Acusan de estafa y falsedad a una funcionaria del Ayuntamiento
Á.M / Burgos - jueves, 18 de abril de 2013
Trató de lucrarse a costa del fondo social, según el expediente estudiado por la Fiscalía
Intentar lucrarse a cuenta del fondo social reservado a ayudar a los
trabajadores a afrontar diversos gastos sanitarios no cubiertos por la
seguridad social o las mutuas (gafas, empastes, implantes...) le puede
salir muy caro a una funcionaria del Grupo A2 (la segunda escala mejor
retribuida) del Ayuntamiento. De momento, la Fiscalía le imputa dos
delitos en grado de tentativa, pero para entender los hechos hay que
retroceder a enero de 2011.
La trabajadora presentó, con la intención de recibir las ayudas del fondo social, una factura emitida por una clínica dental de la ciudad. Al revisarla, la persona encargada de este trabajo detectó que «se aprecia cierta identidad» con otra factura presentada por la misma funcionaria en fechas anteriores salvo por «ciertas alteraciones efectuadas con un bolígrafo de similar color».
Ante las fundadas dudas de que se tratara de una treta para cobrar dos veces lo mismo, se advirtió al área de Personal de lo ocurrido, lo que motivó que, en septiembre de 2012 y después de analizado lo sucedido, se abriera un procedimiento disciplinario a la trabajadora.
Pero sucede que cuando se aprecian indicios de que la actuación de un funcionario ha podido ser constitutiva de delito, es obligación de la administración ponerlo en conocimiento de la Justicia, algo que, según fuentes municipales, «no es muy habitual pero sí ha ocurrido en ocasiones anteriores, aunque no necesariamente por los mismos motivos».
Es el Estatuto Básico del Empleado Público el que ordena, en su articulado, suspender la tramitación del procedimiento administrativo cuando existan indicios de criminalidad y hasta que no recaiga resolución judicial. Por este motivo, se dio traslado a la Fiscalía de lo sucedido y se detuvo el procedimiento interno hasta que no se resuelva en sede judicial la responsabilidad penal en la que pudiera haber incurrido esta funcionaria.
Calificación
Así fue como, el 16 de enero de 2013, casi exactamente dos años después de presentar la factura para su inclusión en el fondo social, la Fiscalía calificó provisionalmente lo sucedido imputando a la trabajadora los delitos de falsedad de documento y estafa en grado de tentativa, por los que solicita ocho meses de prisión por el primero y cinco meses más por el segundo, además de una multa.
Por el momento, y tras la calificación de los hechos por las partes, el asunto ha quedado pendiente de que se señale la apertura de juicio oral.
No es la primera vez que el fondo social es objeto de polémica, aunque por motivos muy divergentes. Años atrás, varios concejales fueron señalados por hacer uso del mismo para adquirir gafas. Era perfectamente legítimo, pero se consideró poco ‘estético’.
Fuente: Diario de Burgos
