un tipo de
interés prohibitivo, alrededor del 8 por ciento, y otros 10.000 los
aportará la banca saneada. El problema es que las entidades se llaman a
andana y el propio Guindos reconoce que "la banca no tiene dinero para
este programa". Botín se queja de que Guindos les obliga a poner 8.000
millones para reflotar las antiguas cajas. Otra prueba de la gigantesca
descoordinación es que ni siquiera echa a andar la Ley de Emprendedores, que lleva dando tumbos desde el comienzo de la legislatura.
El programa tiene aspectos positivos, como el plan de desvinculación
de las pensiones y de los contratos públicos al Índice de Precios al
Consumo (IPC). Algo que ya se aplica a los salarios. Pero como se trata
de una medida impopular, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría eludió
explicar su alcance futuro, al igual que el titular de Hacienda. El
Gobierno también deja para más adelante el recorte de la prestación por
desempleo de 24 a 18 meses o el alargamiento de la vida laboral a los 67
años. Pese a que el déficit de la Seguridad Social alcanzará 14.000
millones este año. El déficit autonómico será una fuente de conflictos,
porque Montoro parece empeñado en negociarlo a la carta, tras elevar en
medio punto el objetivo para este año.
En conclusión, 2015, la próxima cita electoral, se echa encima sin
garantías de que la economía vaya a funcionar y cree empleo suficiente,
según el documento. Rajoy ha perdido otra oportunidad de hacer reformas de verdad para impulsar el crecimiento.
Fuente: elEconomista.es
