LOS ESCRACHES CONSTITUYEN UN DERECHO A LA LIBERTAD DE MANIFESTACIÓN
Moliner defiende los escraches en
determinadas situaciones
Todo
dependerá del suceso concreto. El presidente del Tribunal Supremo y del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner ha afirmado
que los escraches, protestas que desarrollan los ciudadanos en las vías
públicas y frente a las viviendas de los políticos y cargos públicos,
que no están siendo violentos constituyen un derecho a la libertad de
manifestación de todo ciudadano, según ha afirmado en la jornada de
puertas abiertas del Tribunal Supremo que durarán hasta el próximo
sábado.
En concreto, ha afirmado que los escraches son
un ejemplo a la libertad de expresión y de manifestación y que no se
pueden condenar ni de manera general puesto que todo depende de cómo se
desarrollen en cada caso concreto. Sin embargo, si los mismos atentan u
ofenden la intimidad de terceros u otros derechos fundamentales, pueden
ser sancionados de manera administrativa o penal.
Preguntado
sobre la convocatoria de asediar el Congreso de los Diputados hasta
conseguir que se disuelvan las Cortes de este jueves, Moliner ha
afirmado que no le importan esos actos ya que siempre se ha luchado por
la libertad de expresión y de manifestación. Sin embargo, ha reiterado
que hubiese preferido que se diese una mejor relación entre los
ciudadanos y el Parlamento y ha dicho que no se siente nada cómodo con
determinadas actitudes de algunos ciudadanos españoles.
Por su
parte, la organización de defensa de los derechos humanos, Amnistía
Internacional, defendió el pasado lunes los escraches e instó al
Gobierno del Partido Popular a dejar de estigmatizar a los ciudadanos
que han integrado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y ha
defendido sus métodos pacíficos de protesta. Además, ha exigido que se
aclare la veracidad de la orden ministerial que aboga porque no se deben
realizar escraches a menos de 300 metros de las viviendas de los cargos
públicos y políticos y califica la medida de desproporcionada en el
caso de que se llegue a producir.
Por otro lado, el ministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz fue preguntado ayer acerca de las
declaraciones de la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes,
que calificó a la PAH de “proetarra” o “filoetarra”. Fernández Díaz
afirmó, en el Senado, que coincide con la delegada en que los miembros
de esa plataforma y en el caso de los escraches son actos
antidemocráticos e intolerables en un Estado de Derecho pero ha evitado
realizar una calificación sobre ellos. “Se intenta violentar el voto de
los diputados violentando su domicilio" y "coaccionando a sus familias”,
ha criticado el ministro del Interior en relación a los escraches.
Fuente: La Semana.es
