El exconsejero de Sanidad de Madrid recibirá 60.000 euros "municipales"
Á.M / Burgos - viernes, 06 de diciembre de 2013
El PSOE revela que es el dueño del Arco de San Juan, objeto de una subvención única
«Me indigno ante la desfachatez que tienen los que gobiernan pensando que esto es suyo y pueden hacer con la ciudad lo que les dé la gana y con otros que nunca tienen suficiente, que van de ultraliberales y en cuanto pueden le meten bocados a la administración pública». Esas fueron las primeras palabras del concejal socialista Antonio Fernández Santos al revelar que detrás del convenio de restauración del Arco de San Juan, que tiene reservada una partida presupuestaria de 60.000 euros en el presupuesto, hay algo que lo convierte en un caso único.
El inmueble ha resultado ser propiedad de Inversiones Lamela Campos, sociedad con ánimo de lucro de Manuel Lamela, burgalés de nacimiento y exconsejero de Sanidad y de Transportes de la Comunidad de Madrid. Actualmente está imputado por la presunta comisión de los delitos de cohecho y prevaricación.
En octubre la propiedad solicitó licencia de obras para efectuar la restauración integral de los miradores del Arco, una obra valorada en 120.000 euros. La mitad de ese dinero la pagará el Ayuntamiento en base a un convenio legitimado en su momento por el alcalde, Javier Lacalle, en que se trata de la única puerta antigua de la ciudad que no ha sido restaurada (cosa que es cierta) y que a través del acuerdo se permitiría que, una vez al mes, las personas que así lo desearan puedan entrar a visitar el inmueble.
Lo que no cuadra
El inmueble ha resultado ser propiedad de Inversiones Lamela Campos, sociedad con ánimo de lucro de Manuel Lamela, burgalés de nacimiento y exconsejero de Sanidad y de Transportes de la Comunidad de Madrid. Actualmente está imputado por la presunta comisión de los delitos de cohecho y prevaricación.
En octubre la propiedad solicitó licencia de obras para efectuar la restauración integral de los miradores del Arco, una obra valorada en 120.000 euros. La mitad de ese dinero la pagará el Ayuntamiento en base a un convenio legitimado en su momento por el alcalde, Javier Lacalle, en que se trata de la única puerta antigua de la ciudad que no ha sido restaurada (cosa que es cierta) y que a través del acuerdo se permitiría que, una vez al mes, las personas que así lo desearan puedan entrar a visitar el inmueble.
Lo que no cuadra
Tampoco parece extraño que la ciudad se preocupe por mejorar la estética de un lugar neurálgico de la capital, pero las cosas cambian cuando se revisan las ayudas que se conceden a cualquier otro burgalés que pudiera plantear una intervención similar en el centro histórico.
«En el año 2000 la subvención máxima que se concedía a una comunidad de vecinos del centro era de 43.000 euros. En 2005 se añadieron otras, como en el pueblo antiguo de Gamonal, por un importe máximo de 48.000. En 2008 se incluyó que en ningún caso estas ayudas podrían recibirlas personas jurídicas o sociedades con ánimo de lucro (y de hecho alguna se denegó por esta causa), en 2010 se ratificó esa condición y, en agosto de 2012, la Junta de Gobierno dio por suspendidas todas las ayudas a la rehabilitación en el centro», concretó el concejal socialista.
Eso significa que ninguna comunidad de vecinos podría optar a una ayuda pública similar porque no las hay, pero si existieran en ningún caso podrían alcanzar a una sociedad mercantil y tampoco en esa cuantía. Es lo que hace de este convenio un caso único que el PSOE considera «una estrategia denigrante para darle 60.000 euros a un correligionario de Partido». Los socialistas exigen su anulación.
«En el año 2000 la subvención máxima que se concedía a una comunidad de vecinos del centro era de 43.000 euros. En 2005 se añadieron otras, como en el pueblo antiguo de Gamonal, por un importe máximo de 48.000. En 2008 se incluyó que en ningún caso estas ayudas podrían recibirlas personas jurídicas o sociedades con ánimo de lucro (y de hecho alguna se denegó por esta causa), en 2010 se ratificó esa condición y, en agosto de 2012, la Junta de Gobierno dio por suspendidas todas las ayudas a la rehabilitación en el centro», concretó el concejal socialista.
Eso significa que ninguna comunidad de vecinos podría optar a una ayuda pública similar porque no las hay, pero si existieran en ningún caso podrían alcanzar a una sociedad mercantil y tampoco en esa cuantía. Es lo que hace de este convenio un caso único que el PSOE considera «una estrategia denigrante para darle 60.000 euros a un correligionario de Partido». Los socialistas exigen su anulación.
Fuente: Diario de Burgos
